La investidura catalana

Cataluña vuelve a la casilla de salida

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se saludan después de la investidura.

Fernando Varela

Han pasado 450 días desde que el Gobierno de España y el Govern de Cataluña se sentaron por primera y única vez hasta la fecha en torno a una mesa en el Palacio de la Moncloa para intentar hallar una solución al conflicto político que enfrenta a los partidarios de la independencia con quienes se oponen a ella. Y que, desde el intento de secesión unilateral de octubre de 2017, ha convertido el debate territorial en la piedra angular de la confrontación política en el conjunto de España.

La constitución de aquella mesa fue la llave que abrió a Pedro Sánchez la investidura y con ella una vía de escape al callejón sin salida en el que había entrado un año antes la política española y que condujo a la celebración de dos elecciones generales. Pero su continuidad no pudo sobreponerse a la influencia combinada de la pandemia y de la interinidad en la que entró la política catalana desde el día en el que president Quim Torra declaró agotada la legislatura autonómica y se dispuso a anticipar las elecciones. Un país paralizado por el virus y la expectativa de un cambio en el liderazgo del Govern aparcaron el debate sobre Cataluña.

Hasta ahora. La investidura de Pere Aragonès como president de la Generalitat, el primero republicano desde los tiempos de Josep Tarradellas, devuelve la política catalana a la casilla de salida en la que se encontraba hace un año. El Govern sigue formado por una coalición ERC-Junts, pero Esquerra, ahora en la presidencia, quiere demostrar que el orden de los factores sí altera el producto. Al menos en lo que la gestión de los asuntos públicos se refiere y habrá que ver si también en lo que afecta a la mesa de diálogo.

La Moncloa espera mucho del nuevo gobierno catalán, sobre todo después de tres años y medio largos de parálisis. Y al mismo tiempo es tremendamente escéptica acerca del margen de maniobra que Esquerra vaya a tener por parte de Junts. Los republicanos siguen creyendo en las virtudes del diálogo abierto hace un año —es la columna vertebral de la estrategia marcada por su líder Oriol Junqueras, tras el fracaso del 1 de octubre— y los neoconvergentes de Puigdemont, en cambio, siguen instalados en construir una hoja de ruta unilateral que en la práctica significa volver a recorrer el camino que condujo a la vía muerta de 2017.

A su vez, Esquerra, y ahora el president de la Generalitat, se preparan para intentar desarrollar una estrategia de diálogo que Junqueras siempre ha entendido como la mejor manera de ampliar la base social que demanda un referéndum pactado como la única manera de resolver el conflicto. Sólo así, sostienen los republicanos, será posible crear las condiciones que hagan inevitable la convocatoria de una votación acordada y reconocida internacionalmente. Junqueras lo volvió a decir este viernes: “Los grandes consensos se tienen que construir en el Parlament y con toda la sociedad”. En ese contexto, “el referéndum será inevitable”.

Es un objetivo que requiere tiempo. Porque los comunes no están, hoy por hoy, por sumarse a la estrategia independentista. Pero tiempo no es en absoluto lo que Junts está dispuesta a conceder al diálogo: entre las prioridades de los de Puigdemont está desacreditar, en cuanto sea posible, la utilidad de la mesa. En Esquerra suspiran y se ponen a cubierto: lo más difícil de la legislatura que empieza será evitar que el Govern se convierta “en Vietnam”, sostienen resignados sus dirigentes. 

Inestabilidad

El president Aragonès tendrá que hacer equilibrios. Ya los ha hecho para pactar la investidura. Y son tan complicados —incluyen también a la CUP, que tampoco cree en la mesa de diálogo y pide “confrontación”— que casi nadie cree que la legislatura catalana se vaya a completar y alcance el año 2025.

Eso es lo que predijo en el debate de investidura gran parte de la oposición. La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, aseguró que el nuevo Govern nace con “obsolescencia programada”. “No es cambio de gobierno, es un cambio de cromos”.

