Plaza Pública

Violencia estatal en Chile

Ana Valero

El día 19 de octubre, el presidente chileno Sebastián Piñera declaró el “estado constitucional de excepción de emergencia” –artículo 40.3 de la Constitución chilena–como respuesta a las protestas sociales que tuvieron lugar el día 18, desencadenadas por el alza en el billete de metro pero que tienen un trasfondo mucho más importante y estructural: la desigualdad social y económica en la sociedad chilena.

El “Estado de Emergencia Constitucional” está previsto para los casos graves de alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional, sea por causa de origen interno o externo. Pero tiene unas exigencias para su declaración y puesta en práctica que están siendo desatendidas en Chile.

Y ello porque, en palabras del abogado constitucionalista Jaime Bassa ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el 24 de octubre, el “Estado de Emergencia” habilita exclusivamente al presidente de la República a limitar el ejercicio de las libertades de circulación y de reunión, y no así a la autoridad militar, salvo que se lleve a cabo un acto normativo de delegación expreso de las facultades presidenciales en las autoridades militares. Delegación requerida por la Constitución chilena precisamente para garantizar la responsabilidad política del presidente de la República sobre todo lo que suceda durante la vigencia del estado de excepción constitucional.

Además, las limitaciones de derechos fundamentales que se están llevando a cabo estos días en Chile no afectan exclusivamente a los previstos para este tipo de situaciones, esto es, las libertades de circulación y reunión, sino que, a través de un uso desmesurado de la fuerza, las autoridades militares están restringiendo, además, las libertades de prensa, de expresión, el derecho a manifestarse pacíficamente en el espacio público y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.

Pues, además de todas las detenciones que se están produciendo en el espacio público, hay documentados allanamientos de morada para realizar detenciones selectivas sin autorización alguna, algo que acerca más la realidad de los hechos al “Estado de Excepción Constitucional de Sitio”, solo declarable, con previa autorización del Congreso, en caso de guerra interna o conmoción interior –artículo 40.2 de la Constitución chilena–.

Las últimas cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno apuntan a un total de 2.410 detenciones. Pues bien, bajo el “Estado de Emergencia” todas aquellas no realizadas en los lugares legalmente habilitados para el arresto son detenciones ilegales.

A este respecto es importante destacar que, el 23 de octubre, circularon informaciones acerca de detenciones practicadas en la Estación de Metro Baquedano (Plaza Italia), en pleno centro de Santiago de Chile. Esta plaza es la sede habitual de los movimientos cívicos en la capital y también de esta oleada de protestas y manifestaciones populares contra la represión del Gobierno ejecutada por los militares.

Según informaciones que han intentado ser contrastadas, sin éxito, pero que tampoco han sido desmentidas por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, además de detenciones, se estarían practicando actos de tortura en dicho lugar.

Lo que es incuestionable, hasta que no haya un pronunciamiento sobre esto último por el Ministerio Fiscal, es que todas las detenciones realizadas en la estación de metro de Baquedano son ilegales.

Tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están reconociendo y denunciando la existencia de malos tratos y torturas en distintos lugares de la ciudad hacia las personas detenidas entre las que se encuentran menores; al menos 18 fallecimientos; 535 heridos, de los cuales 210 lo son por armas de fuego; agresiones sexuales y violaciones a mujeres –al menos 8 querellas–, y casos de desnudamientos y tocamientos a mujeres y niños.

La barbarie en Chile tiene un brazo ejecutor, el militar, pero es violencia estatal de facto que, careciendo de ningún respaldo normativo, está fuera de control y responsabilidad política.

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