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Políticas sanitarias relacionadas con la mortalidad

Manuel Torres Tortosa | Jose Antonio Brieva Romero | Antonio Vergara de Campos

La defensa de los Servicios Públicos que ofrece el Estado (en concreto de la Sanidad Pública), servicios que son esenciales para todos, pero sobre todo para los sectores más desfavorecidos de la sociedad ya que no pueden acceder a ellos de otra forma, se basa sencillamente en una concepción de lo que debe ser la sociedad humana. Hay quienes creemos en una comunidad humanizada (los derechos humanos para todos son irrenunciables), por tanto, solidaria (quien más tiene más contribuye), justa y equitativa (se combaten las desigualdades en necesidades básicas desde los gobiernos), con una redistribución de las riquezas que permita un desarrollo de los recursos que sustentan el beneficio universal; es decir, una sociedad que sea saludable para todos por igual.

Las personas que estamos implicadas en la defensa de la Sanidad Pública creemos que la sociedad de mercado actual, basada en conseguir los mayores beneficios económicos posibles para unas cuantas corporaciones generalmente multinacionales, no es un marco de gestión justo y adecuado cuando se trata de derechos humanos universales como son la Salud, la Educación, la Protección Social, la priorización equitativa de los discapacitados y desfavorecidos. Es decir, no todo debe enfocarse para la obtención de beneficio económico, cuando de lo que se trata es del desarrollo de todos los seres humanos sin distinción. Nosotros estamos convencidos de que la mayoría social piensa de la misma forma.

Hay políticas sanitarias concretas que van en contra de lo expresado anteriormente. Pero no solo eso. En lo que va de año se han publicado varios estudios realizados con metodología muy rigurosa que concluyen que determinadas formas de privatización sanitaria se relacionan con un aumento de la mortalidad de las poblaciones estudiadas. Esto creemos que debe ser ampliamente conocido y difundido. Debe entenderse que una metodología científica rigurosa exige un proceso de demostración que sea repetible, controlado con unos criterios muy exigentes, para que sus conclusiones no sean opiniones subjetivas, sino hechos que se obtienen con las mayores garantías que la ciencia actual proporciona. Estos resultados antes de ser publicados han sido analizados de forma externa por múltiples expertos que acreditan el proceso. Claro está, hay negacionistas que negarán las evidencias científicas, pero la vida sigue.

El primer estudio al que hacemos referencia se ha publicado en julio en la revista The Lancet Públic Health y ha sido realizado en el Reino Unido por investigadores del departamento de Política social e Intervención de la universidad de Oxford. Se describe que el National Health Service (NHS) ha sido sometido a un progresivo proceso de privatización que fue potenciado a partir de 2012, cuando el diagnóstico y tratamiento de muchos procesos y enfermedades eran realizados por entidades externas con ánimo de lucro (distintas a las propias del NHS). Desde el 1 de abril de 2013 al 29 de febrero de 2020 se analizan los resultados de 645.674 procesos tratados y el montante económico de ello fue enorme. Se comprobó que desde 2013 las cifras anuales de muertes evitables en Inglaterra han aumentado, rompiendo la tendencia al descenso de la mortalidad observada en los 10 años anteriores. Durante el periodo señalado, la externalización de los servicios sanitarios con empresas externas aumentó progresivamente. Y ello se asoció de forma significativa con un aumento de la mortalidad producida por causas tratables. En concreto, se observó que un aumento anual de un 1% en el nivel de externalización estaba asociado con un incremento anual de la mortalidad tratable de un 0,38%.

El segundo estudio está realizado en Noruega por investigadores de la universidad de Bergen y publicado en la revista British Journal of General Practice. Se estudió la gran mayoría de la población del país: 4.552.978 personas, por lo que nos parece un trabajo extraordinario. Y se analiza cómo la continuidad de cuidados de los pacientes por el médico de Atención Primaria (seguimientos de 1, 2-3, 4-5, 6-10, 11-15 o más de 15 años) influye en la evolución de los mismos. Las conclusiones son muy contundentes. Se comprobó que un mayor seguimiento por los médicos de Atención Primaria se asoció de forma significativa con una menor utilización de los servicios de Urgencia, con menos ingresos hospitalarios y con una disminución clara de la mortalidad. En concreto, un seguimiento por parte del médico mayor de 15 años se asocia a una disminución de la mortalidad de casi un 30 %. Los autores señalan que la presencia de una relación dosis-respuesta entre la continuidad y estos resultados indica que las asociaciones son causales.

