El Ayuntamiento califica de “incidente puntual” el bloqueo en el sistema antiincendios de la M-30 detectado por los bomberos

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, resta importancia a los problemas detectados por los bomberos de la capital en el sistema antiincendios de la M-30 y descarga la responsabilidad sobre la empresa encargada del mantenimiento de la vía de circunvalación. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del equipo de gobierno, Borja Carabante, señaló este lunes en comisión que el bloqueo identificado en el mecanismo de extinción por agua nebulizada es un “incidente puntual” en la infraestructura. “En todo caso, le pasaremos los informes y los análisis que se hacen posteriormente a cada uno de los incidentes, accidentes o emergencias que se producen en Calle 30 –como se conoce formalmente a la carretera soterrada–”, apuntó el dirigente conservador, quien quiso dejar claro que “en los últimos años” se han atendido 79.500 y que el tiempo medio de resolución fue de poco más de veinte minutos, un dato que “cumple con todos los estándares de calidad y seguridad para un túnel urbano”.

Carabante se pronunció de esta manera en respuesta a la intervención del portavoz de Medio Ambiente y Movilidad del PSOE, Ignacio Benito. A lo largo de varios minutos, el concejal socialista cuestionó “la efectividad de las instalaciones de protección contra incendios” de los túneles, lo cual es “gravísimo”. Sobre todo, teniendo presente que hace ocho años un fuego en uno de los cuartos de baterías de la M-30, en el que fallecieron dos operarios, puso al descubierto numerosas deficiencias en los sistemas de extinción. Además, Benito numeró también algunos incumplimientos de los pliegos de contratación con Emesa, la empresa que se encarga del mantenimiento. En primer lugar, dijo que de las cuatro bases operativas de atención a incidencias y emergencias que debería haber, solo tres se dedican a estas labores. En segundo lugar, que en cada una de esas dotaciones, en lugar de los cuatro trabajadores que debería haber, “normalmente” hay tres. Agentes de intervención que la firma no considera como “personal de emergencias” a pesar de que les da formación “en materia de protección y extinción de incendios” o “primeros auxilios”.

“El único motivo para no reconocerles su trabajo como bomberos profesionales de empresa es el de pagarles como oficiales de primera de la construcción, funciones que evidentemente no son las que realizan”, sostuvo el edil socialista, quien recordó que ya en noviembre de 2017 el Pleno instó en una serie de recomendaciones a reconocerlos “como personal del servicio de emergencias”. “Al tratarse de una infraestructura crítica para Madrid, estos trabajadores deben depender de Madrid Calle 30. Pero, por ahora, Emesa debe reconocerlos mediante convenio con la categoría que les corresponde, que es bombero profesional de empresa para los agentes de intervención y operador de control de emergencias para los trabajadores del Centro de Control”.

Carabante, por su parte, calificó como “incidente puntual” el bloqueo del mecanismo de extinción del que alertó el Cuerpo de Bomberos el pasado mes de octubre y recordó que la “gestión” del túnel depende de la empresa concesionaria. No obstante, quiso dejar claro que desde Madrid Calle 30, la empresa mixta de la que forman parte tanto el Ayuntamiento de Madrid como Emesa –tienen el 80% y el 20% de la participación, respectivamente– se han dado diferentes pasos para reforzar la “seguridad”. Así, por ejemplo, recordó que se han multiplicado el importe presupuestado para 2021 en relación con las “inversiones de renovación y reposición” y que ya se ha adjudicado “un contrato de asistencia técnica para asesoramiento, información y apoyo a los trabajos del responsable de seguridad del túnel para poder dotarle de aquellos medios técnicos de análisis y estudio que le permita no solo analizar el motivo de un incidente, sino también tomar medidas de carácter preventivo para minimizar en la medida de lo posible cualquier situación de riesgo”. En cuanto a la situación laboral de los trabajadores, pidió esperar a la próxima reunión del Consejo de Administración.

El pasado 30 de octubre, a las 9:14 horas, un dispositivo del Cuerpo de Bomberos se desplazó hasta la zona de la Glorieta de San Vicente, junto a la estación de Príncipe Pío, tras activarse la detección automática de incendios en un cuarto de baterías de un centro de las instalaciones de la carretera de circunvalación. A su llegada, el personal de Madrid Calle 30, la sociedad mixta de la que forman parte el ayuntamiento de la capital y Emesa, acompañó a los bomberos hasta el cuarto en cuestión, donde no se localizó el motivo de la alarma. Sin embargo, antes de dar por terminada la intervención, los profesionales revisaron la instalación e identificaron un problema que les resultó preocupante. Y así lo hicieron constar en la denominada Nota de servicio interior, sellada por el Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del consistorio y a la que ha tenido acceso infoLibre. “Comprobamos que las instalaciones de extinción por agua nebulizada las tienen cerradas, anulando el disparo automático de dichas instalaciones”, recoge el parte del servicio.

Los bomberos preguntaron entonces al personal de Madrid Calle 30 el motivo por el que ese sistema de extinción no estaba operativo de forma automática, lo que conllevaría tener que activarlo manualmente en caso de incendio. “No saben la causa”, recoge el jefe de turno en su escrito. Un problema que recomienda corregir: “Sería conveniente por parte del servicio revisar que los sistemas de extinción de dichas instalaciones se hallen en perfecto funcionamiento”. “Tras la descripción realizada por el jefe de turno, se recomienda contactar con Calle 30 para que los sistemas de PCI –protección contra incendios–se encuentren en perfectas condiciones de funcionamiento”, se insiste en la Nota de servicio interior.

No es la primera vez que se ponen sobre la mesa deficiencias de este tipo en las instalaciones de la M-30. Hace ocho años, la muerte de dos trabajadores de Emesa –Sergio Martínez y Gregorio Camacho– en un incendio en las instalaciones destapó numerosas irregularidades en el sistema antiincendios. Los informes elaborados entonces tanto por los Bomberos como por la Policía Judicial evidenciaron que las comunicaciones en el interior de los túneles no funcionaron o que los dispositivos automáticos de extinción por agua nebulizada estaban “fuera de servicio y parcialmente desmantelado”, un mecanismo que, además, llevaba tres años sin someterse a labores de mantenimiento. El entonces delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez Angulo, explicó que la auditoría que realizaba semestralmente el consistorio no había identificado esos fallos porque el examen era “aleatorio” y “coincidió que el del primer semestre no incluyó” el pozo incendiado. A pesar de los incumplimientos de contrato, Emesa no fue sancionada.