La quita de la deuda autonómica, una política solidaria
La historia parece haber pegado un súbito acelerón en virtud del cual parece que estuviéramos abandonando algunos de los rasgos más característicos del orden global que ha regido los destinos de la especie los últimos cuarenta años. Algunos hablan abiertamente de "desglobalización" y vuelta a un orden internacional westfaliano con la recuperación de la soberanía de los Estados y la merma del papel de las instituciones globales como el FMI, la OMC, etc.
Aquel tan característico doble proceso de pérdida de competencias estatales hacia arriba (la UE) y hacia abajo (las CCAA en el caso de España) parece estar deteniéndose; por un lado, ante la dificultad de las instituciones supraestatales de mantener un papel de relevancia con la vuelta a las políticas proteccionistas. Y por otro, ante la dificultad de las entidades subestatales con competencias de elevadas exigencias financieras como son las que corresponden en nuestro país a las CCAA en materias tan relevantes como la educación, la sanidad, la dependencia o el medioambiente. Acabamos de ver cómo varias CCAA debían enfrentarse este verano a la plaga de los incendios forestales con unas dotaciones de recursos presupuestarios según los responsables políticos de las mismas insuficientes para la magnitud del problema.
Es por ello que la financiación de los presupuestos autonómicos vía endeudamiento, si en algún momento ha podido tener alguna lógica, en este momento está llamada a reducirse, especialmente ante la previsión generalizada de encarecimiento de la deuda en los mercados, especialmente la de medio y largo plazo.
Incluso Estados Unidos, que ha operado como asegurador universal durante décadas con una deuda sostenida por los inversores y los Estados de otros países, ahora cambia de guión a través de una política proteccionista orientada –otra cosa será el resultado real de tales políticas– a reducir su cuantiosos déficits y deuda.
Francia por su parte afronta una situación tan grave, derivada entre otros factores de lo elevado de su deuda pública, que aparece amenazado el régimen de la V República.
La deuda pública, pues, cabalga cual jinete del apocalipsis y los Estados se preparan para sortearla en las mejores condiciones posibles de forma que altere lo mínimo posible las perspectivas de mantenimiento del bienestar y atención a las rentas más desfavorecidas en sus sociedades.
La propuesta de quita del Gobierno de coalición corresponde a una concepción (federal) del Estado según la cual las CCAA se dedican a gestionar la competencias sustantivas mientras el Estado garantiza la financiación complementaria de la obtenida por los tributos de las CCAA.
Acudir al mercado de la deuda exige garantías difíciles de cumplir para los deudores pequeños como son las CCAA. No parece necesario explicitar razones por las que los Estados están en mejores condiciones de acudir al mercado que las administraciones subestatales: la hacienda estatal presenta más y mejores garantías para los inversores, por lo que los rendimientos exigidos pueden ser menores. Además, y como se ha demostrado con el NGEU, el Estado puede acudir a obtener una deuda mutualizada de la UE mucho más barata en proporción a sus superiores garantías.
Al día de hoy el Estado se financia en el mercado a un coste más bajo que las CCAA. Las letras del Tesoro se están financiando entre un 3,5% y un 3,9%. Los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han supuesto un notable ahorro en el pago de intereses a las CCAA beneficiarias. Aquellas que, como la Comunidad de Madrid, han rechazado acogerse a esta vía de financiación y han acudido directamente al mercado soportan un sobrecoste significativo en lo que al pago de intereses se refiere, disponiendo de menores recursos para financiar políticas sustantivas. CCAA como Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha o Cataluña dedican más del 20% al pago de intereses de la deuda.
Aligerar el peso de la deuda, habida cuenta del adverso escenario más arriba descrito, parece una política sensata si se quiere aumentar y mejorar la calidad de los servicios públicos cuya prestación es competencia de las CCAA; reducir la carga de intereses facilitaría aumentar la prestación de servicios y las inversiones públicas (p.ej. ayudas a familias de rentas bajas, incremento de las dotaciones para dependencia, mejora de infraestructuras educativas, construcción de refugios climáticos, planes de prevención de incendios, etc).
Aligerar el peso de la deuda parece una política sensata si se quiere aumentar y mejorar la calidad de los servicios públicos
Una política de solidaridad como la postulada requeriría del establecimiento de algunas condiciones. Es evidente que la asunción por el Estado de una parte de las deudas autonómicas no puede ser compatible con las prácticas de desfiscalización de rentas altas que algunas practican; condicionar la quita al aumento de las dotaciones para servicios e inversiones públicas y para garantizar el incremento de la recaudación fiscal parece una razonable medida de justicia equitativa. Esta política solidaria en absoluto podría considerarse atentatoria de la autonomía política sino expresión de un acuerdo favorable a los ciudadanos de la CA afectada que verían así aumentar la cantidad y la calidad de los servicios públicos recibidos de su administración autonómica. Un acuerdo que podría servir de soporte para la definición de un nuevo modelo de financiación de las CCAA en el que estas implementan las políticas públicas de sus competencias y la prestación de servicios públicos y el Estado se ocupa de garantizar el acceso al endeudamiento minorando la carga onerosa que dificulta la primera función.
El fortalecimiento de las políticas públicas y la mejora de los servicios públicos ha demostrado ser una forma eficaz de acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, al fin una de las justificaciones centrales del Estado de las autonomías.
Porque es de esto de lo que se trata en última instancia, de garantizar el predominio de los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses de los acreedores.
__________________________
José Antonio Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.
