Portada de mañana
Ver
Las cinco victorias de 2024 que animan a los sindicatos en un 1 de Mayo centrado en la reducción de la jornada

Investigación

El Ayuntamiento de Madrid incluye también en el plan de alquileres asequibles al grupo ligado a las Caimán

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), interviene durante la inauguración de la XIII Edición del Foro Spain Investors Day

La penetración de un grupo propiedad de una compañía del paraíso fiscal de las Islas Caimán en el escenario de los alquileres de pisos construidos en suelo público no se ha limitado al plan del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP). Una de las múltiples filiales que ese grupo, encabezado en España por Saturn Holdco SA, se cuenta también entre las tres concesionarias elegidas por el Ayuntamiento de Madrid para construir y gestionar durante 45 años en torno a 2.000 viviendas repartidas en 11 distritos. Se trata de Redes 2 Promotora Inversiones 2018 IV SL, que en junio de 2023 recibió la concesión de dos de los cinco lotes de terreno público en liza y en los que construirá y alquilará 868 viviendas según se publicita en la web de Culmia, la rama de Saturn Holdco SA que ejerce de mascarón de proa del holding.

La información difundida en su día por el consistorio madrileño asegura que las rentas mensuales de las más de 2.000 viviendas adscritas a su programa de alquiler asequible serán inferiores hasta un 30% a las del mercado. Pero aún no hay datos exactos más allá de que, al igual que en la Comunidad de Madrid y como recuerdan los dos grupos de oposición, Más Madrid y PSOE, serán las empresas privadas beneficiarias de las concesiones de suelo las que seleccionen a los inquilinos.

Los otros dos adjudicatarios

De los tres adjudicatarios de terrenos municipales, el segundo es una filial del grupo Vía Ágora, que en verano ganó protagonismo cuando se supo que contrataría a quien, como concejal de Desarrollo Urbano en nombre de Ciudadanos, había tramitado el plan de alquiler asequible. El escándalo provocado por aquel fichaje hizo que Ágora diese marcha atrás y renunciase a fichar al exedil Mariano Fuentes. En la cúpula de la compañía y en su calidad de socio único se sitúa Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ACPE, la patronal de los promotores y constructores. El fichaje de Fuentes fue puesto en manos de la oficina municipal contra el fraude y la corrupción por el PSOE como un posible caso de incompatibilidad manifiesta. Pero quedó en nada porque Ágora había dado marcha atrás y no llegó a contratar a su elegido. Fuentes ostentó el cargo de delegado de Desarrollo Urbano hasta el 17 de junio, la fecha en que, por segunda vez, tomó posesión el nuevo equipo del alcalde José Luis Martínez Almeida.

En su escrito, el PSOE exponía que el concejal de Desarrollo Urbano había dirigido todo el proceso para la adjudicación de “los derechos de superficie sobre las parcelas municipales de los lotes [de suelo público para vivienda de alquiler] 1, 2, 3, 4 y 5”. El texto remarcaba que los derechos del lote 3, el de mayor importe, se adjudicaron a la empresa Spaces by Vía Ágora, administrada al 100% por Vía Ágora, por valor de 7,5 millones en enero de 2023, aunque la adjudicación no se hizo efectiva hasta el 15 de marzo.

Ese día, el Ayuntamiento sabía que Mariano Fuentes estaría fuera, por lo que fue el titular de Igualdad y Familias, José Aniorte, quien firmó finalmente la adjudicación en su condición de suplente del delegado de Desarrollo Urbano. Aniorte fue uno de los dos concejales de Ciudadanos que un mes antes de las elecciones de mayo de 2023 abandonaron el partido. Almeida los mantuvo en sus cargos y se barajó incluso la posibilidad de que pasaran a engrosar la candidatura del PP.

La tercera firma beneficiada –Avintia Desarrollos Inmobiliarios SL, que aquí va de la mano de la promotora Pecsa Real Estate SL– pertenece a Antonio Martín Jiménez, uno de los empresarios imputados en la Operación Púnica en la pieza conocida como Obrum, nombre de una de las sociedades de las que formaba parte e investigada por los contratos de obra de la Comunidad de Madrid. Fuentes jurídicas que conocen de primera mano el sumario de Púnica han confirmado que Martín continúa bajo investigación judicial. Infolibre no logró el viernes contactar con ningún portavoz de Avintia.

