El CNI investigó a Pere Aragonès con 'Pegasus' porque creía que "dirigía" a los CDR

Pere Aragonès se dirige a una comparecencia en el Palau de la Generalitat.

El CNI investigó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, porque creía que era quien dirigía a los Comitès de Defensa de la República (CDR) y, por este motivo, se instaló el software Pegasus en su móvil.

Fuentes consultadas este jueves por Europa Press han asegurado que los documentos sobre el espionaje a Aragonès que el Gobierno desclasificó parcialmente a petición del juez están "llenos de partes eliminadas", con páginas enteras tachadas, y que quieren estudiar esta documentación.

Todo esto surge pocas horas antes de que la exdirectora del CNI Paz Esteban declare este viernes como investigada por la querella presentada por Aragonès por el caso de espionaje con Pegasus.

Las fuentes han considerado que la justificación del CNI para intervenir el teléfono de Aragonès está "fuera de toda realidad" y que se trata de invenciones inverosímiles, dicen textualmente.

En declaraciones este viernes, Aragonés ha criticado los argumentos y las "mentiras" del CNI para justificar la necesidad de espiarlo y ha pedido ir hasta el final para depurar responsabilidades. "Si no fuera por esta justificación de que he estado sometido durante 9 meses, como mínimo, a un espionaje ilegitimo, sería para reírse, parecería una aventura de Mortadelo y Filemón. Es lamentable las mentiras que se han incluido", ha añadido.

El Gobierno asegura que las escuchas se iniciaron antes de que Sánchez llegara a la Moncloa

Tras esta filtración, el Gobierno ha asegurado que las escuchas del CNI a Aragonès se iniciaron antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa y que contaron siempre con autorización judicial. Asimismo, ha sostenido que ni el CNI ni el Tribunal Supremo tienen que informar al Gobierno de estas operaciones y que ha sido precisamente el Ejecutivo de Sánchez quien ha decidido colaborar con la justicia y desclasificar esta información a petición de un juez, "siempre con el límite de la seguridad nacional".

Por otro lado, han apuntado que esta información demuestra que "ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia". "Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP", han reprochado.

En declaraciones este viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que el Estado de derecho funcionó con normalidad en este caso y ha reiterado que el Gobierno de Sánchez no tenía conocimiento de las mismas porque eran operaciones anteriores a su llegada a La Moncloa.

"Ha habido un funcionamiento también en esto normal del Estado de Derecho porque lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo a quien le correspondía", ha explicado. Por tanto ha querido dejar claro que el Gobierno "en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento, ni había autorizado", porque eran operaciones "que venían de antes".

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Finalmente ha defendido que el Ejecutivo de Sánchez respeta el Estado de Derecho y no ejerce ninguna presión ni injerencia en el funcionamiento normal de las instituciones "a diferencia de lo que pasaba durante gobiernos anteriores", ha apuntado.

Espionaje

Este viernes, Esteban conectará desde Madrid por videoconferencia con el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, y el juez y las partes la escucharán desde una sala de la Ciutat de la Justicia. En diciembre, Aragonès compareció ante el juez para ratificar la querella que inició esta causa, y en su declaración atribuyó al CNI el espionaje telefónico que sufrió. El actual president contó al juez que detectó el espionaje en julio de 2020 a raíz del informe de Citizen Lab que lo alertó de que había "varios indicadores de compromiso" en su teléfono.

A raíz de este aviso, encargó un informe pericial que detectó infecciones desde 2018 hasta marzo de 2020 y que habían llegado a su móvil a través de mensajes SMS que él no detectó en el momento, cuando era vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía.

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