El Algarrobico: más de dos décadas de pleitos hasta despejar el camino para su derribo
La anulación de la licencia de obras del hotel del Algarrobico, aprobado el pasado martes por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), ha vuelto a situar en primer plano uno de los conflictos urbanísticos y medioambientales más prolongados de España. La decisión no implica que el edificio vaya a ser demolido de manera inmediata, pero elimina uno de los principales obstáculos administrativos que han mantenido en pie durante más de dos décadas este hotel levantado dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
El acuerdo municipal culmina un procedimiento de revisión de oficio que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había instado a resolver. La anulación salió adelante por siete votos a favor. Cuatro concejales abandonaron el pleno antes de la votación y una quinta edil no asistió.
El Ayuntamiento declaró nulo el permiso concedido en 2003 a la promotora Azata del Sol para construir un complejo hotelero de 21 plantas y 411 habitaciones a escasos metros del mar. Aunque la empresa todavía puede recurrir la decisión, la resolución abre un nuevo escenario para que el Estado y la Junta de Andalucía activen los trámites necesarios para ejecutar el derribo y restaurar el espacio.
Luis Berraquero, responsable de Greenpeace de Andalucía, considera que la decisión "llega con 23 años de retraso". La organización ecologista, una de las que más ha presionado durante todo el proceso, sostiene que la promotora previsiblemente recurrirá, pero defiende que eso no debería impedir que las administraciones comiencen a preparar la demolición mientras ningún tribunal ordene paralizarla. “No se trata únicamente de tirar un edificio; ahora hay que devolver ese espacio a la naturaleza”, afirma Berraquero en conversación con este diario.
2003: una licencia para construir frente al mar
El origen del conflicto se remonta al 13 de enero de 2003, cuando el Ayuntamiento de Carboneras concedió a Azata la licencia para construir el hotel.
Las obras avanzaron con rapidez. Cuando fueron paralizadas, el inmueble estaba prácticamente terminado y se había convertido ya en un símbolo de la especulación urbanística salvaje en la costa.
2005: las primeras protestas y el deslinde de Costas
Las primeras grandes movilizaciones contra la construcción del hotel llegaron en 2005. Greenpeace protagonizó en noviembre de aquel año una de sus primeras acciones contra el proyecto para exigir la paralización de las obras y denunciar que invadían un espacio protegido.
Ese mismo mes, el Boletín Oficial del Estado publicó el deslinde de costas que afectaba al edificio, lo que llevó al Gobierno a iniciar un procedimiento de expropiación que continúa abierto.
2006: los tribunales paralizan las obras
El conflicto dio el salto definitivo a los tribunales en 2006. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordenó la paralización cautelar de las obras tras una demanda presentada por la asociación Salvemos Mojácar.
Poco después, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (PSOE), anunció la intención del Gobierno andaluz de demoler el edificio para restaurar la playa. La promesa, sin embargo, no llegó a materializarse.
2007: el hotel se convierte en símbolo
A partir de 2007 se multiplicaron las acciones ecologistas y las resoluciones judiciales. Greenpeace pintó en la fachada el lema "Hotel ilegal", y un año más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la suspensión cautelar de las obras.
En 2008, el mismo juzgado declaró nula la licencia al considerar que vulneraba la normativa urbanística y medioambiental.
La presión social continuó. En 2009, alrededor de sesenta activistas de Greenpeace cubrieron el edificio con una lona verde de 18.000 metros cuadrados para reclamar su derribo. Ese mismo año, la Fiscalía General del Estado abrió diligencias para investigar posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio relacionados con el proyecto.
Una década de sentencias contradictorias
Durante la década siguiente se sucedieron más resoluciones judiciales, recursos y reclamaciones de las partes implicadas. Algunas decisiones fueron inicialmente contradictorias, lo que prolongó la incertidumbre sobre la clasificación de los terrenos y la legalidad de la construcción.
El caso terminó acumulando decenas de pronunciamientos judiciales. Greenpeace cifra en más de 40 las sentencias y resoluciones que respaldan la ilegalidad del proyecto.
2016: el Supremo confirma la protección del suelo
En 2016, el Tribunal Supremo dio la razón de forma definitiva a la Junta de Andalucía al confirmar que los terrenos sobre los que se levanta el hotel son un espacio protegido y no urbanizable.
La sentencia fue considerada un paso clave para despejar el camino hacia la demolición. Aun así, el edificio continuó en pie debido a la existencia de otros procedimientos pendientes, entre ellos la vigencia formal de la licencia municipal concedida en 2003.
2021: la promotora se queda sin la indemnización millonaria
En 2021, la Audiencia Nacional rechazó que las administraciones tuvieran que indemnizar con 70 millones de euros a la promotora. La empresa reclamaba esa cantidad por los prejuicios derivados de la paralización del proyecto.
2023: Carboneras modifica el planeamiento
Dos años después, el Ayuntamiento de Carboneras adaptó su planeamiento urbanístico y clasificó definitivamente los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección, en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo.
Este cambio eliminó otra de las contradicciones administrativas que habían acompañado al caso desde sus inicios.
2025: el Gobierno reactiva la expropiación
En 2025, el Gobierno central dio un nuevo impulso al proceso al iniciar la expropiación de parte de los terrenos y declarar de utilidad pública la actuación para facilitar la futura demolición del edificio.
El procedimiento quedó después suspendido a la espera de que concluyese la revisión de oficio de la licencia. Ese era uno de los principales obstáculos que permanecían abiertos.
2026: la licencia queda anulada
El último paso se produjo el martes de la semana pasada, cuando el pleno de Carboneras declaró nula la licencia de obras concedida en 2003. No obstante, esto no supone que la demolición vaya a comenzar de inmediato. La promotora puede recurrir la decisión municipal y solicitar medidas cautelares. Además, las administraciones todavía deben concretar el procedimiento, el calendario y la financiación de los trabajos.
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Desde 2011 existe un protocolo de colaboración entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que distribuye las responsabilidades. El Estado asumiría la demolición del edificio y la retirada de los escombros, mientras que el Gobierno andaluz se encargaría de la restauración ambiental y de la gestión de los residuos.
El coste de la demolición y de la recuperación del entorno superaría los siete millones de euros. Greenpeace reclama que los presupuestos públicos incluyan ya las partidas necesarias para ejecutar ambas actuaciones.
La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, considera que la anulación demuestra que “la movilización ciudadana ha frenado en seco la codicia empresarial". "Ganó la naturaleza, nuestro tesoro más preciado”, indica en un comunicado de prensa.
