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'Operación Tándem'

Cae acusado de soborno y blanqueo el comisario Villarejo tras años en el ojo del huracán

Jordi Évole entrevistando al excomisario José Manuel Villarejo en 'Salvados'.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, una de las figuras más controvertidas de la Policía y situado en los últimos años en el ojo del huracán, permanece bajo arresto desde este viernes acusado de graves delitos de corrupción. Muy conocido fuera de los círculos policiales y periodísticos desde que trascendió su presencia en la llamada Operación Cataluña, atribuida a las altas instancias de Interior para investigar al margen de los tribunales a políticos catalanes, la Fiscalía Anticorrupción implica a Villarejo en los delitos de soborno, organización criminal, blanqueo de capitales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Al igual que Villarejo fueron detenidos su mujer –la periodista Gemma Alcalá– y el excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, que ahora ocupaba el cargo de comisario jefe de la unidad de redes contra la inmigración ilegal.  La Fiscalía Anticorrupción, que coordina la ya bautizada como Operación Tándem con autorización del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, atribuye a Villarejo y Salamanca haberse prevalido de sus respectivos cargos para ofrecer "servicios especializados de inteligencia" y de "facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español". A cambio habrían obtenido "elevadas sumas de dinero" y "regalos suntuarios diversos".

Según Anticorrupción, esa organización criminal tenía como principal objetivo reintroducir en España fondos procedentes de "la corrupción internacional en los negocios". 

Aunque la Fiscalía emitió seis órdenes de arresto, fuentes de la investigación consultadas por infoLibre aseguraron que a última hora de la tarde solo había cuatro detenidos: los tres citados y, según el entorno de Villarejo, el administrador de la clínica que el veterano policía posee en Málaga, Juan Carlos E. Fuentes policiales expresaron un importante malestar por el hecho de que la existencia de la operación hubiera trascendido antes de que los arrestos se produjesen. 

Su socio viaja hacia España desde Panamá

Las mismas fuentes del entorno de Villarejo han asegurado que el socio del excomisario en distintos negocios de su amplia red empresarial, el abogado Rafael Redondo, viaja de regreso a España desde Panamá "para atender" otra orden de detención. Redondo se encontraba "desde el martes" en el país centroamericano "preparando su participación y la de Villarejo en un foro jurídico" organizado para finales de mes. Este diario no ha podido confirmar la identidad de la sexta persona cuyo arresto seguía pendiente por la tarde. 

A lo largo de la jornada y efectuados por agentes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía, se han practicado más de una docena de registros en Madrid, Valencia y Málaga.  Pasadas las nueve de la noche y desde las once de la mañana, la Policía continuaba peinando en el municipio madrileño de Boadilla la sede del bufete Stuart and Mackenzie Spain. Personas del círculo del excomisario explicaron a este diario que el cuartel general del Grupo Cenit, una de las piedras angulares del conglomerado empresarial con cuya propiedad se hizo Villarejo durante su excedencia de diez años –de 1983 a 1993–, no pudo ser registrado este viernes porque no había ningún empleado. El despacho se mantiene bajo vigilancia policial.

En 2015, el diario El País publicó una información según la cual Villarejo controlaba en esa fecha un entramado empresarial de 12 sociedades cuyo capital social sumaba 16 millones de euros. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, a cuyo cargo han estado los arrestos y los registros, ha investigado durante meses los negocios de Villarejo. El policía ha aducido en diversas ocasiones que el origen de su patrimonio es legítimo. Y que Interior le permitió mantener sus empresas precisamente porque las había puesto al servicio del Estado en su calidad de "agente encubierto".

¿Cloacas del Estado o guerra sucia?

Definido por sus detractores como emblema de "las cloacas del Estado" y envuelto durante el último lustro en una larga serie de episodios que han evidenciado una insólita guerra de facciones en la cúpula policial, sus allegados y los de Carlos Salamanca sostienen por el contrario que son los dos policías los que están siendo víctimas de guerra sucia.

Desde la óptica de Villarejo, su enemigo por antonomasia es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De hecho, en 2015 llegó a presentar una denuncia en la que exponía la existencia de una organización criminal que estaría integrada por agentes del CNI, por el entonces jefe de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín-Blas, un periodista de El País y dos fiscales anticorrupción. Según Villarejo, todos ellos le perseguían porque se había atrevido a denunciar el robo por parte de espías españoles de tres millones de euros destinados oficialmente a lograr la liberación de dos periodistas secuestrados en Siria. El policía insinuaba nada menos en esa denuncia que la vicepresidenta del Gobierno y su jefa de gabinete manejaban los hilos de la sedicente organización criminal. La querella fue archivada de plano.

La guerra con Martín-Blas, a quien el ministro Jorge Fernández Díaz cesó finalmente como responsable de Asuntos Internos, se remonta al estallido del caso Emperador. Es decir, a la causa donde se investigaba la mafia china de Gao Ping. El comisario Carlos Salamanca llegó a estar imputado, aunque esa investigación se archivó mientras que otros policías fueron juzgados y finalmente absueltos de la acusación de haber revelado información a la red de blanqueo de Gao Ping.. El entonces comisario de Asuntos Internos Martín-Blas, relacionó al hijo de Villarejo con la trama.

Y ese fue el detonante de la guerra entre los dos comisarios, que previamente habían trabajado juntos durante 2012 en la denominada  Operación Cataluña y como parte de lo que ya se conoce como "policía política".  Ambos terminaron enfrentados en los tribunales en casos como el del pequeño Nicolás, que desató una guerra interna en el CNI.

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El nombre de Villarejo saltó también a la escena pública cuando el diario El Mundo difundió en 2015 una grabación que demostraba cómo el entonces presidente de Madrid, Ignacio González, le había transmitido al comisario su deseo de que "no saliera" la investigación sobre su ático de Estepona.

Además, un juez de Madrid le investiga en la causa contra el empresario Javier López Madrid por supuestamente acosar a la doctora Elisa Pinto, quien señaló en una rueda de reconocimiento al excomisario como la persona que la apuñaló el 10 de enero de 2014.

 

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