'Caso Púnica': la exjefa de prensa de Aguirre tira de la manta y acusa a dos exconsejeros de montar la trama

La exdirectora de comunicación de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, declaró este jueves como imputada a petición propia en la Audiencia Nacional por el caso Púnica. Antes de que el juez, Manuel García Castellón, comenzara a interrogarle, Gallego le entregó un documento de ocho folios en el que exculpa a Esperanza Aguirre de cualquier responsabilidad y asegura que las empresas de Alejandro de Pedro comenzaron a trabajar en el Gobierno regional a partir de la llegada de Ignacio González a la Presidencia y que lo hicieron de la mano de los ex consejeros Salvador Victoria y Borja Sarasola, informa la cadena Ser.

Siempre según ese documento, esos dos ex cargos idearon el sistema para que las empresas de la trama facturaran trabajos de reputación online que supuestamente hicieron a Esperanza Aguirre e Ignacio González a través del Canal de Isabel II, Indra y contratos menores con la dirección general de medios que ella dirigía.

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Según Gallego, su departamento pagó entre 2012 y 2014 a la trama 50.000 euros y solo en el año 2012 el Canal e Indra desembolsaron más de 103.000 euros. Unas cifras que ella consideró "una barbaridad".

El escrito detalla que esta presunta trama destinaba el 1% de cada obra adjudicada a contratos de promoción. Los investigadores no descartan, señala la Ser, que una parte de ese 1% fuera para financiar al PP. La imputada se desmarcó de esa trama y subrayó que "lo impulsó Manuel Lamela, consejero de Sanidad entre 2004 y 2007 y de transportes de 2007 a 2008". Añadió que "la iniciativa fue copiada por otras consejerías pero no había una norma que lo regulara, de hecho, otros consejeros como Beteta o Güemes se negaron a aplicarla".

Mientras que Ignacio González ha estado en prisión preventiva siete meses por otro caso de corrupción, la Operación Lezo, Aguirre no se encuentra imputada aunque los investigadores la tiene en el punto de mira por su posible participación en el amaño de un contrato en el caso Lezo y por la presunta financiación irregular del PP madrileño.