Caso Nóos

Cuenta atrás para el auto del juez Castro que marcará el futuro de Cristina de Borbón

La infanta Cristina, en una foto de archivo.

¿Incluirá el juez José Castro a la infanta Cristina de Borbón y Grecia en la lista de imputados del caso Nóos para los que el cierre de la instrucción ha de marcar el peregrinaje final hacia el banquillo? Esa es la pregunta crucial que está sobre la mesa dos años y medio después de que una batería de registros lanzada por lo que entonces parecía un tándem indestructible –el juez Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach– y el primer informe de Hacienda sobre el caso destaparan cómo el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, y su socio de años, Diego Torres, habían logrado embolsarse seis millones de euros públicos gracias a Instituto Nóos.

Transcurridos dos años desde aquel terremoto original que en noviembre de 2011 zarandeó la Zarzuela y pasados 12 meses desde el nuevo seísmo desatado por la primera imputación de la infanta, todo apunta a que la tercera sacudida superará en grados a las dos anteriores. Y a que Castro considerará a la infanta penalmente responsable –o corresponsable– de los delitos de fraude fiscal que se atribuyen a su marido o de uno de blanqueo de capitales por su supuesta participación en el afloramiento del dinero ingresado por Aizoon de Instituto Nóos y/o empresas privadas y conservado en las cuentas de la pareja o su sociedad Aizoon SL.

Fuentes jurídicas de Palma creen probable que Castro dicte el esperado auto de cierre esta semana salvo que los trámites vuelvan a demorarse por la presentación de nuevos recursos de calado o por la solicitud de una nueva imputación: la del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que sopesan reclamar los socialistas valencianos.

La Audiencia de Palma ya dijo hace un año que la infanta nada sabía de los manejos de la pretendida ONG Instituto Nóos con administraciones públicas, principalmente la balear y la valenciana pero también el Ayuntamiento de Madrid, y que le reportaron más de seis millones de euros.

Pero sobre lo ocurrido a partir de 2006 con Aizoon SL, la empresa que Urdangarin y Borbón, es decir, los duques de Palma, comparten al 50% y que entre 2007 y 2010 cobró 1,6 millones de empresas que tenían a Urdangarin como asesor verbal, sobre eso será el juez el que se pronuncie: en primera instancia, porque si procesa a la infanta, la Fiscalía recurrirá ante la Audiencia, y si no la procesa recurrirán las acusaciones populares. Distintos observadores que representan incluso intereses contrapuestos creen muy difícil que Cristina de Borbón llegue a sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio donde lo previsto es que Anticorrupción pida cárcel para Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Mantener las cuentas 

Y queda un segundo interrogante: el de si el juez dará carta de naturaleza a la hipótesis de que, si bien nada tuvo que ver con la adjudicación a dedo de rentabilísimos convenios públicos, la infanta sí participó en la tarea de mantener en las cuentas del matrimonio el dinero originalmente captado por Instituto Nóos y trasvasado de inmediato a Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Que el juez mantenga intactos los postulados por los que finalmente interrogó como imputada a la hija del rey en enero de este año constituye la opción más verosímil aunque a día de hoy nadie salvo él mismo conoce con exactitud cómo y con qué razonamientos escribirá Castro su resolución. ¿Es posible que en lugar de procesarla o exonerarla opte por dictar un auto que deje en manos de las acusaciones el trámite de señalar quién debe llegar al banquillo? Los juristas consultados por este diario afirman que, por supuesto, cabe esa opción. Pero la consideran la más remota de todas. “Castro ya tiene su decisión tomada desde hace semanas”, apuntan fuentes cercanas a los juzgados de Palma.

El entorno del magistrado remacha una y otra vez que el juez no se siente esclavo de expectativas periodísticas ni ciudadanas. Pero subrayan que, por supuesto y como sucedió en abril de 2013 y en enero de 2014 con las dos imputaciones dictadas, tampoco se considera atado por los informes de Hacienda y la Fiscalía, que eximen a la infanta de delito. Y, desde luego, si Castro decidiera que sus sospechas no bastan para mantener una acusación contra la infanta en un juicio que debería celebrarse en 2015 como muy tarde, el primer sorprendido sería el fiscal Pedro Horrach, aseguran fuentes de Anticorrupción.

