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Accidente de tren en Santiago

Angrois, siete años sin investigación independiente: "Todos los Gobiernos nos han ninguneado"

Imagen de archivo de la concentración ubicada en la curva en la que se salió el tren de Alvia en Santiago de Compostela.

El sol apretaba con fuerza sobre Madrid aquella trágica tarde del 24 de julio de 2013. Eran las 15.30 horas cuando el Alvia 04155 iniciaba la marcha desde Chamartín con destino a tierras gallegas. Estaba previsto que llegara a Ferrol (A Coruña) a las 22.30 horas. Pero nunca lo hizo. A tres minutos de entrar en la estación de Santiago, el convoy descarriló en la curva de A Grandeira, en Angrois. El accidente más grave de la historia europea de las últimas dos décadas se cobró la vida de 81 personas y dejó más de un centenar de heridos. Se anunciaron investigaciones, se decretaron días de luto oficial, se lanzaron mensajes grandilocuentes. “Hoy todo el pueblo llora la tragedia”, decía entonces el presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo. Siete años después, sin embargo, las víctimas se sienten completamente abandonadas por las administraciones. “Todos los gobiernos nos han ninguneado”, sostienen. Les han fallado del primero al último. Desde el de Rajoy al de coalición actual. “Palabras vacías que sólo han generado dolor en nosotros”, completan.

Las víctimas llevan ya más de un lustro exigiendo sin descanso justicia y que se reconozcan las causas reales del siniestro. El camino ha estado plagado de obstáculos, de bloqueos, de procedimientos judiciales dilatados en el tiempo, de comisiones de investigación parlamentaria cerradas en falso. Pero también de alguna victoria que consideran clave. Eso sí, lograda en suelo europeo. Seguirán batallando, por supuesto. A pesar del agotamiento y de la dificultad que supone plantar cara a las administraciones, una lucha que consideran “desigual”. Y a pesar de que, señalan, se han ido quedando solos con el paso de los años. “Dice muy poco de nuestras instituciones que no se nos permita superar el duelo sin saber la verdad de lo que pasó. Los políticos han terminado generando más dolor”, sostiene Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. Él fue, junto con su mujer y su sobrina, uno de los heridos aquella tarde.

Al otro lado del teléfono, a Domínguez se le nota irritado con la mayor parte de la clase política. A derecha y a izquierda. Con el PP, con el PSOE y también con Unidas Podemos. “Al final sólo están llenos de palabras vacías”, apunta. Pensaban que con la entrada de los morados en el Ejecutivo las cosas serían diferentes. Esperaban que su situación se colocara en la agenda política. Al fin y al cabo, la formación siempre había estado muy implicada con ellos. Por eso, el pasado mes de enero enviaron una carta al recién nombrado vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la que exigían que se llevara a cabo una comisión de investigación técnica independiente del accidente y denunciaban que ni el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ni el propio líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, respondían a sus continuas peticiones de reunión. Pero, dicen, no han obtenido respuesta. “Juegan con la estrategia del silencio. Si esto no les supone una pérdida de votos, las víctimas les damos igual”, denuncia el presidente del colectivo.

Las batallas europeas

Como en cualquier tragedia de estas características, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) abrió una investigación para dilucidar las causas del siniestro. Y casi un año después, emitió su veredicto. El accidente, sostenía el informe, se había debido exclusivamente al exceso de velocidad del maquinista y a la falta de atención del conductor al responder a una llamada del interventor. Se eximía así de responsabilidad tanto a la operadora Renfe como al administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), dos entidades que se encontraban representadas en el organismo dependiente del Ministerio de Fomento. “No se puede ser juez y parte”, denunciaron entonces las víctimas, que recordaron que varios de los informes emitidos por los peritos en la instrucción judicial que se estaba llevando a cabo coincidían en la existencia de deficiencias de seguridad en la línea Ourense-Santiago que no fueron subsanadas por Adif. La desconexión del sistema de control constante de velocidad ERTMS o la señalización “incoherente” eran algunos de los ejemplos.

Los afectados miraron entonces a Bruselas. De la mano del BNG, exigieron a la Comisión Europea que se estudiaran las posibles irregularidades cometidas en la investigación llevada a cabo por la CIAF. El Ejecutivo comunitario encargó entonces un informe a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés). Las conclusiones tardarían en llegar. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy consiguió que no se publicaran antes de las elecciones de 2016 a base de alegaciones. Sin embargo, cuando se pusieron sobre la mesa fueron totalmente demoledoras. Aquel documento, recuerda la eurodiputada Ana Miranda en conversación con este diario, puso en evidencia que la investigación había sido “una trapallada”. En primer lugar, tal y como expuso la ERA, porque no fue independiente. Y en segundo, porque obviaba “causas fundamentales y subyacentes” del siniestro, como la evaluación de los riesgos en los sistemas de seguridad o las decisiones sobre el diseño de la línea o del propio tren.

