Los "cientos de miles" de archivos incautados a Villarejo dejan a los investigadores sin tiempo para amarrar todos los delitos

La ingente documentación en todos los formatos intervenida al comisario José Manuel Villarejo tras su arresto en noviembre de 2017 quedará en parte bajo tierra sin remisión. Un auto dictado hace menos de una semana por el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, deja al descubierto que son "cientos de miles"  los archivos incautados. Y ese volumen tiene una traducción en la que coinciden fuentes que conocen de cerca el caso: la imposibilidad material de un examen pormenorizado de cada papel, audio o vídeo, de los que hasta ahora solo se sabía que sumaban 40 teras, es decir, 40.000 gigas.

Lo anterior significa que hechos delictivos que pudieran ser atribuibles al comisario resultarán literalmente inabarcables. La enorme dimensión de un imperio de poder informativo opaco acumulado durante décadas y la inviabilidad de prorrogar sin fin la instrucción judicial de una causa que empezó el año con 25 piezas harán que los investigadores amarren solo un porcentaje y no la totalidad de los delitos supuestamente perpetrados. De hecho, la parte que logre cerrarse puede ser menor que la que quede sin abrir siquiera. Pero suficiente para probar graves delitos asociados al enriquecimiento ilícito, el espionaje a terceros, la extorsión y el uso ilegal de medios policiales.

En su auto, dictado el pasado día 24 y donde levanta el secreto que pesaba sobre la pieza principal del procedimiento, el juez introduce además un aviso relevante: que, al margen de que "en este momento" –el estado de alarma– no existe en el juzgado "la infraestructura adecuada" para que cualquiera de las partes accediese a todos los archivos, un segundo factor cierra esa puerta: "Resulta manifiestamente imposible hacer una discriminación a priori respecto de qué archivos pueda entregarse copias y de cuáles no". ¿Por qué? Porque algunos, explican las fuentes consultadas, contienen secretos oficiales cuya desclasificación está prohibida a menos que lo autorice el Gobierno; y otros guardan secretos de un carácter muy distinto, los que afectan a la intimidad de terceros contra los que Villarejo habría ido pertrechándose de datos comprometedores.

Por ejemplo, el auto detalla cómo la unidad de Asuntos Internos de la Policía ha localizado nuevos documentos con informacion "que pudiera estar legalmente clasificada". Clasificada en aplicación de la ley de secretos oficiales y clasificada por Villarejo por partida doble. Porque, según el auto y al menos parte de esa información consta en la carpeta llamada Taja pero también en la denominada Scorpy, que a su vez estaba dentro de otra bautizada como Partners. Scorpy, dice el auto, "contiene diversa información, alguna de ella relacionada con los archivos intervenidos dentro de la carpeta TAJA". Y lo que hay en esa carpeta es "relativo al hallazgo de información que pudiera estar legalmente clasificada".

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Ahí se alojan documentos sobre las "funciones asignadas al comisario José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014", funciones "principalmente relacionadas con la captacion de información de interés policial". ¿Se trata de la llamada Operación Cataluña –la búsqueda de asuntos turbios para desacreditar a independentistas catalanes– de la Kitchen –el espionaje a Luis Bárcenas– o de qué? El auto no lo precisa. Sí narra que también ahí guardó Villarejo datos sobre pagos a "colaboradores". Y a sociedades constituidas con "las identidades operativas de las que disponía" el comisario.

A cada una de las partes se le entregará una especie de listado donde figuren todos los archivos por el nombre con que Villarejo y los suyos los conservaron: y de ese listado habrán de indicar qué documentos "son de su interés" y bajo qué argumento. Pero el problema inicial subyace en que esos nombres de archivo –abreviaturas o palabras sin significado conocido– resultan indescifrables salvo para quienes los eligieron. Es decir, el propio Villarejo, sus socios y subordinados o su esposa llegado el caso.

Juristas ajenos a la investigación temen que episodios como el temprano archivo de la pieza sobre las revelaciones de Corinna zu Sayn Wittgenstein extiendan la sospecha de que aquello que no pueda investigarse por una auténtica falta de tiempo encierre en realidad asuntos inasumibles. Qué decida la Fiscalía Anticorrupción una vez reciba las informaciones que espera de Suiza puede marcar ahí el tono de diapasón.