Entre las incógnitas que quedan por resolver está el modo en el que Esquerra se dispone a administrar su influencia en el Congreso ahora que puede utilizarla en favor de sus políticas en el Govern. Y el futuro de los dirigentes políticos y sociales condenados por la declaración de independencia, pendientes de un hipotético indulto o de una reforma del Código Penal —a la que el Gobierno de Sánchez se ha comprometido— que reduzca las condenas para los delitos de sedición.

En un contexto en el que además el exministro Salvador Illa ejercerá de jefe de la oposición en un Parlament con mayoría independentista pero también claramente escorado a la izquierda.

Illa ya dejó claro en la investidura que el PSC no apoyará ningún referéndum. Por ahí hay poco espacio para cimentar una relación constructiva. Los socialistas catalanes respaldan la reactivación de la mesa, pero exigen que vaya acompañada de un espacio de diálogo dentro de Cataluña, una de las condiciones que en su día puso Pedro Sánchez para avanzar en la búsqueda de una solución al conflicto y que, repite siempre que tiene ocasión, debe incluir a los partidos catalanes que no son independentistas.

Donde sí habrá margen para el acuerdo, señaló el líder del PSC, es en otros asuntos, como la defensa de la sanidad catalana. Pero para eso, indicó, hace falta diálogo. Y aunque ve a Aragonès más como un hombre dialogante que como un hombre de confrontación, “es importante que lo aclare. Si hacemos diálogo, hagámoslo en serio. Levantemos vetos y olvidémonos de la confrontación”, propuso.

Una mesa con nuevas caras

En el último año la política española ha sufrido algunos cambios que inevitablemente tendrán reflejo en la mesa. En primer lugar, del lado catalán, el jefe de la delegación ya no será un representante de Carles Puigdemont (entonces era Quim Torra) sino el nuevo president republicano, Pere Aragonès.

Del lado del Gobierno, faltará Salvador Illa, que ya no forma parte de él. Pero tendrá asiento Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y todavía primer secretario del PSC. Y el asiento de Pablo Iglesias —que hace un año no acudió a la cita por razones de salud— será ocupado por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

De acuerdo con la literalidad del acuerdo alcanzado en la reunión de febrero de 2020 en la Moncloa, la segunda ronda de conversaciones deberá tener lugar en Barcelona. Y el punto de partida de la mesa serán los documentos firmados en la cita de Madrid.

En aquella ocasión los Gobiernos de España de Cataluña se pusieron de acuerdo en algunas ideas relevantes para iniciar el diálogo. En primer lugar, en la constatación de “la naturaleza política del conflicto y que este requiere de una solución política”. Que es tanto como decir que no puede quedar en manos de los tribunales.

En segundo lugar, acordaron que la mesa es “un instrumento para vehicular una solución” y “continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo”.

¿Con qué metodología? Un grupo de trabajo de segundo nivel integrado por representantes de ambas partes será que plantea alternativas y ensaye fórmulas de aproximación que, si llegan, tendrán que ser ratificadas en presencia de Sánchez y Aragonès.

El límite de la “seguridad jurídica”

¿Y con qué límites? La primera y única mesa celebrada hasta ahora dejó claro “cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica”.

Esta terminología no es nueva. El acuerdo de investidura entre el PSOE y Esquerra ya hacía referencia, con otras palabras, al mismo concepto, al afirmar que “las medidas en que se materialicen los acuerdos” de la mesa de diálogo se adoptarían “de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Una mesa, señalaba también aquel pacto, cuyos límites son, precisamente, “los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”.

Hay incluso una referencia más antigua: la Declaración de Pedralbes, suscrita en diciembre de 2018 por Sánchez y Quim Torra. En ella ambos apostaban por “avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”. Y añadían una apostilla muy clarificadora: “La propuesta democrática que resulte del trabajo de los espacios de diálogo, deberá articularse mediante las oportunas y posibles modificaciones legislativas”.

