Admitida la primera querella colectiva contra un fondo buitre por acoso inmobiliario
El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite una querella colectiva presentada contra un fondo de inversión por presunto "acoso inmobiliario" a los vecinos de un edificio del barrio madrileño de Lavapiés.
Los responsables del fondo Elix Rental Housing Socimi II declararán ante el juez como investigados el próximo 19 de febrero, ha dicho en rueda de prensa la abogada del Sindicato de Inquilinas, Alejandra Jacinto, quien ha destacado que es la primera querella colectiva presentada en España contra un fondo de inversión.
Están citados altos cargos, uno de los socios fundadores y uno de sus directivos, además de dos trabajadores del grupo Elix, el arquitecto y el jefe de la obra puesta en marcha en el edificio en noviembre de 2024 para "expulsar a los vecinos haciéndoles la vida insoportable". "Lo relevante en estas imputaciones es que se cita a declarar como investigada a la persona jurídica, es decir, al propio fondo buitre", según Jacinto, para quien el juzgado ve "indicios más que suficientes para entender que hay acoso y hostigamiento", con una afectación a los vecinos "en su salud física, mental e integridad moral". También está imputada como persona jurídica la gestora que se encargaba de las relaciones con los inquilinos.
El presunto acoso ha sido "provocado por unas obras que están haciendo insoportable vivir en Tribulete, 7", por lo que algunos han tenido que abandonar el edificio al "no poder aguantar más esas presiones y esa situación de hostigamiento permanente".
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Diez personas interpusieron la querella en representación de un bloque de cincuenta vecinos, muchos de ellos de renta antigua y que llevan viviendo muchos años en el inmueble.
Tanto el acoso inmobiliario como las coacciones agravadas, al ser sobre la vivienda habitual tienen penas previstas en el Código Penal de seis meses a dos años de prisión, además de la posible disolución de la persona jurídica, según Jacinto.
En marzo de 2024, el fondo adquirió el bloque y anunció la no renovación de los contratos a los inquilinos, y en noviembre empezaron las obras con "amenazas y coacciones diarias" que han obligado a Policía y bomberos a intervenir en varias ocasiones. "Es un primer éxito porque hasta la fecha no recordamos que ningún fondo buitre haya sido imputado como sociedad por este tipo de delitos", según la portavoz del sindicato de Inquilinas, Ruth Galán. "Ahora se da un paso histórico al sentar al gran tenedor en el banquillo de los acusados", concluyen.
