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Anticorrupción investiga por prevaricación al bufete que fundó Montoro

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al comienzo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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La Fiscalía Anticorrupción investiga por un posible caso de prevaricación al despacho de abogados Equipo Económico, empresa fundada en el año 2006 por el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, según publica este lunes El País. Anticorrupción centra sus pesquisas en un contrato firmado en 2012 entre ese despacho y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

El bufete está dirigido actualmente por Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda durante los Gobiernos de José María Aznar y, destaca el diario, la firma cuenta con otros antiguos colaboradores del titular de Hacienda, como Salvador Ruiz, ex director general de la Agencia Tributaria; Francisco Piedras, ex director del gabinete de la Secretaría de Estado; y Manuel de Vicente, ex jefe del gabinete Técnico de la Agencia Tributaria. El ministro fundó en 2006 este bufete bajo el nombre de Montoro y Asociados y lo abandonó al regresar a la política.

La investigación intenta determinar si la adjudicación vulneró la Ley de Contratos del Estado y cómo y por qué se eligió a este despacho de abogados. El contrato bajo sospecha encargaba un estudio sobre el impacto de la nueva ley de cámaras de comercio, que se empezó a tramitar en 2012 y se aprobó dos años más tarde. Martínez Rico declaró recientemente en la sede de la Fiscalía, así como directivos y exdirectivos del consejo de Cámaras.

Equipo Económico aseguró este lunes que las condiciones del contrato que firmó con la Cámara de Comercio de España para elaborar un estudio las fijó este organismo, y añadió que, según la Ley de Cámaras, su régimen de contratación corresponde al derecho privado. Según Equipo Económico, despacho que dirige Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda con Montoro y hermano del actual director de Gabinete del ministro, el objeto del contrato consistió en la elaboración de un estudio sobre la configuración jurídico-económica, estructura y nuevo modelo de negocio del Consejo Superior de Cámaras, tras la indefinición jurídica creada por el Real Decreto Ley 13/2010, que eliminó la obligatoriedad del recurso cameral permanente que pagaban las empresas.

Además, asegura que se ajustó a los requerimientos que para la celebración del contrato se fijaron por el cliente, de acuerdo con el régimen de contratación establecido por la Ley de Cámaras de Comercio que, "de forma expresa", reconoce que su régimen de contratación es el correspondiente el derecho privado, "criterio compartido por muchos expertos en la materia".

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