Los pagos por asesoramiento a dos diputados históricos del PP

Como vicepresidente, el grupo de Saturn Holdco SA tiene a día de hoy a Mario Armero Montes, cuyo nombre saltó a los titulares cuando en 2015 Hacienda descubrió que años atrás la constructora de la que había sido consejero delegado, Collosa, pagó a Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte, ambos del PP, un total de 429.000 euros mientras eran diputados.

Tanto los políticos como la empresa defendieron que ambos daban un asesoramiento verbal al consejo de administración de la compañía. En declaraciones a El País y respecto a Vicente Martínez Pujalte, Armero sostuvo lo que sigue: “El que recibía el asesoramiento era yo. Es verdad que no eran informes sino que nos sentábamos y yo le preguntaba por dónde iba la economía y si creía que la crisis iba a ser pasajera o no”. “Tiene –agregó– una visión privilegiada de la economía”.

“Es una empresa legal”

Cabeza de un holding que en España agrupa a 31 filiales del sector inmobiliario y como publicó el lunes infoLibre, la información mercantil constata que Saturn Holdco SA tiene como socio único a la firma luxemburguesa OCM Redes Holdco Sarl, y así lo atestiguan sus últimas cuentas anuales, las de 2022. Documentos oficiales confirman a su vez que OCM Redes Holdco Sarl es propiedad al 100% de Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Cayman) LP, con un capital social cifrado en 512.000 euros distribuidos en 11 series de acciones y cuyos titulares resulta imposible conocer. Oaktree es la marca de un megafondo estadounidense con múltiples ramas, buena parte de ellas en las Caimán, territorio británico de ultramar caracterizado por tributación cero y cooperación judicial nula.

Un grupo controlado desde las Islas Caimán gestiona casi la mitad de los pisos del plan de alquiler de Ayuso

Un grupo controlado desde las Islas Caimán gestiona casi la mitad de los pisos del plan de alquiler de Ayuso

Este diario preguntó a la Concejalía de Urbanismo, heredera de la de Desarrollo Urbano y ahora dirigida por el PP como el resto de las delegaciones municipales, si conocía que la filial de Saturn Holdco SA concesionaria de suelo para viviendas de alquiler es en última instancia propiedad de una firma domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. La respuesta de la concejalía a través de su portavoz fue escueta: “Culmia es una empresa legal”. La adjudicataria no es Culmia –otra de las filiales de Saturn y cara visible del holding– pero en los documentos del Ayuntamiento su nombre aparece entre paréntesis junto con el de Redes 2 Promotora Inversiones 2018 IV SL.

¿Y dónde quedan los más vulnerables?

Para la oposición, el programa de Martínez Almeida sobre viviendas de alquiler asequible presenta puntos negros que ponen en duda su carácter social. Álvaro Fernández Heredia, concejal de Más Madrid, cree que “el Madrid de Almeida es un Madrid de negocio asegurado para unos pocos. La política urbanística y de vivienda del gobierno del PP vuelve a ser un traje a medida para grandes fondos de inversión, que marcan el paso de la ciudad en el acceso a un derecho fundamental”. Fernández Heredia califica como “muy grave” que se entregue la construcción de la vivienda asequible “a unas empresas opacas que se dedican a la especulación pura y dura, y más grave todavía, que también se ponga en sus manos la libre adjudicación de esas viviendas”. Almeida, remata el edil, “es un fiel seguidor de los que dicen no querer intervenir en el mercado de la vivienda pero acaban siendo los más intervencionistas: lo que pasa es que intervienen para garantizarle el pelotazo siempre a los mismos desprotegiendo a los madrileños y madrileñas”.

Desde el PSOE, su responsable municipal de vivienda, Pedro Barrero, sostiene que “no es una actuación municipal de interés social para hacer llegar a los sectores socioeconómicos más vulnerables el derecho a una vivienda digna”. El concejal sustenta su afirmación en un argumento central: “Vuelven a imponer el límite máximo de ingresos familiares, entre 5,75 y 7,5 veces el IPREM , es decir entre 45.474 y 58.128 euros anuales, para poder tener acceso a estas viviendas dejando fuera una vez más a la mayor bolsa de demandantes, jóvenes y familias con salarios medios más bajos o más vulnerables”.

Más sobre este tema
stats