El objeto de la investigación del tercer estudio que destacamos es el drama que ocurrió en las residencias de cuidados de ancianos (RCA) en la Comunidad de Madrid al comienzo de la pandemia de Covid 19. Está realizado por investigadores de la escuela de Salud Pública de la universidad de Montreal (Canadá), del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid y un periodista español del diario infoLibre (Manuel Rico). El estudio describe el tipo de las 470 RCA analizadas en esa Comunidad y si ello se asoció con la mortalidad registrada. El análisis es muy exhaustivo. Hay ocho categorías de RCA, que incluyen varias combinaciones de tipo de propiedad (privada con fines de lucro, privada sin fines de lucro y pública) y tipo de administración (completamente privada, privada con lugares alquilados por el sector público, gestión administrativa privada por contratación y completamente pública). Hubo 9.468 muertes (incluyendo 7.290 que ocurrieron en las RCA y 2.178 en el correspondiente hospital de referencia tras el traslado desde aquellas), lo que supuso una tasa de mortalidad del 18,3%. En el modelo estadístico de más rigor se comprobó que la mortalidad fue del 7,4 % en los RCA totalmente públicos en comparación con la de los RCA de propiedad pública con gestión administrativa por contratación regionales (21,9%) ó municipales (20,8%), privadas con locales alquilados y fines de lucro (20,6%) o sin fines de lucro (17%). Todas estas diferencias fueron significativas (quiere decir que las técnicas estadísticas utilizadas demostraron que la probabilidad de que las diferencias se debieran al azar fue ínfima). Las diferencias de mortalidad de los públicos con los centros exclusivamente privados, aunque superior, no alcanzaron significación en los que no tenían ánimo de lucro y se situó en el límite en los que sí lo tenían.

Cuando una línea de investigación clínica demuestra que un factor pronóstico aumenta la mortalidad de la población estudiada, se encienden todas las alarmas. Los médicos que reciben esa información manejan entonces a los enfermos con ese factor de otra manera que impida una fatal evolución. Pero muchos factores pronósticos de mortalidad no son biológicos sino sociales. Son entonces los políticos que ocupan las administraciones en esos momentos los responsables de adoptar todas las medidas necesarias posibles que anulen o minimicen el aumento de letalidad de los ciudadanos.

El National Health Service británico fue un modelo a imitar por muchos países. Pero la política neoliberal iniciada por Margaret Thatcher y que continúa, lo ha destrozado y precarizado. En el estudio inglés señalado se estimó que hubo 557 muertes evitables desde que se inició el modelo de privatización referido y durante el periodo estudiado (2013-2019). El Sistema Sanitario Público español llegó a rozar la excelencia en la primera década de este siglo. Pero con la coartada de una crisis económica se inició su desmantelamiento por gobiernos centrales o autonómicos concretos y la situación actual es lamentable. De manera paralela, los procesos de privatización de la Sanidad Pública han crecido notablemente y de múltiples formas. Se externalizan muchos servicios (laboratorios, técnicas diagnósticas, cocina, etc), se conciertan el tratamiento de varios procesos seleccionados por las respectivas empresas (prótesis articulares, operaciones de vesícula biliar, intervención de cataratas, etc), determinadas áreas geográficas son atendidas por hospitales privados donde la selección y contratación de los profesionales corresponde a la empresa. Por otro lado, la contratación de seguros sanitarios privados pagados individualmente por los ciudadanos es cada vez mayor. Es conocido que la privatización sanitaria aumenta los costes, favorece la inequidad asistencial, empeora las condiciones laborales de los profesionales, su actividad tiene controles muy deficientes, entre otros hechos. Los datos destacados anteriormente de reciente difusión son fuertes evidencias de que también podrían conllevar un deterioro de la calidad asistencial en su peor expresión: un aumento de la mortalidad evitable de la población. El artículo de Oxford ha originado un serio debate por ello en el Reino Unido. Cabe preguntarse: ¿Se estarán produciendo también esos efectos en España? Existe un principio en Epidemiología Clínica que es el de “la precaución”. Cuando se constatan datos preocupantes en un sentido, como es el caso, no hay que esperar a que los afectados (en este caso los fallecidos) aumenten hasta niveles escandalosos, que lleguen a la opinión pública. Un político sanitario responsable debe tomar buena nota y rectificar cuanto antes. Pero somos testigos de cómo en muchas ocasiones en nuestro país se actúa en sentido contrario.

