El juicio del 'procés'

Claves para entender el interrogatorio a Oriol Junqueras

Declaración del exvicepresidente de la Generalitat y principal acusado, Oriol Junqueras.

La segunda jornada del juicio del procés se desarrolló según lo esperado. Tras una primera sesión dedicada en exclusiva a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los doce líderes independentistas, este miércoles ha sido el turno de las acusaciones, que aprovecharon sus turnos de palabra para intentar desmontar las acusaciones vertidas por los letrados de los encausados. Durante cuatro horas, los representantes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, encarnada por el partido de extrema derecha Vox, han rechazado que el Supremo esté juzgando una “causa general” contra el independentismo, algo que han calificado de “falacia de colosales dimensiones”, han defendido la imparcialidad del tribunal y han negado tajantemente que se hayan producido las violaciones de derechos fundamentales que ponen sobre la mesa las defensas de los procesados. Y, por supuesto, se han negado a que se llame a declarar como testigos tanto al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont como al rey Felipe VI, dos testificales en las que volvieron a insistir algunas de las defensas.

A primera hora de la tarde, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, decidió levantar la sesión del juicio, que se reanudará este jueves. La tercera vista comenzará con la decisión adoptada por los magistrados respecto a las cuestiones previas. Queda despejada así la incógnita de si el tribunal resolvería al instante todos aquellos aspectos planteados o si los dejaría aparcados hasta el momento de la sentencia. Con la fase de las cuestiones previas clausurada, en esta jornada darán comienzo los interrogatorios a los acusados, que no están obligados a responder a todas las partes. El primero en someterse a las preguntas será el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. El Ministerio Público pide para él 25 años de prisión por un delito de rebelión en condición de promotor y malversación de caudales públicos, mientras que la Abogacía del Estado rebaja la pena a 12 años por sedición y malversación. Vox, por su parte, añade pertenencia a organización criminal y solicita 74 años.

  Creación de estructuras de Estado paralelas

La Fiscalía y la Abogacía del Estado acusan a Junqueras, así como al resto de miembros del Govern, de encabezar el movimiento ejecutivo destinado “a la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal”, así como a la “creación y desarrollo” de estructuras de Estado paralelas que pudieran, según señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, “sustituir a los órganos estatales legalmente constituidos en todos los órdenes (Hacienda, Seguridad Social, Poder Judicial…), incluida la acción exterior fuera del territorio nacional”. En este sentido, ambas acusaciones recuerdan que todo el Ejecutivo de Carles Puigdemont, del que Junqueras era número dos, firmó el Decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum, desatendiendo “los requerimientos del Tribunal Constitucional” y teniendo “pleno conocimiento” de la “ilegalidad de la iniciativa”. Además, apuntan que la firma del exvicepresident también aparece en el Decreto 140/2017 de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña.

La defensa de Junqueras y del exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva, que lidera el abogado Andreu Van den Eynde, argumenta en su escrito de defensa que sus mandantes “impulsaron desde sus respectivas funciones de representación política la realización del referéndum de autodeterminación” convencidos de la “legitimidad de sus acciones”, de su “legalidad” como “actos de ejercicio de derechos cívicos (derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica)” y de la “indudable irrelevancia penal de dicho objetivo”. El abogado señala que “el apoyo ciudadano mayoritario” a la celebración de la consulta “tornaba legítima cualquier actuación tendente a cumplir” con ese “sentir popular”. “Junqueras lideró, desde su posición y funciones, junto con el resto del gobierno catalán, la traducción en acción política del mandato obtenido en las elecciones”, asevera Van den Eynde en el escrito de defensa, planteado como una suerte de alegato político de cara al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

  El 'impulso' a las movilizaciones ciudadanas

Las acusaciones también ponen el foco en el papel que jugaron los representantes políticos, entre los que se encuentra Junqueras, en relación con las protestas registradas durante los días previos a la celebración del referéndum. Una de ellas fue la concentración frente a la Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat ante el registro que estaba realizando el Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, pieza clave en el caso de los Jordis, que concluyó con la llamada a movilizarse al día siguiente frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. “Estos actos fueron conocidos, consentidos y queridos por los restantes acusados, algunos de los cuales a lo largo del día se personaron en el lugar, tales como Oriol Junqueras o [la expresidenta del Parlament] Carme Forcadell, que en ningún momento instaron a su desconvocatoria ni llamaron a la restauración del orden público”, apuntan los servicios jurídicos del Estado en su escrito de acusación.