Las víctimas ponen este informe sobre la mesa como la gran victoria conseguida a lo largo de todos estos años. Al fin y al cabo, Bruselas les daba la razón de principio a fin. “En Europa nos trataron como ciudadanos, algo que en España no ha sucedido”, expone Domínguez. La agencia comunitaria, además, consideraba necesario, dada la gravedad del accidente, que se abriera una nueva investigación que cumpliera con todos estos criterios. Incluso llegó a poner a disposición de las autoridades españolas a sus propios técnicos. Cuatro años después, las víctimas todavía siguen esperando. El pasado mes de enero, el diputado del BNG en el Congreso preguntó al Gobierno por su intención de cumplir con la recomendación llegada desde Bruselas. El Ejecutivo respondió que esa decisión era competencia de la CIAF, un organismo que a día de hoy mantiene que su informe sobre Angrois “realiza un análisis pormenorizado, correcto e independiente”. No obstante, no cierra la puerta a llevar a cabo alguna “actuación o análisis adicional”.

En opinión del presidente de la Plataforma, las autoridades españolas se niegan a llevar a cabo una investigación rigurosa porque pondría al descubierto “cosas mal hechas” alrededor de su “joya de la corona”, en referencia a la alta velocidad. Domínguez, además, recuerda que el duro informe de la ERA no fue la única victoria en todos estos años en suelo comunitario. En este sentido, Miranda señala que la Comisión Europea abrió hace justo un año a España un expediente de infracción al considerar que los procesos de seguridad en el país no cumplían con los requisitos de la legislación comunitaria en materia de seguridad. A día de hoy, explica, el procedimiento continúa abierto. “El Estado ya ha pedido dos prórrogas. De momento, ha mandado una carta de motivación y un plan de Adif y Renfe por el cual se comprometen a cumplir esa normativa, pero Bruselas no lo valida porque dice que la normativa implica una evaluación de riesgos previa y no se dan las garantías financieras para ello”, sostiene. Si España no cumple, Bruselas llevará el caso ante el Tribunal General de la UE.

Juicio a trompicones y comisión cerrada en falso

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Para Miranda, la vía europea, aunque pueda ser lenta, es la única a la que pueden agarrarse ahora mismo las víctimas para intentar que se depuren responsabilidades y evitar nuevas tragedias de este tipo. “El procedimiento judicial en España ha sido de pandereta. Cambio de jueces, dilatación, imputación de responsables políticos secundarios…”, expone la eurodiputada. Domínguez todavía muestra su indignación cuando recuerda cómo el instructor decidió que dos de los tres peritos judiciales en la causa fueran funcionarios impuestos por la Xunta. “Estos no se salían de la versión oficial”, apunta el presidente de la plataforma de afectados. La investigación continúa a trompicones tras varios cierres y reaperturas. En diciembre de 2018, el instructor puso fin a las pesquisas imputando solamente al exdirector de Seguridad de Adif y al maquinista, Francisco José Garzón. Un año después, sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó al juzgado que volviera a retomar las pesquisas.

Lo hizo tras una denuncia presentada por las propias víctimas en la que se aportaba una declaración jurada de un extrabajador de Talgo en la que aseguraba que varios directivos de la compañía habían dado la “orden taxativa” de borrar de la base de datos “las averías” detectadas en el convoy media hora después del accidente. “Al final, toda la información que hemos ido consiguiendo durante estos años ha sido gracias a que nos la han facilitado trabajadores de dentro de Adif o Renfe, por ejemplo”, resume Domínguez. El coronavirus ha dilatado, todavía más si cabe, el proceso. Hasta cuatro veces se han tenido que suspender en el juzgado las nuevas testificales marcadas para arrojar luz sobre esta nueva línea. Al final, a comienzos de julio el extécnico de Talgo se sentó delante del juez, el fiscal y los abogados de las partes y ratificó que se manipuló el sistema de gestión para que las averías pendientes del Alvia aparecieran como reparadas. Los cargos de la empresa citados, sin embargo, lo negaron.

Otra de las decepciones soportadas por las víctimas a lo largo de estos siete años ha sido el resultado de la comisión de investigación en el Congreso sobre el accidente. Los afectados habían puesto muchas esperanzas en que este órgano parlamentario, cuya creación intentó bloquear el PP, permitiese desmontar la “verdad oficial”. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. “Nos encontramos tanto con los vetos del PP como con los del PSOE. No se nos dejó emitir el documental. No se nos permitió acudir a la sesión final para responder a los comparecientes que fueron pasando”, apunta Domínguez. Y, para más inri, la comisión terminó cerrándose en falso con la convocatoria de elecciones. No hubo siquiera documento de conclusiones. El presidente de la plataforma, no obstante, no quiere ninguna otra hasta que no se realice la investigación independiente. “No queremos que vuelvan a agarrarse continuamente a la de la CIAF en sus intervenciones”, apunta. Mientras tanto, él y el resto de víctimas seguirán soportando el dolor de aquella tarde de julio sobre sus espaldas.

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