Plaza Pública

La música y la letra de la democracia

Baltasar Garzón

Transigir significa según la Real Academia de la Lengua, “consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia”. Se puede entender también como “ajustar algún punto dudoso o litigioso, conviniendo las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa”.

Bien, pues aplicando a la vida política la definición de la RAE, que para algunos podría tener un significado equivalente a rendición, llega el momento de ver si ese punto de consentimiento y esa capacidad de lograr ajustes, llevan a lograr un Gobierno eficaz que dé respuesta a las necesidades urgentes de este país y nos permita iniciar la senda de trabajo y esfuerzos que queda por recorrer. En este punto, el hastío impuesto por una situación en la que solo reinan el rumor, el cotilleo y los cálculos estadísticos de los más enterados y expertos, es evidente y se basa en una decepción posterior a la ilusión con que la ciudadanía acudió a las urnas el 28 de abril y especialmente el 26 de mayo.

En las reuniones de PSOE y Unidas Podemos debería quedar fuera de la sala la intransigencia e introducir, por el contrario, la buena voluntad, la paciencia y el espíritu constructivo por ambas partes. Otra actitud supondría irritar a quienes votaron con la esperanza de que las fuerzas progresistas trabajen en común y de la mano por España.

Las propuestas que ha presentado el PSOE no serán suficientes para muchos ni sus contenidos los esperados. Confieso que me decepcionan algunos aspectos concretos que me interesan en particular  por mi ámbito profesional. Veo un proyecto demasiado light para mi gusto en el área de memoria, pues queda en el aire la posible creación de una comisión de la verdad. Observo que es poco ambicioso en el de Justicia, ya que renuncia a la Jurisdicción Universal regulada ampliamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y opta por la versión intermedia de 2009. Y desde luego, no se adoptan fórmulas más avanzadas para proteger penalmente el medio ambiente de las agresiones, como habría sido la regulación del ecocidio.

También echo en falta una mayor contundencia en lo que se refiere a la protección de testigos y alertadores contra la corrupción, así como fórmulas más democráticas y transparentes en la elección del órgano de gobierno de los jueces. Pero me parece muy bien la referencia a la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas, aunque quizás se debería ir más lejos y, sencillamente, suprimirlos y penalizarlos.

Sirvan estos aspectos como ejemplo. Del mismo modo veo bondades y deméritos en otros puntos del documento. Y como yo, imagino que le ocurrirá a quienes se interesen por aspectos concretos o generales del funcionamiento de nuestro país. Supongo, claro, que para la derecha y, en particular, para ciertos sectores de la derecha, las posibilidades que aquí se esbozan deben producir un rechazo feroz.

Para echar a andar

Dejémoslo en que este es un planteamiento para echar a andar que viene con la oferta algo peculiar añadida de un sistema de control del acuerdo de Gobierno y la de que Unidas Podemos “asuma responsabilidades capitales en órganos e instituciones estatales fuera de la órbita del Consejo de Ministros”. La vicepresidenta Carmen Calvo ha esbozado ya algunas posibilidades como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Defensor del Pueblo o el acceso a instituciones que precisan de una cuota insuficiente para UP que serían los casos del Consejo de Seguridad Nuclear o el Consejo de Estado.

La música no le suena mal a la formación morada, según dijo su líder, Pablo Iglesias, pero su partido sigue reclamando la letra del gobierno de coalición.

Llegados a este punto hay que reflexionar. En contra de lo que sería aconsejable, en este estadio en que nos encontramos la situación se basa en la desconfianza. O en la no confianza entre unos y otros. Ese es un hándicap que se ha venido agrandando en todo este tiempo de negociaciones abruptas e investidura fallida. También se produce una contradicción por parte del PSOE, porque para esa coalición UP no es de fiar pero ¿por qué sin embargo sí lo es para controlar externamente la acción del Ejecutivo? Otra pregunta que surge desde esa falta de confianza es hasta donde llegaría ese mecanismo de participación como sociedad civil. Pongo como caso otro tema que me es afín: ¿Tendrían participación en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial? ¿Y en los de otras instituciones? ¿Formarían parte de Consejos de Administración de empresas y entes públicos? ¿Intervendrían en la designación de sus miembros?

Transigir sin traicionar

Volvemos al acto de transigir ¿Cuánto se puede ceder sin traicionar a los electores? Dentro del mandato de gobierno pactado que ha sido conferido de manera implícita por la ciudadanía a las fuerzas progresistas, a nadie se escapa que sin mayoría absoluta un programa no se cumple y el acuerdo es imprescindible, pero ¿hasta dónde se puede llegar? Esta pregunta tiene una connotación de cálculo añadido que se puede formular así: ¿Cuál es el punto de inflexión que puede dar pie al concepto de traición a lo prometido? Porque como sabemos, esa desviación de la lealtad o ese engaño lleva a un castigo traducido en disminución de votos.

Es decir, frente a la desconfianza entre partidos, los llamados a acordar deberían ser conscientes de que la confianza fundamental, la que no puede ser defraudada, es la de los ciudadanos y las ciudadanas que a estas alturas no están en condiciones de perdonar inconsecuencias ni, mucho menos, actitudes que puedan dar paso a una derecha cada vez más extrema en el poder.

Porque en realidad ¿qué es lo que motiva esa falta de consenso? ¿Qué subyace aquí para que los posibles socios sean remisos a encontrar un punto medio en beneficio de todos en una democracia? ¿La visión de Estado? ¿Las dudas sobre la Constitución? ¿La inseguridad sobre falta de reserva en secretos oficiales? ¿La sospecha de un posible incumplimiento?

Quizás esta debería ser la primera conversación que mantuvieran antes de pasar al debate sobre lo que se pretende, una puesta en común sobre la visión del otro y los miedos que se generan. Es decir, aclarar qué es lo que impide lo que debe ser normal en democracia: pactar y llegar a acuerdos.

Sin mayoría suficiente, patrimonializar el Gobierno no es sensato y deviene en una paradoja de la democracia. Del mismo modo que no es realista aspirar al poder desde un punto de salida mermado por el resultado electoral, fruto de errores aún pendientes de autocrítica. Lo que sí es democrático es la confianza en el otro. Hay que tender puentes de doble dirección y restablecer la certidumbre porque lo contrario conlleva un escenario inestable, socava la credibilidad de quienes más deben ofrecerla y arrastra irremediablemente a otras elecciones de resultado incierto.

Esa confianza es la primera piedra para superar actitudes obcecadas y trasladar la tranquilidad de que se va a obedecer el mandato recibido, a una sociedad que se ve ahora secuestrada por la política de la intransigencia.

_____Baltasar Garzón es jurista y promotor de Actúa.

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