Es de eso, según confirmaron en su día a infoLibre fuentes de las dos partes negociadoras, de lo que habla el acuerdo de febrero de 2020: si alcanzan un acuerdo para el que sea necesario acometer reformas legislativas, ambas partes se comprometen a impulsarlas de acuerdo con la legalidad vigente tramitándolas a través del Congreso de los Diputados e incluso sometiéndolas a referéndum en el caso hipotético de que impliquen una reforma de la Constitución o del Estatut.

Un acuerdo que, en palabras de Sánchez, debe aspirar a obtener un respaldo por encima del 80% de la sociedad catalana, lo que necesariamente incluiría a independentistas y no independentistas. Y que hoy parece del todo impracticable.

De ahí la insistencia de Aragonès en la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación, pero esta vez “con seguridad jurídica”. Acordado con el Gobierno de España y reconocido internacionalmente. En el que una de las opciones sea, al menos, la independencia. Esquerra quiere trasladar a España el modelo de Escocia de 2014, el mismo que ahora el Gobierno escocés quiere repetir y que el primer ministro británico, Boris Johnson, se niega a conceder.

Escocia es el modelo

Lo repitió en la investidura: su compromiso es culminar la independencia y solucionar el conflicto catalán con un referéndum pactado con el Estado: “Esta es mi obsesión”. Sin fijarse plazos, pero al mismo tiempo sin renunciar a nada. “Quiero hacer como Escocia y me gustaría que el Estado español supiera hacer como el Reino Unido en 2014. Ni más ni menos. Hacer posible un referéndum y trabajar desde el primer día para ganarlo”.

“Seguridad jurídica es que los acuerdos políticos” de la mesa “después se tendrán que trasladar al ámbito jurídico”, planteó el hoy president hace un año. Porque ERC no busca una solución dentro de la Constitución sino una que permita llevar a cabo la reformas del ordenamiento jurídico que hagan posible otro escenario. “Para nosotros no hay ningún límite a nuestro proyecto político. La Constitución y el Estatut no pueden ser un límite para las ambiciones políticas porque si no, no se hubieran conseguido avances nunca en la historia”.

La explicación que entonces ofreció Esquerra acerca de qué entiende la mesa con la expresión mantenerse en el marco de la “seguridad jurídica” era en aquellas fechas muy parecida a la del Gobierno. La Moncloa siempre ha dicho que jamás acordará impulsar ninguna reforma legal que haga posible un referéndum de autodeterminación, pero al mismo tiempo abre la puerta a otros cambios. “Todos los acuerdos y todas las cuestiones que se planteen en este entorno tendrán que tener la correspondiente seguridad jurídica, más allá de que incluso se promuevan las cuestiones relativas a cambios de normas o a revisiones del Estatut o de cualquier otra materia que pudiera ser de interés”, reconoció en febrero la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Una idea en la que abundó entonces la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Según ella hace falta “encontrar salidas que en este momento no existen”. Y es “evidente” que el título VIII de la Constitución, que versa sobre la organización territorial de España, “requiere reflexiones” con la vista puesta en “encontrar salidas de acuerdo. Estamos hablando de una reflexión que necesariamente tiene que alumbrar cosas nuevas”.

La Moncloa apostó en su día por buscar “fórmulas imaginativas” y “creativas” para solucionar el conflicto, lo que será necesario que las dos partes abandonen “posiciones maximalistas” y “antagónicas”.

Es lo mismo en la que está el PSC: “Puede haber acuerdos para cambiar la ley, pero se deben trasladar a las cámaras respectivas. Pero siempre la seguridad jurídica es respeto a la ley”, confirmó en su día la entonces portavoz parlamentaria Eva Granados.

El Gobierno de Sánchez siempre ha planteado la mesa como una herramienta de la que no cabe esperar resultados a corto plazo. Y ese probablemente sea uno de los problemas porque Junts no parece dispuesta a esperar.

Y eso que hace un año su máximo representante, el entonces president Quim Torra, se comprometió con la continuidad del diálogo a pesar de que el Gobierno de España rechazó en la primera cita sus demandas de autodeterminación y amnistía, así como la incorporación a la mesa de la figura de un mediador internacional.

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