Un cambio legal permitió a Madrid desde 2011 adjudicar viviendas públicas con menor transparencia

Un cambio legal introducido en enero de 2011 en la normativa autonómica permitió a la Comunidad de Madrid prescindir de los mecanismos que hasta entonces eran garantía de transparencia en la adjudicación de pisos de alquiler con opción de compra para menores de 35 años.

Aquel cambio eliminó de un plumazo la cláusula que obligaba a asignar las viviendas sobrantes de cada promoción por riguroso orden según el número que los interesados hubieran conseguido en la lista de participantes de cada sorteo. El Gobierno regional sostiene que el objetivo de la modificación fue agilizar los trámites porque -dicen sus portavoces-  las promociones "no se completaban" ni acudiendo a los beneficiarios de cada sorteo ni a los llamados beneficiarios de reserva ni a aquellos a los que el bombo dejó por completo fuera. El equipo de Cifuentes anuncia no obstante una "revisión global de la normativa", aunque sus portavoces no han especificado qué líneas maestras seguirá. 

Sin ese cambio efectuado en 2011, la ya ex número tres de la Agencia de Vivienda Social de Madrid, María Jesús Martín Nieto, no habría podido lograr, en la Navidad de 2012 y en solo 20 días, un piso del Plan Joven sin sorteo, sin que su nombre figurase siquiera en la lista pública de aspirantes y sin renunciar previa y expresamente a su derecho a otra vivienda para la que ya había sido seleccionada cinco años antes. Cuando Martín Nieto consiguió el piso donde actualmente reside, la llamada Lista Única de Demandantes de viviendas del Plan Joven sumaba más de 300.000 personas.

Forzada por el Gobierno de Cristina Cifuentes, Martín Nieto dimitió este viernes, un día después de que infoLibre publicase las circunstancias en que consiguió su vivienda y las sorprendentes explicaciones con que trató de justificar lo sucedido. 

Adiós al orden consecutivo

La modificación legal que rebajó el listón de la transparencia en una materia de alta sensibilidad afectó a la Resolución que desde 2008 regulaba cómo debían adjudicarse aquellas viviendas del Plan Joven entre cuyos beneficiarios, seleccionados por sorteo, se produjeran renuncias o bajas de cualquier índole.

Hasta febrero de 2011, las vacantes se cubrían mediante un sistema objetivo y difícil de burlar. Si quedaban viviendas pendientes de adjudicar después de que hubieran sido ofrecidas a los "beneficiarios titulares" del sorteo y a los que habían quedado en el turno de reserva, estas debían brindarse a las siguientes personas: "(...) a los participantes no seleccionados en el sorteo de dichas viviendas, comenzando por quien hubiera obtenido, en la lista definitiva de participantes, el número de participante consecutivo al último seleccionado como reserva, continuando correlativamente hasta adjudicar todas las viviendas".

Pero el 28 de enero de 2011, es decir, cuatro meses antes de las elecciones municipales y autonómicas de aquel año, el Gobierno de Esperanza Aguirre introdujo un cambio sustancial vía boletín oficial. La Resolución de abril de 2008 fue sustituida por otra que instauró un nuevo sistema de reparto de las viviendas del Plan Joven entre cuyos beneficiarios se hubieran producido renuncias o bajas por cualquier motivo. La referencia expresa al orden consecutivo por el que debía regirse el ofrecimiento de pisos a los participantes en cada sorteo dio paso a la siguiente fórmula: si quedasen viviendas pendientes de adjudicar, "estas se ofrecerán a los inscritos en la lista única de solicitantes, hasta adjudicar todas las viviendas".

Ese texto es en sí mismo un pleonasmo, es decir, una reiteración innecesaria. Porque, por definición, las viviendas del Plan Joven y salvo en la remota hipótesis de que ningún potencial beneficiario desee acceder a ellas sólo pueden ser ofrecidas a quienes estén inscritos en la Lista Única de Demandantes. El contenido de esa lista es público salvo que la Comunidad de Madrid termine confirmando la versión que la ex número tres del Ivima mantuvo ante este diario a través de sus portavoces: que alguien puede estar inscrito en la Lista Única sin que su nombre y apellidos figuren en ella. 

Tanto la resolución de 2008 como la de 2011 fueron dictadas por el entonces director general de Vivienda, Juan Van-Halen. Tras su paso por la Comunidad de Madrid, Van-Halen se convirtió en director de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento. En febrero de este año dimitió tras su citación como imputado por la venta de 2.935 viviendas del Ivima al fondo buitre Goldman Sachs.

Preguntas en el aire

La cuestión clave en cuanto al sistema de adjudicación no reside en a quiénes se ofrecen los pisos sobrantes de cada promoción sino cómo y con qué criterios: la norma de 2008 establecía un férreo orden consecutivo mientras que la de 2011 lo eliminó de un plumazo. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid pasó a ofertar las viviendas sobrantes en su web. Y, según sus portavoces, la Dirección General de Vivienda pasó a asignarlas a quienes, cumpliendo los requisitos de pertenencia a la Lista Única, las solicitasen primero. 

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Pero mientras que el número obtenido por cada participante en el sorteo de una determinada promoción de viviendas queda documentado (aparece junto al nombre del aspirante) y es susceptible de comprobación pública, el orden de llegada de las solicitudes cursadas por Internet al Portal de Vivienda de la Comunidad de Madrid resulta de difícil contraste externo. En el caso de María Jesús Martín Nieto, la Consejería madrileña de Vivienda asegura que formuló su solicitud el 6 de diciembre de 2012. Y que en total se registraron 444 solicitudes a partir de que el 5 de noviembre de 2012 salieron al mercado del Portal de Vivienda las 155 viviendas que habían quedado sin adjudicar en esa misma promoción, localizada en el boyante municipio madrileño de Majadahonda. 

Para el sorteo de las 512 viviendas de esa promoción habían concurrido al sorteo de 2007 nada menos que 237.942 personas, cuantifica la Consejería de Vivienda. La Comunidad de Madrid dice que la Orden de 2008 y su sistema de asignación de vacantes por riguroso orden consecutivo se sustituyó por la Orden de 2011 con el objetivo de alcanzar mayor "agilidad". "Con el sorteo no se cubrían las promociones completas", sostienen los portavoces de la Consejería de Vivienda.

Pero esa explicación deja preguntas en el aire: ¿cómo es posible que en el otoño de 2012, ya en plena crisis, solo 444 personas pujaran por alguna de esas 155 viviendas, ubicadas en un recinto cerrado y ajardinado a escasa distancia del nuevo hospital público de Majadahonda y que, con una renta mensual de 500 euros podrían ser adquiridas a los siete años por 150.000 euros? ¿Habían perdido interés los más 237.000 aspirantes que no resultaron agraciados en el sorteo de 2007, habían mejorado sus condiciones económicas de forma que quedaron automáticamente excluidos? La respuesta es una incógnita.