El Consejo de Europa cierra el examen a la judicatura española y mantiene su crítica al CGPJ
El Consejo de Europa da por cerrado el proceso de evaluación que inició en 2013 sobre los dispositivos contra la corrupción de jueces, fiscales y parlamentarios manteniendo su crítica al procedimiento de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según recoge EFE.
En un informe adoptado el 21 de junio de 2024, pero hecho público este miércoles, y que no tiene en cuenta las posibles consecuencias del acuerdo presentado el 24 de ese mismo mes entre el PP y el PSOE para la renovación del CGPJ, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) vuelve a cargar contra la designación política del órgano de gobierno de los jueces.
El GRECO "lamenta" que España no haya dado una respuesta positiva a la recomendación que le dio hace una docena de años y que consiste en que, cuando hay un organismo mixto, hay que "dejar a los jueces que elijan solos a sus pares" mediante "modalidades que garanticen la mayor representación del poder judicial en todos los niveles".
Se trata de "evitar que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo, intervengan en cualquier fase del procedimiento de selección", añade.
En el texto divulgado hoy, los expertos del Consejo de Europa consideran que la renovación del CGPJ es "un tema de gran preocupación, que debe tratarse de forma prioritaria" y, sobre todo, concluyen que su recomendación no se ha aplicado.
Es la única de las once recomendaciones que hizo inicialmente en este procedimiento sobre jueces, fiscales y parlamentarios que se ha incumplido totalmente, puesto que hay tres que se han satisfecho en su totalidad y otras siete, al menos, en parte.
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Entre estas últimas estaba una que preconizaba modificar el método de selección del fiscal General del Estado y la duración de su mandato, y que no se ha llevado a cabo, "un tema de preocupación antiguo que perjudica a la percepción de la autonomía del Ministerio Público en España".
También la referida a la introducción de reglas que enmarquen las relaciones entre los parlamentarios y los miembros de grupos de presión o de otros organismos que tratan de influir en el proceso legislativo.
A ese respecto, el GRECO subraya los "retrasos sucesivos" en la adopción de la legislación sobre 'lobistas' y se hace eco de un informe oficial del Parlamento de 2023 en el que se ponía en evidencia que menos del 10% de sus miembros publican en su agencia institucional los contactos de ese tipo que mantienen, aunque es obligatorio. "Esta situación no es satisfactoria", afirma antes de reclamar a las autoridades que actúen de forma más resuelta.
