Verdades ocultas, mentiras interesadas
El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de ayudas y medidas destinadas a contener y reducir el impacto en la ciudadanía española de las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. El mundo entero está sufriendo esos efectos. Asistimos atónitos a los bombardeos que no cesan, a los muertos que siembran el campo de batalla a orillas de ciudades y pueblos que ayer, hace menos de medio año, vivían como nosotros lo hacemos, con normalidad y afrontando dificultades cotidianas, pero en todo caso ajenos a las explosiones, a los ataques, a las violaciones.
Aquí, más allá del drama humano de Ucrania, retumban los ecos económicos de esa guerra. Y entre nosotros y nosotras se mezclan personas refugiadas que tuvieron que dejar atrás su país y a su gente, como le ocurrió a Anastassia Hrynzovska, a quien escuchamos hace unos días en la presentación del segundo Plan de Derechos Humanos en La Moncloa. El IPC se dispara al subir los precios de los combustibles, de la electricidad y la cesta de la compra. No es un problema de España, es un problema global al que España, y más en concreto el presidente Pedro Sánchez, está plantando cara a través de la excepción ibérica que sitúa los precios de la energía muy por debajo de la media europea, a pesar de que sigan disparados.
En estos momentos, hay 17 países en la Unión Europea con una tasa de inflación superior a la española. La estimación del impacto en el IPC de las medidas adoptadas hace una semana por el Ejecutivo es de 3’5 puntos menos de lo que se alcanzaría sin esas ayudas, si sumamos las aprobadas hace un trimestre. Se está amortiguando el impacto que es alto, sí, pero que de otra manera sería aún mucho peor. El acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea sitúa los precios entre un 40 y un 50% por debajo de la media europea.
Las medidas son variadas y están encaminadas, en su mayoría, a que las economías más precarias puedan hacer frente en mejores condiciones a la coyuntura actual. Así, se reduce en un 50% el precio de abonos mensuales de transporte en empresas estatales y en un 30% en las autonómicas, mientras que se baja hasta el 5% el IVA de la luz que el PP subió al 21% y que Sánchez ya rebajó anteriormente al 10%. La bonificación de 20 céntimos en el precio del combustible continuará hasta final de año y a principios de 2023 entrará en vigor un nuevo impuesto a los beneficios de las grandes empresas energéticas. En ayudas directas, destacan la de 200 euros para personas autónomas y desempleadas, y la prolongación del incremento en un 15% del Ingreso Mínimo Vital. Además, continúa el tope del 2% en la subida de alquileres para que no se disparen según el IPC, el límite al precio de la bombona de butano y la prohibición de despidos por alza energética.
Unos fondos que hoy por hoy están ayudando ya a miles de empresas a modernizarse, afrontar nuevos retos de futuro y a ser más competitivas. Nuevas inversiones, nuevos horizontes, creación de riqueza, de eso se trata
Este es el mismo gobierno que evitó despidos masivos en plena pandemia con 3 millones y medio de trabajadores y trabajadoras en ERTE y ayudas a autónomos. El mismo que peleó los fondos europeos pese al boicot que intentó, sin éxito afortunadamente, orquestar el partido Popular. Unos fondos que hoy por hoy están ayudando ya a miles de empresas a modernizarse, a afrontar nuevos retos de futuro y a ser más competitivas. Nuevas inversiones, nuevos horizontes, creación de riqueza, de eso se trata.
Más de 140 leyes aprobadas desde que empezó la legislatura. En el Congreso de los Diputados, y solo en estos últimos meses, hemos aprobado leyes de gran trascendencia. Sería largo enumerarlas todas pero, entre las más destacadas, las que mejoran la situación económica de muchas personas, como la del Ingreso Mínimo Vital, la Ley de reforma de las pensiones que garantiza el poder adquisitivo, la reforma laboral que impulsa la contratación indefinida, las de Telecomunicaciones y del Audiovisual, la nueva Ley de Ciencia, que potenciará la investigación, además de la de Formación Profesional, que facilita el acceso al mercado laboral o la de la Cadena alimentaria, que establece precios justos a los agricultores. En el ámbito de los derechos civiles y la igualdad, la Ley Zerolo de igualdad de trato y no discriminación, aprobada el pasado jueves de manera definitiva, la Ley de mejora de la protección de las personas huérfanas de violencia de género, que avanza en diferentes aspectos respecto a la de mejora de las pensiones de orfandad de 2019, y a punto de aprobarse definitivamente la conocida como “Ley del solo sí es sí”, es decir, la que asiste a las víctimas de violencia sexual.
Hacer ver que el problema de la inflación lo ha generado este gobierno no solo es faltar a la verdad sino que supone obviar el contexto en el que nos encontramos. Ignorar los esfuerzos por atenuar las consecuencias de la guerra en la economía doméstica de la ciudadanía es un ejercicio de impostura. Pretender que otro gobierno, sin el compromiso social que caracteriza al actual, impulsaría medidas de este tipo es andar escaso de memoria y sobrado de cinismo.
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Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.
