El ruido que deja todo igual

Hay algo que no respira bien en nuestra democracia.

Discutimos como nunca. Nos indignamos a diario. Llenamos las redes de frases afiladas, acusaciones y fuegos cruzados. Cada día parece decisivo y, sin embargo, los problemas que de verdad pesan sobre la vida de la gente permanecen obstinadamente ahí: la vivienda imposible, los servicios públicos saturados, los pueblos que se vacían, la soledad de los mayores, la angustia de no entender una carta del banco, la vergüenza de quedarse bloqueado ante una pantalla.

Sube el ruido. Baja el oxígeno.

El poder no ha desaparecido; se ha desplazado. Ya no está solo en los parlamentos ni en las instituciones que podemos votar y sustituir. Está también en los consejos de administración que nadie elige, en los algoritmos que ordenan lo que vemos, en los mercados que fijan el precio de la luz, del alquiler o del dinero. Nadie vota a esos poderes. Nadie puede cesarlos. Pero condicionan nuestra vida con una eficacia silenciosa.

Por eso la política de trincheras resulta tan útil para quienes prefieren que nada cambie. Si estamos enfrentados con el vecino, si convertimos cada diferencia en una guerra moral, dejamos de hacernos preguntas más incómodas: por qué una persona que vive rodeada de aerogeneradores paga la electricidad como si esa energía no tuviera nada que ver con su territorio; por qué los bancos cierran oficinas, empujan a los mayores hacia aplicaciones que no entienden y siguen presentándose como servicios imprescindibles; por qué tantos derechos existen en el papel pero se vuelven inaccesibles en la práctica.

La bronca, a veces, es una manera muy eficaz de no mirar hacia arriba.

El caso de las energías renovables lo muestra con una claridad dolorosa. Era necesario avanzar hacia una energía limpia; sigue siéndolo. Pero una causa justa puede gestionarse de forma injusta. Muchos municipios rurales vieron transformado su paisaje, soportaron el impacto de las infraestructuras y cedieron parte de su territorio. A cambio recibieron poco. La energía viajó hacia ciudades y grandes redes de consumo. Los beneficios se concentraron en empresas capaces de operar en ese mercado. Los pueblos siguieron vaciándose.

No fallaba la idea. Fallaba la escucha. Fallaba la pregunta previa: ¿cómo puede esta transformación mejorar de verdad la vida de quienes la hacen posible? Una política más atenta al territorio habría articulado retornos reales: energía más barata, comunidades energéticas locales, empleo estable. Podría haber convertido la transición ecológica en una forma concreta de justicia territorial. Pero se legisló para el mercado. Y el mercado hizo lo que suele hacer cuando no encuentra límites democráticos: concentrar, extraer y olvidar lo que queda en los márgenes.

Esto no es solo una discusión entre izquierda y derecha. Es algo más profundo: una política que decide sin escuchar. Un Estado que gestiona sin acompañar.

Esto no es solo una discusión entre izquierda y derecha. Es algo más profundo: una política que decide sin escuchar. Un Estado que gestiona sin acompañar

Hay personas que tropiezan cada día con una administración laberíntica, con una prestación que no saben solicitar, con un derecho que existe pero exige demasiados conocimientos para ejercerlo. La exclusión de nuestro tiempo no siempre tiene forma de puerta cerrada. A veces tiene forma de contraseña olvidada, de certificado digital, de formulario interminable. La vergüenza de no entender también es política.

Cuando alguien se siente solo ante el banco o ante una pantalla, empieza a sospechar que el sistema ya no está hecho para él. En ese desamparo crecen los discursos más duros. La demagogia funciona porque escucha un dolor real y le da una explicación falsa: no inventa el malestar, lo captura, lo simplifica y lo dirige contra los más débiles. Pero quienes creemos que la democracia debe servir para cuidar la vida común tampoco deberíamos sentirnos del todo inocentes. A veces hemos construido un lenguaje que expulsa a quien no habla como nosotros, y hemos celebrado la victoria moral en una red social como si eso cambiara algo en la vida de quien no sabe pedir una ayuda. El desprecio nunca ha emancipado a nadie.

Ahora tenemos delante otra frontera, quizá más decisiva: la inteligencia artificial.

La IA ya no pertenece al futuro. Ya participa en procesos de selección, filtra información, clasifica perfiles. En algunos lugares decide quién accede a un préstamo o qué currículum pasa el primer corte. A veces con eficacia. A veces reproduciendo sesgos. A menudo sin que nadie sepa explicar del todo por qué decidió lo que decidió.

Si no se gobierna democráticamente, la inteligencia artificial puede convertirse en una nueva ventanilla cerrada: más rápida, más elegante, pero igual de inaccesible para quien ya estaba en desventaja. Quien tenga recursos sabrá sortearla. Quien no los tenga se estrellará contra una pantalla aún más muda que las anteriores.

Pero la IA no es un destino. Es una herramienta. Y todavía estamos a tiempo de decidir si agrandará la distancia entre quienes pueden y quienes no, o si servirá para reducirla. ¿Y si una inteligencia artificial ayudara a traducir una notificación administrativa a lenguaje claro? ¿Y si guiara a una persona mayor para resolver una gestión bancaria sin humillarla? ¿Y si avisara de un derecho a punto de caducar? Eso no es ciencia ficción. Es una decisión política y moral: poner la inteligencia técnica al servicio de la dignidad humana.

Para lograrlo hace falta sentar en la misma mesa a quienes suelen quedar fuera de la conversación. No basta con expertos, empresas y administraciones. La gobernanza de la IA necesita una conversación democrática amplia en la que la eficiencia no sea el único criterio, porque una sociedad puede ser muy eficiente y profundamente injusta.

Las renovables nos enseñaron que una oportunidad histórica puede convertirse en otra forma de extracción si no se gobierna con justicia. La inteligencia artificial nos obliga ahora a decidir si hemos aprendido algo.

Todavía estamos a tiempo. Pero el tiempo se mide también en una escena pequeña y profundamente política: alguien que se siente perdido y encuentra a otra persona dispuesta a sentarse a su lado y preguntar sin superioridad: ¿qué necesitas? Y alguien que, al responder, empieza a recuperar una parte de su dignidad.

Quizá la democracia vuelva a respirar por ahí.

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Carlos Castro es profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Granada y miembro de ANEMOS.