Intereses públicos, intereses privados

Aguirre amenaza con llevar al juez el bloqueo de una operación urbanística asesorada por la empresa de su hermano

Esperanza Aguirre, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Esperanza Aguirre ha amenazado personalmente con llevar a los tribunales el bloqueo del Ayuntamiento de Madrid a un proyecto urbanístico que el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena considera contrario a la normativa y en cuya gestación intervino la consultora inmobiliaria Aguirre Newman SA, de la que es copropietario y administrador un hermano de la ahora portavoz municipal del PP. Su partido no cree que Aguirre pueda haber incurrido en ningún potencial conflicto de interés al involucrarse en el asunto. "Hizo el anuncio de adherirse a las acciones judiciales que emprendan los cooperativistas afectados por el bloqueo como portavoz y no a título personal", dicen sus portavoces.

Diseñado en 2014 para 443 viviendas en el distrito de Chamberí, adyacente al centro histórico de la capital, ese proyecto se ubica sobre plano en las antiguas cocheras del Metro: es decir, en una de las escasas grandes reservas de suelo del corazón de la ciudad. 

Pese a las características de ese trozo de la tarta patrimonial pública, Metro de Madrid concluyó que necesitaba un intermediario para la venta del suelo localizado bajo las naves de las antiguas cocheras del Metro: y el intermediario seleccionado fue Aguirre Newman SA, que cobró 268.606 euros de Metro de Madrid. Cuando la operación quedó cerrada en noviembre de 2014 y la parcela fue adjudicada a Ibosa mediante subasta, la consultora publicó en su web una noticia que le atribuía el protagonismo máximo en la transacción. La entradilla del texto decía así: "El proceso de venta ha sido llevado a cabo por la consultora inmobiliaria Aguirre Newman".

¿Contenía el acuerdo con Ibosa alguna cláusula que pueda perjudicar de algún modo a Aguirre Newman en caso de que el proyecto urbanístico quede bloqueado? Los portavoces de la consultora en materia de comunicación aseguran que no.

Sobre la parcela de las antiguas cocheras del Metro se permiten 62.000 metros cuadrados edificables, según publicó en 2014 el Ejecutivo autonómico en su web oficial y lo que difundieron distintos medios, entre ellos El País y El Mundo

Una facturación de más de cinco millones para ser asesor

Bajo la premisa de que se hacía necesaria la presencia de un intermediario privado, Metro de Madrid contrató en marzo de 2014 los servicios de "asesoría y comercialización" de Aguirre Newman SA tras un procedimiento abierto del que no hay datos oficiales publicados sobre cuántos aspirantes concurrieron. Metro de Madrid SA se adscribe al Consorcio Regional de Transportes y depende, por tanto, del Ejecutivo autonómico. En aquellas fechas, Esperanza Aguirre ya no lo presidía: había dimitido de su cargo institucional en septiembre de 2012. La lideresa conservó la presidencia del PP madrileño hasta febrero de este año.

La adjudicación a Aguirre Newman se produjo en marzo de 2014 tras un concurso convocado un mes antes y que exigía a los interesados en realizar la tarea de "asesoramiento y comercialización" –es decir, interesados en mediar, no en comprar– el cumplimiento de dos requisitos cuyo porqué no explica el pliego de condiciones: que hubiesen facturado en cada uno de los tres años anteriores más de cinco millones de euros y que aportasen una "declaración responsable de la presencia nacional e internacional de la empresa".

Además de las cocheras de Cuatro Caminos, el contrato con Aguirre Newman incorporaba otros dos suelos en cuya venta tenía interés Metro de Madrid. Ese contrato se formalizó el 14 de mayo de 2014. Y, a tenor de los documentos oficiales publicados, reportó a la consultora privada 268.620 euros IVA incluido.

El equipo de la alcaldesa Manuela Carmena considera que el proyecto incumple el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Fuentes de la delegación municipal de Urbanismo subrayaron este miércoles que construir las viviendas requiere que Metro de Madrid soterre las cocheras. El bloqueo ha enfrentado al equipo de Ahora Madrid con los socialistas, partidarios de que la iniciativa urbanística se admita a trámite. "Y que se tramite no significa que se acepte el proyecto tal cual y sin cambios", explican fuentes del PSOE.

PP: "Un anuncio hecho como portavoz y no a título personal"

Este miércoles, infoLibre preguntó a los portavoces de la expresidenta madrileña si Aguirre no considera que pueda incurrir en un conflicto de intereses al involucrarse personalmente en un asunto con el que la empresa de su hermano Santiago, líder en el sector de la consultoría inmobiliaria, tuvo una relación profesional directa. Las fuentes consultadas negaron taxativamente tal posibilidad. Y lo hicieron en los siguientes términos: "No hay ningún posible conflicto de interés porque Esperanza Aguirre hizo el anuncio no a título personal sino como portavoz del grupo municipal, que será el que se adhiera a las acciones judiciales que emprenda la cooperativa afectada por el bloqueo del Ayuntamiento".

El complejo residencial ya estaba diseñado en el vetano de 2014 por el grupo Ibosa, que meses más tarde –en noviembre de ese año– se hizo con el suelo por 88,3 millones de euros en subasta. Ibosa articuló su proyecto en torno a una cooperativa, Residencial Metropolitan, cuyos integrantes se ven ahora entre la espada y la pared: el consistorio mantiene bloqueado el proyecto pero eso no les exime de pagarle a Metro de Madrid SA antes de que termine el año los más de 40 millones que todavía le adeudan.

El PP sostiene que la intervención de Esperanza Aguirre solo persigue la defensa de los cooperativistas. "El grupo municipal –dicen los portavoces de Aguirre– apoya a los cooperativistas, a los que el Ayuntamiento les está poniendo no chinas sino auténticas piedras en el camino al tumbarles por tercera vez el proyecto de urbanización bajo el argumento de que incumple el PGOU de Madrid pese a que ese mismo proyecto cuenta con el visto bueno de la Comunidad de Madrid"

"El bloqueo –añade el PP– está perjudicando a los cooperativistas, que antes de que finalice el año tienen que pagar a Metro de Madrid la mitad de los 88,3 millones por los que se les adjudicó el solar de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos".

 

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