La situación de la Atención Primaria en España era deficiente antes de la pandemia y este acontecimiento la ha colocado en una situación crítica: plantillas muy deficitarias, desmotivadas y mal pagadas, fuga de profesionales a otros países...

La situación de la Atención Primaria en España era deficiente antes de la pandemia y este acontecimiento la ha colocado en una situación crítica: plantillas muy deficitarias, desmotivadas y mal pagadas, fuga de profesionales a otros países, demoras muy exageradas en las citas médicas, centros cerrados total o parcialmente, escasos presupuestos, etc. Todo ello ha motivado que la reivindicación para la recuperación de la Atención Primaria sea un clamor. El cardiólogo es el especialista del corazón y sus enfermedades, pero el médico de Atención Primaria es el especialista de la persona; incluso podríamos decir que del barrio. Conoce bien los procesos y problemas de salud de cada individuo y puede mejor que nadie integrar y modular las intervenciones sobre los mismos, para obtener el mejor resultado. La situación actual en España está muy lejos de que el trabajo de estos profesionales se haga como debe. Y ahora también sabemos por las evidencias demostradas en el estudio noruego que ese deterioro es muy probable que esté teniendo consecuencias fatales para la población.

El exceso de mortalidad en RCA de la Comunidad de Madrid durante 2020 ha sido el más elevado de España y a mucha diferencia del de Castilla-La Mancha, que ocupa el segundo lugar. Durante la primera ola de la pandemia los responsables de la administración de la Comunidad de Madrid tomaron decisiones que han sido muy criticadas. La interpretación que se emite sobre las mismas es de un tipo o de otro dependiendo de quién las emite. Pero los datos, los hechos, son contundentes y los resultados desastrosos. Y como señalan los autores del estudio colaborativo entre investigadores canadienses y españoles, “los resultados son un testimonio de las fatales consecuencias que tuvieron las alianzas público-privadas prepandémicas en el cuidado residencial de larga duración durante los primeros meses de la pandemia de Covid 19 en la Comunidad de Madrid”.

Las evidencias científicas aquí presentadas entendemos deberían inducir a una profunda reflexión en la sociedad civil española. Los sistemas sanitarios públicos y universales ya no es que sean más equitativos, más eficientes, ejercen mejor la prevención de la enfermedad y la protección de la salud y son más respetuosos con los profesionales. Es que las iniciativas privatizadoras aquí presentadas han demostrado asociarse a resultados de salud calamitosos. El negocio tiene que estar fuera de la Sanidad.

El ciudadano con su voto es quien elige a los representantes que nos van a gobernar temporalmente. Creemos que los grupos políticos defensores de un Sistema Sanitario Público y Universal deben ser capaces de transmitir a la sociedad estos resultados y su significado. Esta función nos parece clave y de gran responsabilidad. Porque al final lo que va a hacer que tengamos un modelo sanitario u otro es el voto popular. Y es bueno –por lo descrito nos va mucho en ello– que los ciudadanos sepan muy bien lo que implica votar a una opción política o a otra.

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Manuel Torres Tortosa es exjefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz); José Antonio Brieva Romero es exjefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, y Antonio Vergara de Campos es exjefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz). Son miembros de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía y la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

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