El consejero de Justicia de Ayuso recula y admite que no hubo 15.000 derivaciones en lo peor de la pandemia
El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva dos años esforzándose para implantar el relato de que en la región no se dejó morir a miles de personas en las residencias durante las semanas más negras de la pandemia. Una y otra vez, desde el Ejecutivo autonómico se ha mantenido que nunca se dejó "a nadie atrás", ni a personas "mayores" ni a aquellas con alguna "discapacidad". Algo en lo que insistió este mismo fin de semana el consejero de Justicia, Enrique López, quien en una entrevista aseguró que jamás se prohibieron las derivaciones. Una afirmación que sostuvo sobre una utilización interesada de las cifras oficiales. Porque el dato de traslados que ofreció sobre "la época más dura" no se refería solo a las semanas negras de marzo a abril, que es cuando se produjo el tapón, sino que era el resultado de sumar casi seis meses, el tiempo que separó la primera de la segunda ola.
Tres semanas después de que el número dos de Ayuso irritase con sus declaraciones a los familiares de fallecidos en los geriátricos, López aprovechó una charla con la agencia Efe para pronunciarse sobre la hecatombe registrada en las residencias madrileñas e insistir en el relato oficial. Así, el consejero dijo que "nunca hubo un protocolo que impidiera la derivación", a pesar de que algunas residencias y hospitales regionales recibieron aquel documento desvelado por infoLibre que fijaba "criterios de exclusión" que impedían el traslado en función de la discapacidad física o mental. "Todas las denuncias que se están haciendo al respecto carecen de esa mínima base de objetividad, pero con las víctimas hay que tener siempre empatía", completó el magistrado. Unas palabras a las que no tardaron en responder los familiares: "No queremos su solidaridad ni su empatía. Queremos justicia".
López no solo negó que se abandonase a su suerte a los usuarios de las residencias, sino que aseguró que se llevaron a cabo "un alto número" de traslados desde los geriátricos madrileños a los hospitales en aquellos duros momentos. "Se produjeron más de 15.000 derivaciones en la época más fuerte, más dura del covid, entre los meses de marzo, abril", afirmó con rotundidad el magistrado. Un dato que, sin embargo, no se parece lo más mínimo a los que facilitó el propio Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a este diario tras una petición de información a través del Portal de Transparencia. De hecho, los registros oficiales de la propia Consejería de Sanidad regional recogen que durante esos dos meses a los que textualmente hace alusión en su respuesta el consejero de Justicia se produjeron en realidad menos de la mitad de derivaciones de lo que López dijo durante la entrevista.
¿Quiere eso decir que Justicia maneja algún recuento diferente? ¿O que las cifras que se entregaron en su momento estaban incompletos? No, la explicación sobre la enorme diferencia es mucho más sencilla y fruto de un uso interesado de los datos. Los 15.000 traslados que pone sobre la mesa el magistrado no se circunscriben a las peores semanas de la pandemia, sino que abarca un intervalo de tiempo mucho más amplio. "Se refería al periodo comprendido entre la primera ola y el inicio de la segunda", explicaron este lunes desde el departamento de Justicia, en respuesta a preguntas de infoLibre sobre el origen de los datos difundidos por López. Es decir, desde marzo hasta aproximadamente el final del verano, que es cuando los contagios repuntaron de nuevo. Solo así lo que dice López se ajusta a la realidad oficial: entre marzo y junio, ambos incluidos, se produjeron 11.662 traslados desde los geriátricos hacia los centros hospitalarios. Así que habría que incluir incluso julio y agosto para llegar a la cifra del consejero.
Aportar una cifra total sobre un periodo tan amplio oculta la dura realidad de lo que se vivió en las residencias durante las semanas más negras de la pandemia. Solo en los sesenta días comprendidos entre el primer lunes de marzo –el día 2– y el 30 de abril de 2020 se registraron 6.204 derivaciones, frente a las 7.233 que se llevaron a cabo durante los sesenta días previos de enero y febrero. Es decir, que en pleno pico de contagios se produjeron un millar de traslados menos que cuando el covid-19 aún no había paralizado España, cuando lo lógico hubiera sido que se hubieran multiplicado las derivaciones ante la expansión descontrolada del coronavirus. Solo entre marzo y abril, los dos meses en los que los geriátricos se convirtieron en una auténtica zona cero, 7.291 mayores murieron en sus residencias sin ser trasladados a un hospital de la comunidad autónoma.
De hecho, los datos del tercer mes del año, cuando se decretó el estado de alarma, muestran cómo las derivaciones no fueron una realidad en la Comunidad de Madrid en los momentos más complicados de la crisis sanitaria. La media diaria de traslados a lo largo de marzo se situó en los 74,4, lo que contrasta con los 125,3 de enero y los 115,5 de febrero. En abril, por su parte, se elevó hasta los 133,4, fundamentalmente por el incremento de derivaciones a partir de la segunda semana del mes. Y en mayo y junio se estabilizó ligeramente por debajo de las nueve decenas diarias. Entonces, ya habían perdido la vida prácticamente un 20% de los usuarios de residencias en suelo madrileño, mientras que los que habían logrado superar el virus gozaban ya de un cierto grado de inmunidad.
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Y si se desciende todavía más en el análisis de los datos, hay cuatro semanas que son clave en cuanto al frenazo de las derivaciones: las que se comprenden entre el 9 de marzo y el 5 de abril. Durante ese intervalo los traslados se desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro anteriores, un parón que fue todavía más fuerte en las residencias más castigadas por el virus, hasta el punto de que durante ese tiempo ni uno solo de los 82 centros con mayor número de fallecidos llegó a trasladar un paciente al día de media. “Los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias”, explicaba el 17 de marzo el médico de La Purísima Concepción a los familiares de los residentes, por medio de un escrito que reprodujo este periódico.
Al día siguiente, el 18 de marzo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aprobaba el Protocolo que prohibía trasladar al hospital a mayores de los geriátricos que tuvieran un mayor nivel de dependencia o deterioro cognitivo. Aquel documento fue firmado digitalmente por el entonces director de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, y se envió por email a los gerentes y directores médicos de los hospitales de Madrid y a los altos cargos del Gobierno de Ayuso que debían garantizar su aplicación. En los días siguientes, se aprobaron otras tres versiones de ese Protocolo, todas ellas desveladas de forma íntegra por infoLibre. En todas se establecían, con mayor o menor crudeza en el lenguaje, criterios de exclusión para trasladar a determinados enfermos.
El Gobierno de Ayuso siempre ha tratado de instaurar en el imaginario colectivo que aquel documento no era más que un simple borrador sin valor alguno. De hecho, esa es otra de las ideas en las que insistió López durante su entrevista: "El protocolo que cuestiona la izquierda nunca llegó a aplicarse". Algo que desmienten, de nuevo, los datos oficiales. En la semana del 16 al 22 de marzo se realizó un 58,6% de traslados menos respecto a la media semanal previa a la pandemia. De hecho, los tres días con menos derivaciones fueron el 20, cuando se envió a los hospitales la segunda versión del documento –la que contenía la redacción más dura–, 21 y 22 de marzo. Esos tres días hubo 42, 40 y 35 traslados, respectivamente, en toda la Comunidad. En enero y febrero la media diaria fue de 120.
