Así ha condicionado Vox los gobiernos autonómicos del PP y así podría quedarse fuera de juego

A las 10.58 de este miércoles en que Murcia ha marcado el rumbo de la política española, el canal de Vox en Telegram reproducía un triple tuit de Santiago Abascal. Y lo resumía así: "Exigimos elecciones en las autonomías que están en riesgo de ser asaltadas por el socialismo". Abascal disipaba eventuales dudas precisando dónde se localiza el "riesgo de asalto": "Especialmente en Madrid, Andalucía y Castilla y León". Una hora después, salía a la luz que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había decidido convocar elecciones autonómicas para el 4 de mayo. Poco después se colocaba ante el micrófono: "Quiero que ahora los madrileños sean los que elijan entre socialismo o libertad", proclamó. Horas más tarde y como en una especie de minué, esta vez fue la portavoz parlamentaria de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, quien habló después que Ayuso. Pero lo hizo, de nuevo a través de Twitter, utilizando exactamente la misma idea. Y las mismas palabras para el núcleo central: "Entre socialismo o libertad, nosotros siempre en la defensa de la libertad".

La similitud es tal que cualquiera que bucease con prisas en la red en busca de noticias habría podido equivocarse a la hora de identificar quién dijo qué. Y ahí radica una de las claves que marcarán la campaña electoral de Madrid si los comicios llegan a celebrarse porque los tribunales –el PP ya sugiere que emprenderá acciones penales para evitar que se voten las mociones de censura de PSOE y Más Madrid– le dan la razón a Ayuso. "El PP se ha mimetizado en Madrid con Vox", responde la diputada Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid. La parlamentaria socialista cree que esa mímesis ha alcanzado tal envergadura que la influencia política de Vox ha sido menor desde el primer momento que en Murcia o en Andalucía. Y que si hay elecciones eso puede traducirse en que el partido de Pablo Casado se quede con un bocado de votos de la ascendente formación de ultraderecha. 

Con Ayuso, concluye Sánchez Acera, el PP ha experimentado un visible deslizamiento hacia la derecha más derechizada. Es esa especie de ósmosis entre al menos una parte del PP y la ultraderecha la que lleva a lo que en privado explica así un analista afincado en Andalucía: a que los éxitos de la extrema derecha española no se han traducido –al menos de momento– en el control de grandes partidas presupuestarias sino en marcar goles en lo que se conoce como "la guerra cultural". Y quien empieza a dominar el marco discursivo puede acabar dominando el lienzo de la política diaria.

Un ejemplo de su avance en la guerra cultural: en Madrid, paradigma de cómo la influencia de Vox ha producido ese deslizamiento de Ayuso y su equipo, no hay pin parental pero ya en 2020 se implantó una fórmula más suavizada a modo de “alternativa” y que contentó a Vox: el envío de instrucciones a los centros para que informen de sus programaciones durante la matriculación y así los padres “puedan conocer de la manera más completa posible la labor que se lleva a cabo en los centros educativos”. El pin o veto parental permite a los progenitores decidir si los niños se ausentarán de las aulas cuando se traten cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI.

Pero la cosa no ha acabado ahí sino que ha seguido avanzando. El peso de Vox en cuanto a la construcción del discurso de la derecha es tal que hace menos de una semana, Ayuso sostuvo esto en la Cámara madrileña: "Si hay padres que quieren llevar a sus hijos a talleres donde se hable de conceptos LGTBI y contra el acoso me parece oportuno, pero habrá otros que decidan que no es así". "Opino –añadió– que hay una serie de asignaturas que no se pueden modificar pero sí se puede dar más información a los padres para que decidan si quieren que estén en ese colegio o no". O sea, que vino a defender el pin parental en una versión light pero que maneja los mismos materiales políticos y por tanto electorales que utiliza Vox. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, resumió aquel día lo que estaba sucediendo: "No vale criticar el pin parental por la mañana y coquetear con Vox por la tarde". 

Cuando el 8M, Día de la Mujer, y para evitar lo que denominó "adoctrinamiento político", el Gobierno de Madrid prohibió una charla de la ministra de Igualdad en un colegio mientras que en jornadas previas había permitido la visita a un instituto del jefe de filas de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, algunos observadores se plantearon una pregunta: la de si el veto a Irene Montero debía interpretarse como un guiño al partido de extrema derecha, firmísimo detractor del feminismo y de una ley crucial en cuanto a la defensa de las mujeres, la ley de violencia género.

Tal es la importancia que los 12 diputados que dirige Rocío Monasterio conceden a golpear lo que conocen como "ideología de género" que han conseguido en los dos últimos años logros políticos que hace un lustro habrían parecido de ficción. Un ejemplo: en noviembre, el salón de plenos de la Asamblea de Madrid no pudo convertirse en escenario de la lectura de un texto contra la violencia machista porque Vox se opuso. Y las declaraciones institucionales exigen acuerdo unánime de la Cámara. Otro ejemplo más reciente e inesperado: en una entrevista en Telecinco y en respuesta a una pregunta sobre la violencia machista, Ayuso se pronunció en estos términos:  "Es un tipo de violencia muy concreto, está ahí. Pero también hay violencia sobre el propio hombre. Sufre incluso más agresiones que nosotrasSufre incluso más agresiones que nosotras. Contra los menores, mujeres contra mujeres. Hay todo tipo de violencias".

Tras dos años de presupuesto autonómico prorrogado, las negociaciones con la formación ultraderechista parecían estar avanzando en Madrid aunque nadie había llegado a desvelar qué números incluía el borrador en cuanto al parapin parental madrileño. Otro ejemplo: en lo que respecta a la política a seguir con los menores inmigrantes no acompañados, los llamados Menas: en ese capítulo debía haberse alcanzado un pacto de consenso. Pero resultó imposible. 

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¿Y qué ha ocurrido en Murcia? ¿Y en Andalucía? Pues que Vox ha ido infiltrando la escena política. Otro ejemplo: el día antes del terremoto político murciano, se publicó que el grupo que en Murcia dirige José Ángel Antelo daba por hecho que el pacto para aprobar los Presupuestos de este año debía incluir el pin parental "al igual que ocurrió en 2020". En paralelo, Ciudadanos avisaba de que un acuerdo de esa naturaleza rompería el pacto de gobierno. El que ayer se quebró con la presentación de la moción de censura que defenestrará al presidente Fernando López Miras. ¿Y los menas? "Ha disminuido lo que se paga por plaza a quienes gestionan los centros de menas", responde una fuente que prefiere no ser identificada.

Convertido en ariete junto con una repulsa constante a cualquier iniciativa que implique gastar fondos públicos en inmigrantes y la decisión de frenar las políticas de igualdad en todas sus vertientes, el pin parental se ha convertido en la bandera que enarbola Vox incluso en Andalucía. La negativa rotunda de Ciudadanos, socio minoritario del PP en el Gobierno que preside el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, ha frenado hasta ahora su implantación. Pero hace solo una semana el jefe de filas de Vox en Andalucía lanzaba un mensaje inequívoco: que apelaba “a la palabra de Moreno” para obligar a la Consejería de Educación a implantar el pin parental. En teoría, y por la cerrazón de Ciudadanos, el Ejecutivo andaluz ha desechado su implantación. Pero la influencia de Vox -y su poder decisorio para inclinar cualquier votación parlamentaria hacia un platillo u otro- se ha hecho notar de tal forma que el propio Moreno Bonilla se declaró partidario hace dos semanas de que los padres pudieran incluso "autorizar" o no que sus hijos participasen en una determinada actividad complementaria escolar.