Los papeles de Bárcenas

La Audiencia Nacional mantiene fuera del tribunal de la caja B del PP al magistrado clave de la sentencia de 'Gürtel'

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.
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El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, juez clave en la sentencia de la pieza central del caso Gürtel, queda fuera definitivamente del tribunal que juzgará el presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la contabilidad opaca que gestionaba el extesorero Luis Bárcenas. El Pleno de la Sala de lo Penal, que se reunió este viernes, ha rechazado el escrito que había presentado la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) en el que se solicitaba la reincorporación del juez después de la sentencia del Tribunal Supremo que validó las pruebas de la caja B.

Según han informado a infoLibre fuentes jurídicas, los magistrados de la Sala consideran que el argumento de Adade amparándose en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre nulidad de actuaciones no es válido en este momento del procedimiento, ya que debe ser durante el propio acto de la vista oral o una vez finalizado éste cuando deben plantearse este tipo de razonamientos, ni tampoco son ellos los que deben posicionarse al respecto, sino que la acusación popular debe dirigirse al actual tribunal, cuya composición no se puede alterar por esta vía.

De Prada fue apartado del tribunal que juzgará a partir del próximo 8 de febrero el caso de la caja B, en el que el que el PP está acusado como presunto responsable civil subsidiario, en octubre de 2019. Fue la misma Sala de lo Penal la que aceptó las recusaciones presentadas tanto por el partido conservador como por el extesorero ya se ha pronunciado con respecto a la supuesta contabilidad en negro en la sentencia de la primera época de actividades de la trama de corrupción Gürtel, la misma sentencia que se publicó a finales de mayo de 2018 y llevó al PSOE a presentar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. A este magistrado se le atribuyen los planteamientos con los que se daba por acreditado la existencia de esa caja B.

Pero todo esto fue antes de que el Supremo se pronunciara. Un año después de que De Prada fuera apartado, en octubre de 2020, el alto tribunal confirmó la sentencia que había declarado al PP beneficiario económico –partícipe a título lucrativo– de la trama Gürtel y ratificó también que, tal como sostuvo la Audiencia Nacional, existía la caja B del partido "o contabilidad 'extracontable", sobre la que Bárcenas ostentaba "plena capacidad de control y disponibilidad".  En una de sus 1.844 páginas, el Supremo lo expuso literalmente así: "El Tribunal  [la Audiencia Nacional] contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una 'caja', o contabilidad 'extracontable', del PP".

La sentencia del Supremo llevó a Adade a pedir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anulara la recusación de De Prada al entender que no cabe "mantener en vigor las censuras a la sentencia (...) pues ya ha sido aceptada" por el alto tribunal. Afirmaba además que el pronunciamiento del juez en la sentencia de Gürtel no obedecía tanto a una toma de postura, sino que resultaba necesario para un adecuado conocimiento de la causa, por lo que el tribunal de instancia "no se extralimitó".

Desde la acusación popular citaban el artículo 24.2 de la Constitución para subrayar que la garantía del juez predeterminado por la ley tiene como objetivo sustraer la designación de juez o magistrado a toda discrecionalidad y se apoyaban en sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para sostener que el hecho de que un juez se haya pronunciado sobre delitos similares, pero diversos, no puede por sí mismo socavar su imparcialidad en un caso posterior. Así, apelaban al "supuesto excepcional" que prevé el artículo 241 de la LOPJ para solicitar que se declarara la nulidad de actuaciones del auto de octubre de 2019 que apartó a De Prada del tribunal de la caja B.

A sólo quince días de que dé comienzo el esperado juicio sobre el presunto pago con dinero negro de la reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid, la Sala de lo Penal ha abordado el escrito de Adade y ha optado por rechazarlo por no ser el momento procesal oportuno para plantear una nulidad. La Sala expondrá sus conclusiones en una resolución que hará pública la próxima semana.

En la vista oral, el tribunal –que estará compuesto por los magistrados José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García– examinará las pruebas sobre la contabilidad opaca o en B que gestionaron durante años los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y si esa caja se nutría con fondos de empresarios amigosamigos. Serán cuarenta sesiones en las que el partido conservador se sentará, figuradamente, en el banquillo una vez más como presunto responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que otros acusados podrían haber cometido –apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública–. Ahí está la importancia de este procedimiento, no tanto por lo que se juzga como por las implicaciones que tendrá para el partido que ahora preside Pablo Casado.

Aznar y Rajoy, testigos

Están acusados también Bárcenas, el exgerente 'popular' Cristóbal Páez, los socios de Unifica –la empresa que presuntamente cobró en negro la reforma– Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, para quien el fiscal pide el sobreseimiento. Pero la expectación estará más en las testificales, pues están citados a declarar los dos expresidentes del PP y del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas comparecencias han sido solicitadas por las acusaciones populares y no por la Fiscalía Anticorrupción. En el caso de Aznar, será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional, donde no fue citado ni en la fase de instrucción, para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de su partido. Sí compareció en la comisión de investigación del Congreso, en la que aseguró que "no existe ninguna caja B" y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

En cuanto a Rajoy, ya sabe lo que es declarar como testigo ante un tribunal de la Audiencia Nacional: lo hizo en julio de 2017, cuando todavía era jefe del Ejecutivo, en el juicio sobre los primeros años de actividades de la trama Gürtel. En aquella ocasión, afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja B en el partido que presidió entre 2004 y 2018 porque, según alegó, sus responsabilidades eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que propició la moción de censura contra su Gobierno.

Además de Aznar y Rajoy, comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila, y el expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos cargos del partido, todos ya fuera de la primera línea de la política.

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