Tras los “violentos incidentes” acaecidos en los registros practicados, el Ministerio Fiscal señala que tanto Junqueras y Forcadell como otros miembros del Govern “llamaron a la ciudadanía a participar” en la jornada del referéndum “siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podrían producir explosiones violentas si se intentaba impedir el cumplimiento del mandato judicial por las fuerzas del orden público”. “Con ello fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo de los ciudadanos con las fuerzas de seguridad, con lo que no solo secundaban la actuación de acoso, intimidación y violencia sino que, desde el poder constituido, daban apoyo explícito y expreso a la estrategia de impedir la acción del Estado y de los órganos judiciales”, completa el Ministerio Público, que hace alusión a varias entrevistas en diferentes medios de comunicación, a la intervención de Junqueras en el acto de presentación de la propuesta de Ley del Referéndum y a algún mensaje difundido en sus redes sociales.

La defensa del exvicepresident, por su parte, apostilla que si bien su representado acudió el 20 de septiembre, como autoridad que era, a la sede de la Consellería que dirigía, ello “no supuso problema alguno para el desarrollo de la actuación judicial”. En su escrito de defensa, se deja claro en todo momento que “la filosofía de actuación del movimiento independentista y de sus concentraciones y manifestaciones” no sólo “excluía el recurso a la violencia y defendía reiteradamente el civismo”, sino que también “se había conjurado para que ellos fuese así, con personal de orden en las concentraciones e incluso con la difusión de consignas de denuncia y aislamiento de actos singulares de protesta incívica que pudieran empañar el buen hacer demostrado año tras año”. En cuanto al referéndum, apunta que ni antes de aquél 20 de septiembre ni después “se actuó bajo el convencimiento ni asumiendo la posibilidad” de que la votación pudiese “generar un estallido violento de la población”, algo contrario, insiste, “a la ideología y a la acción política del movimiento soberanista catalán”.

  El uso de fondos públicos para el 1-O

Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado también consideran acreditado que el exvicepresidente de la Generalitat y sus ocho exconsellers desviaron fondos públicos para la organización del referéndum del 1-O. En sus escritos de acusación, ambas partes sostienen que los líderes independentistas consiguieron burlar el control estatal de las cuentas de la Generalitat para financiar el procés. Sin embargo, no se ponen de acuerdo en las cantidades. Así, mientras la Fiscalía cifra en 3,07 millones el montante que la Generalitat destinó para la consulta, los servicios jurídicos del Estado lo rebajan a 1,97 millones. En relación con la malversación, Ministerio Público y Abogacía del Estado ponen sobre la mesa el “acuerdo del Gobierno de la Generalitat de septiembre de 2017 –a propuesta de Junqueras, Romeva y el exconseller de Presidencia Jordi Turull–“ en el que se autorizó a los diferentes departamentos para que realizaran “las acciones y contrataciones necesarias” para el referéndum.

En el escrito de defensa, el letrado Van den Eyden también deja claro que no existió un delito de malversación. Así, asegura que si bien la “promoción política” de la consulta se materializó en “iniciativas de diversa índole”, tanto de difusión pública de las características y condiciones de la consulta como de apoyo a su logística, dichas iniciativas “nunca implicaron desembolso de fondos públicos”. En definitiva, recoge el texto, los dos exdirigentes del Govern no incurrieron en dicho delito al “no existir ningún acto cometido por autoridad para sufragar de forma ilícita gastos contrarios al deber de fidelidad a la custodia de fondos públicos”.

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