El reparto de diputados autonómico no es el mejor ni garantiza una mejor democracia

David Acosta Arrés

Durante mi lectura mañanera de la prensa del domingo 2 de febrero, me he encontrado un interesante artículo en infoLibre que aboga por un cambio de circunscripción electoral que garantice la proporcionalidad y gobernabilidad para frenar a los extremos. 

No es un debate nuevo. Es el típico cajón desastre dentro del mundo académico entre los politólogos en España. Un debate demasiado parcial y con demasiados intereses  particulares en juego.  

Algunos participamos del mismo. Lo sé porque organicé en 2008 un gran debate en mi facultad, Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, invitando a todos los grandes partidos nacionales representados en el Congreso de los Diputados donde se debatía la propuesta del Catedrático de Matemática Aplicada de la UGR Victoriano Ramírez sobre cómo se podría cambiar el sistema para garantizar la representatividad y especialmente la gobernabilidad:  

-Se abogaba por un doble escrutinio aprovechando que la actual Constitución de 1978 limita el número de diputados en el Congreso a 400 (50 más que ahora).  

  • 350 se repartirían de la misma forma que ahora, el resto en un reparto proporcional por circunscripción única.  
  • Así se garantizaba no solo que las primeras fuerzas tuvieran más representación sino ajustar casos como el (en aquel entonces) de Izquierda Unida, que no tenía buen resultado en circunscripciones pequeñas, pero sí en el voto acumulado a nivel estatal. Pero no se ajustaba el número de votos totales con los representantes obtenidos finalmente.  

Después vino 2014 y se cargó literalmente este tipo de propuestas cuando se fracturó el voto de los partidos tradicionales en varias fuerzas políticas dentro de los dos tradicionales bloques ideológicos.  

Sin embargo, hasta ahora, según mi modesta opinión, ha sido la mejor propuesta y más realista que he analizado durante las últimas décadas.

Algunos profesores de Ciencias Políticas, entre ellos de mi facultad, defienden el cambio de Circunscripción (de la actual provincial a la autonómica), propuesta que desvirtúa la garantía de representación y participación política, bajo mi  humilde opinión. 

Y sí, existen varios estudios que afirman que este reparto es más proporcional y justo desde un punto de vista cuantitativo.  

La pregunta es: ¿Para quién?

El problema no es el cambio de circunscripción, sino cómo se utiliza el debate populista que pone a determinadas provincias (con poca población) frente a otras al repetir constantemente el coste por elector de un/a parlamentario/a para criminalizar su representatividad (dependiendo de quién gane en cada ciclo político).  

Aún recuerdo cuando algún gobernante (a izquierda y derecha de la escala ideológica) estaba cerca de perder el poder, o lo perdía, y echaba balones fuera respecto a su responsabilidad atendiendo al argumentario simplón sobre la necesidad de "una segunda" vuelta en unas elecciones para elegir al jefe del ejecutivo (o que solo gobernase la lista más votada) sin pensar que nuestro sistema es parlamentario (no Presidencialista) y de reparto proporcional (no mayoritario). Un sistema político que aboga por los pactos legislativos para crear, dar estabilidad y fiscalizar gobiernos.  

Es verdad que durante la última década, menos en las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, se han aupado conflictos mediáticos sobre la supuesta debilidad de los gobernantes nacionales por la construcción complicada de mayorías (debido a que éstas están formadas por múltiples fuerzas políticas). Pero estos problemas, esta polarización electoral, son causados por la falta de cultura política y visión democrática de nuestros líderes. Una percepción consciente, muy egoísta, que se aprovecha del odio entre territorios para intentar sumar apoyos electorales.  

Si los populistas tienen cada vez más poder, es porque permitimos que su discurso triunfe frente al fracaso de la política tradicional

¿Qué problema tiene este peculiar cambio de circunscripción?  

Uno relacionado con la representación proporcional de los territorios y otro relacionado con la democracia interna de los partidos políticos.

1. Teniendo en cuenta los tradicionales modelos de elección de las listas electorales, y el reparto proporcional dictado por nuestra Constitución, algunos territorios provinciales más pequeños perderán representación por culpa de listas electorales donde solo habría representantes de los territorios más poblados y/o más ricos (mediáticamente más populares y por lo tanto más elegibles desde un punto de vista económico y comercial). 

2. La elección de los miembros de las listas electorales será aún más vertical y otorgada que la actual.  

No solo la representatividad será más complicada, sino que las variables analizadas por determinados gurús, y más ahora teniendo en cuenta las redes sociales, serán dictadas por quien sea más conocido, más famoso o más vendible en un territorio desde un punto de vista cuantitativo dependiendo de criterios  puramente comerciales (más que democráticos y representativos).  Solo unos pocos podrán participar en política y de la política. El problema no será solo el candidato o la candidata independiente, o paracaidista, sino el que es influyente dentro de un territorio más poblado en una circunscripción. Cuestión que le volverá a quitar representación a las provincias menos pobladas o conocidas. Y en paralelo, cuestión que abre demasiado la puerta a líderes populistas antiestablishment. 

Si tenemos en cuenta sólo un criterio de gobernabilidad, creo que el mejor sistema para garantizar que no se repitan elecciones se basa en la constitución de las corporaciones locales (art. 196 de la LOREG- Ley Orgánica del Régimen Electoral  General-): Garantizando que el líder o lideresa de la lista más votada, el día de la constitución de la corporación y/o elección del ejecutivo, forme gobierno si no existen mayorías absolutas en el pleno alternativas (bajo el mismo actual límite  temporal para formar gobiernos). 

A nivel ético, puedo entender que existen líneas rojas para que determinados extremos no tengan capacidad de decisión en los gobiernos. Estos radicales no creen en la pluralidad ideológica, diversidad humana y democracia participativa. Sin embargo, no miremos hacia otra parte intentando imponer fronteras en las salidas y entradas del sistema, porque los actuales políticos no hacen autocrítica al perder la capacidad de influencia o poder público. Podríamos estar tirándonos tiros en el pie sin querer. 

Si los populistas tienen cada vez más poder, es porque permitimos que su discurso triunfe frente al fracaso de la política tradicional, ya sea por su incapacidad de acercar la política a la ciudadanía o por alzar muros entre quien puede o no puede participar de la política y la democracia.  

No perdamos la perspectiva e imparcialidad por el bien de la costumbre o por el bien de lo que es viralmente aceptable. 

El debate es bueno, pero analicemos desde un punto de vista cualitativo cuáles son todas las consecuencias reales al cambiar un sistema de forma tan radical.

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David Acosta Arrés es politólogo.

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