Porque, en efecto, que Hacienda y la Fiscalía consideren a la infanta exenta del delito de evasión de impuestos atribuido a su marido –281.000 euros entre 2007 y 2010, más los 230.000 euros que supuestamente defraudó Instituto Nóos el primero de esos años– en absoluto garantiza que Castro haya cambiado de posiciónCastro .

Es cierto –asegura su entorno–, que, una semana antes de interrogar a la infanta, el juez escuchó con máxima atención y, por momentos, se diría que asentimiento los argumentos por los que los peritos de Hacienda desecharon que la hija del rey hubiese perpetrado fraude fiscal. Y oyó cómo la Policía descartaba también que hubiese cometido un delito de blanqueo, vía que –dijo la inspectora encargada del caso– nunca se exploró por falta de indicios. “Pero a Hacienda –señalaba semanas atrás una persona que sigue de cerca el trabajo del juez– le corresponde decir si hay delito fiscal, no si alguien ha podido cooperar para cometerlo o no”.

Aquellas declaraciones, las de los peritos tributarios, parecían haber aliviado la carga que pesaba sobre la hija menor del rey. Pero el testimonio prestado una semana después por ella misma, su férreo atrincheramiento en la desmemoria y en el más total desconocimiento sobre cualquier dato relacionado con Aizoon SL, esa estrategia reactivó las sospechas del juez sobre su verdadero papel. Y –cuentan algunos- afianzó su profunda convicción de que la hija del rey contribuyó al fraude fiscal al poner al servicio de Urdangarin la misma existencia de Aizoon. O que contribuyó a blanquear el dinero defraudado por su marido.

Que Castro haya denegado la imputación de Urdangarin por blanqueo no implica que haya descartado endosar ese delito a la infanta. Precisamente, el argumento de Castro para no añadir esa a la lista de imputaciones delictivas contra Urdangarin fue el de que no cabe la doble atribución de malversación (o delito fiscal) y blanqueo contra una misma persona porque el llamado autoblanqueo no se introdujo en el Código Penal hasta 2010.

Recurso de Manos Limpias

Manos Limpias, que ejerce la acusación popular desde el inicio del caso, ha recurrido el auto por el que Castro desecha el delito de blanqueo para Urdangarin. La asociación mantiene que, Aizoon SL fue una de las sociedades utilizadas para trasvasar el dinero de Instituto Nóos a las cuentas de sus dos máximos directivos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Y que parte de esa transfusión de fondos acabó nutriendo la reforma del palacete de Pedralbes, por lo que debe incorporarse a la nómina delictiva la figura del blanqueo.

Pero, según fuentes del caso, ese recurso –que el juez envió a la Audiencia Provincial el pasado martes 29 de abril– puede terminar siendo contraproducente: “La Fiscalía no ha descartado el delito de blanqueo para Urdangarin y Torres y no se olvide que el escrito de acusación no lo hace el instructor sino la Fiscalía y las acusaciones privadas. Pero si la Audiencia se pronuncia, puede cerrarse la puerta definitivamente al delito de blanqueo para todos los imputados”.

Ahora bien, mientras que la imputación de un sospechoso durante la fase de instrucción solo requiere la existencia de indicios, el trámite previo a la apertura de juicio exige datos contantes y sonantes. ¿Opera la amnesia de la infanta a su favor o en su contra? En teoría, el olvido es una baza favorable para sus intereses. Pero –y ese es un pero crucial– es ese mismo olvido el que llevó al juez Castro a la conclusión de que para aquel viaje no habrían sido necesarias las alforjas de dos imputaciones sucesivas, la primera de ellas recurrida por el fiscal Horrach y la segunda, aceptada por la Zarzuela con la esperanza de que el interrogatorio de Cristina de Borbón pusiera fin a lo que el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, dio en llamar “martirio”.

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