Seguridad ciudadana

El Congreso aprueba la ley que permitirá a los vigilantes detener en espacios públicos

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El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con los votos favorables del PP, CiU y PNV, la nueva Ley de Seguridad Privada que, entre otras cosas, facultará a los vigilantes previamente autorizados por el Ministerio del Interior para identificar y detener a ciudadanos en espacios públicos y que ha suscitado el rechazo de la oposición.

La nueva norma permitirá a los vigilantes realizar sus funciones en lugares donde antes no podían hacerlo. Así, la ley regula en su artículo 41 que "la prestación de servicios por los vigilantes de seguridad podrá realizarse en espacios o vías públicas" en varios supuestos, entre los que destacan, de forma poco concreta, "aquellos servicios de vigilancia y protección que lo requieran por su propia naturaleza y desarrollo", además de "la vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma" o "los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección".

Igualmente, los vigilantes de seguridad podrán perseguir en la vía pública a "delincuentes sorprendidos en flagrante delito, aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección", así como participar en la "prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial", cuando así lo decida Interior.

Ante las críticas de la oposición, el Ministerio del Interior ha asegurado que a los vigilantes privados se les permite legalmente practicar detenciones desde 1992. Además, el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ha matizado que "en el artículo 32.1c del nuevo texto se recoge que los vigilantes de seguridad sólo pueden detener a quien acaba de cometer un delito, sólo si lo ha cometido en el ámbito de su protección (el lugar protegido), e inmediatamente después tienen que ponerlo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes". No obstante, el Ministerio no comenta que el ámbito de actuación de los vigilantes se amplía mucho con respecto a la legislación anteriora la legislación anterior.

Sin embargo, Interior también ha señalado que no es cierto que los vigilantes de seguridad puedan practicar cacheos y detenciones arbitrariamente, y ha afirmado que "si esta facultad [de detener a presuntos delincuentes] no se recogiera en la futura nueva ley [...] se podría llegar a la situación de que un vigilante de seguridad que sorprende a quien acaba de cometer un delito, deba permitir que huya, incluso con los instrumentos y efectos del delito, aunque tenga la posibilidad de proceder a su detención". Además, el departamento de Fernández Díaz recuerda que "cualquier ciudadano tiene la facultad de detener al que acaba de cometer un delito".

La oposición rechaza de plano la norma

La ley pasará ahora al Senado, ya que ha sido aprobada por la Comisión de Interior del Congreso, que tiene competencia legislativa plena. Allí continuará su tramitación y posteriormente volverá a la Cámara Baja para ser aprobada definitivamente. No obstante, la norma ya ha cosechado gran cantidad de críticas de la oposición: el portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Trevín, ha asegurado que “rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que, a partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato”.

Trevín ha denunciado que con el proyecto aprobado los vigilantes privados podrián sustituir a la Policía y a la Guardia Civil en calles y espacios públicos, y que además podrán encargarse de la seguridad del recinto exterior de las prisiones en detrimento de la Guardia Civil. En este sentido, el socialista ha asegurado que la legislación supone "un nuevo ataque del Gobierno al Estado social". “Las grandes empresas privadas de seguridad están de enhorabuena. Son las principales beneficiadas de esta ley”, ha remachado Trevín, que ha denunciado que el Gobierno pretende transformar la seguridad en un "negocio".

Además, el portavoz ha relacionado esta ley con la Ley de Seguridad Ciudadana que actualmente prepara el Ejecutivo. "[Los manifestantes] podrán ser disueltos e identificados por la Policía en la Puerta del Sol y ser sancionados en virtud de la ley de Seguridad Ciudadana, y los que opten por salir por pies por la calle Preciados podrán ser detenidos por vigilantes de seguridad privada con el mismo fin", ha expuesto Trevín. "El dinero, cuando entra en espacios como el de la Seguridad, pone en peligro la democracia. Si en la calle Preciados están los vigilantes patrullando esa calle, contratados por un comerciante, ¿cree que ante un problema van a dar la misma respuesta a quien le contrató que a un vecino del segundo que no tiene nada que ver con quien le contrató?", ha aseverado.

En la misma línea ha ido Ricardo Sixto, portavoz del grupo parlamentario de La Izquierda Plural, ha asegurado que la Ley camina "claramente a la privatización". "Sólo podrán pagarse labores de protección aquellos que tengan recursos para ello", ha denunciado Sixto, que ha manifestado que el rango de agente de la autoridad –que la nueva norma otorga a los vigilantes– "debe estar reservado a los miembros de seguridad del Estado, así como la facultad de detener". De esta forma, el portavoz ha asegurado que la Ley podría incluso ir en contra de la Constitución.

También se ha mostrado contrario a la Ley el diputado de UPyD Toni Cantó, que ha afirmado que el Estado "se ha echado a un lado por una cuestión presupuestaria". Además, Cantó ha rechazado que la seguridad privada realice funciones hasta ahora reservadas a la Policía y la Guardia Civil, y ha pedido una tasa de reposición de agentes mayor que la que existe actualmente para estos cuerpos ya que, ha aseverado, "es innegociable que las fuerzas de seguridad tengan el monopolio de la seguridad en un Estado".

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