La corrupción en el PP

Correa devuelve al primer plano a los empresarios señalados como financiadores del PP

Francisco Correa durante su declaración en el macrojuicio por la trama de corrupción.

Alicia Gutiérrez / Tono Calleja

La declaración judicial de Francisco Correa sobre el sistema de mordidas –comisiones ilegales del 3% de los contratos obtenidos– y el primer goteo de nombres –OHL, ACS y Dragados– ha actuado como un inesperado revulsivo que coloca de nuevo el foco sobre los empresarios señalados como financiadores del PP. Su declaración llega después de la confesión efectuada también en el juicio por otro de los empresarios que ya fue investigado, de manera fallida, por la presunta financiación ilegal del PP: Alfonso García Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica.

El efecto ha sido inmediato: una de las acusaciones de los papeles de Bárcenas, la que ejercen varias organizaciones encabezadas por IU, ya ha pedido la reapertura de las investigaciones en esa pieza, centrada en la presunta financiación ilegal del PP y ahora pendiente de juicio. Y otras dos sopesan hacerlo también.

Así lo anunciaron a infoLibre el abogado de Adade Francisco José Montiel, que representa a ese colectivo de juristas en el juicio que ahora se celebra en la Audiencia Nacional –el de Época I (1999-2005)– y donde Correa ha terminado por terminar de la manta. Y también el letrado Gonzalo Boye, representante de Observatori Desc y que no está personado en este proceso pero que ha tenido un rol muy destacado en la pieza sobre los papeles de Bárcenas.

"Decían que éramos como un perro verde por cuantificar a cuánto ascendían las comisiones del 3% pagadas al PP por los donantes que aparecen en los papeles de Bárcenas y que obtuvieron adjudicaciones públicas, nada menos que 950 millones de euros, y ahora lo acaba de confirmar Correa", exclama Boye. El letrado asegura que Desc cifró en un 3% el importe de las comisiones tras obtener información de una fuente empresarial bajo promesa de anonimato.

Fechada el 14 de octubre, la petición de reapertura planteada por IU se sustenta en dos pilares: las revelaciones que en relación a OHL ha puesto al descubierto la investigación judicial sobre el hospital mallorquín de Son Espases, cuya adjudicación intentó amañar Jaume Matas según los testimonios recabados por la Fiscalía; y la confesión de Alfonso García Pozuelo en el macrojuicio de Gürtel. Fuentes jurídicas consultadas por este diario dan por hech que IU ampliará su solicitud el lunes una vez conocida la declaración de Francisco Correa.

En marzo de 2015, el juez Pablo Ruz archivó provisionalmente las imputaciones que pesaban sobre todos ellos bajo el argumento de que "no resulta posible" vincular las donaciones con los contratos públicos que recibieron sus sociedades.

De Villar Mir a García Pozuelo

Entre los investigados por la supuesta donación de dinero opaco al PP se contaban dos empresarios cuyo nombre ha aflorado en el juicio que desde el martes celebra la Audiencia Nacional y donde Correa ha terminado por tirar de la manta: Juan Miguel Villar Mir, presidente de OH, mencionada este viernes por el principal acusado del primer macroproceso Gürtel como una de las empresas que pagó comisiones; y el ya citado Alfonso García Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica y quien en el juicio ha reconocido las acusaciones formuladas por la Fiscalía, entre ellas la de que pagó 1,5 millones a cambio de contratos.

En su brevísima declaración como acusado, García-Pozuelo dejó tras sí un enigma que ahora parece cobrar nuevo sentido: porque cuando la fiscal le hizo una pregunta sobre las adjudicaciones amañadas en Castilla y León, el empresario dijo haber entregado dinero al considerado jefe de la trama corrupta, Francisco Correa. Pero no para nadie de esa comunidad –a la que durante años estuvieron ligados tanto Bárcenas como Merino– sino "para organismos centrales". 

Este viernes, y al tiempo que precisaba que las comisiones ilegales oscilaban entre el 2% y el 3%, el jefe de la trama Gürtel citó de forma expresa a OHL, ACS y Dragados. Según sus palabras, estos tres gigantes de la obra pública española pagaron por las "gestiones" efectuadas en su favor ante Fomento y Medio Ambiente. Pagaban -precisó Correa- solo si las gestiones resultaban fructíferas. Tanto ACS, el grupo que capitanea Florentino Pérez, como su filial Dragados (lo es desde 2002) y OHL han negado la acusación de forma tajante. Y han anunciado sendas querellas contra Correa.

De las tres, OHL es la única que consta en los papeles de Bárcenas: es decir, en la presunta contabilidad secreta y paralela del PP. Y la única que a día de hoy sigue bajo investigación judicial por el presunto pago de dinero negro al PP: pero no en el caso Gürtel sino en el de la adjudicación de Son Espases –el mayor hospital de Baleares– por parte del gobierno de Jaume Matas.

Matas dirigía Medio Ambiente durante la etapa en la que, sostiene Correa, grandes empresas entregaban sustanciosas comisiones ilegales si sus pretensiones de obtener determinadas adjudicaciones de obras alcanzaban el éxito gracias a las "gestiones" de Luis Bárcenas.

Previa comunicación suya -narró Correa ante el tribunal-, Bárcenas realizaba esas gestiones ante "diversos" ministerios, como Fomento y Medio Ambiente. Correa asegura que nunca se relacionaba directamente con esas compañías sino que el contacto se producía a través de un antiguo socio, Plácido Vázquez, que fue desimputado en la causa por la prescripción de los delitos que se le atribuían.

El manuscrito gallego y la cuenta de donativos anónimos

Ningún responsable de ACS aparece en cambio en la que presumiblemente era la contabilidad B del PP. Pero el nombre de la constructora sí consta en otro manuscrito que Luis Bárcenas entregó al juez Pablo Ruz en julio de 2013. Según el extesorero, ese documento registraba los pagos efectuados por distintas empresas para financiar la campaña electoral gallega del PP en 2001. Los apuntes consignaban el pago de 30.000 euros por parte de ACS, que se habría comprometido además a desembolsar un millón de euros.

Fuentes conocedoras de esa supuesta contabilidad secreta que centrará el segundo juicio de Gürtel en la Audiencia Nacional y para el que todavía no hay fecha subrayaron este viernes que ACS "jamás" aportó fondos para el PP nacional. En conversación con infoLibre, las mismas fuentes aseguraron, pero sin precisar fechas ni cantidades, que sí lo hizo Dragados. Y que del nombre de la compañía no quedó rastro en los papeles de Bárcenas porque sus fondos siempre llegaron al partido "a través de la cuenta de donativos anónimos".

En marzo de 2015, el juez Pablo Ruz archivó, provisionalmente y por falta de indicios sólidos, la imputación contra los empresarios que la contabilidad B del PP –la manuscrita por Bárcenas– reflejaba como donantes del partido. Ruz adujo que "no resulta posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes".

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