Investigación

Los datos oficiales de 14 comunidades prueban que la catástrofe de las residencias se concentró en los grandes grupos privados

Operativo de desinfección en una residencia durante la primera ola de la pandemia.

Las patronales de las residencias llevan dos años quejándose de que la hecatombe sufrida durante la pandemia, con 20.000 residentes fallecidos durante la primera ola en la primavera de 2020, ha llevado a una “criminalización” injusta de todo el sector. Y también sostienen que el tipo de gestión de los centros, pública o privada, no ha sido un factor diferencial en la afectación provocada por el covid. ¿Son ciertas ambas afirmaciones?

Para saberlo con exactitud es necesario conocer el impacto del virus en cada una de las más de 5.150 residencias que estaban operativas en España cuando llegó la pandemia. En mayo de 2020, infoLibre solicitó conocer esa información desglosada por centros a través de los portales de Transparencia de las 16 comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas que tienen las competencias sobre el sector residencial. Algunas comunidades respondieron dentro de los plazos legales, otras después de que así se lo ordenasen las comisiones de Transparencia correspondientes y en tres casos la petición llegó a los tribunales. Tras una reciente sentencia del TSJ de Galicia que falló a favor de infoLibre, la Xunta facilitó la información y este periódico dispone ya de los datos de 14 comunidades autónomas. Todas excepto Aragón, Asturias y Castilla y León.

La realidad que dibujan esos datos es inequívoca. Es cierto que no se puede generalizar, como prueba el hecho de que en la mayoría de las residencias no falleció nadie con covid o síntomas compatibles durante los dos primeros meses de la pandemia. Pero también es verdad que la afectación fue mucho mayor en aquellos centros gestionados por las principales multinacionales y grupos privados del sector. Un hecho que choca de forma frontal con la versión que defienden las principales patronales ­–AESTE y CEAPs–, a pesar de que ellas sí disponen lógicamente de toda la información de lo ocurrido en sus centros. Hay que señalar que ambas patronales están controladas precisamente por las multinacionales y grandes grupos del sector. La principal empresa de España, DomusVi, fue también la que acudió a los tribunales en Galicia con la pretensión de que se mantuviesen ocultos los datos de aquella comunidad.

SIN FALLECIDOS EN EL 62% DE LOS CENTROS

En las 14 comunidades autónomas que han facilitado los datos a infoLibre estaban operativas 3.949 residencias en marzo de 2020. Pues bien, en 2.473 no se registró ni un solo fallecido con covid o síntomas compatibles, lo que equivale al 62,6% del total.

En ocho territorios ese porcentaje fue bastante más alto, situándose entre el 73,6% de Baleares y el 94,5% de Canarias. Pero también hubo cuatro comunidades donde la cifra no llegó a la mitad: Cataluña (48,0%), Castilla-La Mancha (42,7%), La Rioja (41,9%) y Madrid (28,2%). Como en casi todos los datos relacionados con el impacto del covid en las residencias durante la primera ola, la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP) tiene con diferencia las peores cifras. En el caso de residencias sin fallecidos se desvía más de 34 puntos porcentuales de la media de España.

Además, en otros 641 centros (16,2% del total) el número de personas muertas con covid o síntomas compatibles se quedó por debajo de cinco. De forma que, sumados ambos porcentajes, se concluye que casi en el 79% de las residencias de España el impacto del covid fue nulo o moderado.

El problema se concentró en el 21% restante de centros, y muy especialmente en los 165 donde murieron veinte o más personas y en los 54 con cuarenta decesos o más. En total, 219 residencias transformadas en trampas mortales para quienes allí vivían.

Hay que señalar que estos datos solo recogen los fallecimientos de personas con covid o síntomas compatibles. En las comunidades donde se desplomó la derivación a los hospitales de residentes enfermos –Madrid, Catalunya, Castilla y León–, se disparó también el número de mayores fallecidos por otras causas o que tenían covid pero no consta así en las estadísticas oficiales, puesto que en aquellos dos primeros meses faltaron test de diagnóstico en muchos lugares. En Madrid, por ejemplo, fallecieron 9.470 residentes en marzo y abril de 2020, de ellos 5.795 diagnosticados con covid o síntomas compatibles. Pero las órdenes de no trasladar pacientes a hospitales afectaron tanto a quienes tenían covid como a quienes sufrían otras enfermedades. El resultado es que 7.291 personas murieron en las residencias madrileñas sin recibir atención hospitalaria. En Cataluña y Castilla y León el número de mayores que fallecieron en los propios centros también se situó por encima del 70% del total. Y aunque Castilla-La Mancha no facilita esa información porque alega que no la tiene, otros datos relacionados con el impacto de la pandemia apuntan a que también superó o se acercó a esa cifra.

EL TIPO DE GESTIÓN, UN ELEMENTO CLAVE

En las 14 comunidades que han facilitado los datos a infoLibre fallecieron con covid o síntomas compatibles 15.010 residentes. Este periódico cruzó esos datos desglosados por centros con la información de quién gestionaba en aquel momento cada uno de ellos, para así poder analizar si la gestión pública o privada fue un elemento diferencial.

Es importante indicar que este periódico no analizó quién era titular de la residencia, sino quién la gestionaba. La diferencia es muy importante ya que en España hay más de 750 centros que son de titularidad pública, pero que están privatizados. En los dos últimos años se han publicado informes en varias comunidades –Castilla y León, Navarra, Galicia– sobre el impacto de la pandemia en residencias, que entre otras cuestiones estudian los datos por tipo de gestión. Pero, en todo ellos, ese análisis se hace según la titularidad del centro. Ello supone atribuir los fallecimientos de los centros privatizados al sector público, lo que distorsiona de forma clara los resultados. Además de ser completamente ilógico, puesto que lo significativo es saber quién gestiona la residencia y no quién es el dueño del inmueble.

Un primer análisis sobre el impacto del covid en las residencias según el tipo de gestión muestra el siguiente resultado: los centros de gestión pública disponían de un 13,23% de las plazas y en ellos se produjeron el 12,96% de los fallecimientos (1.945 personas), mientras que en las residencias de gestión privada se concentraban el 86,77% de las plazas y en ellas se contabilizaron el 87,04% de los decesos (13.065 mayores). La afectación fue, por tanto, ligeramente menor en las residencias de gestión pública.

Por comunidades autónomas, en diez fue menor el impacto del covid en los centros públicos, mientras que en Extremadura, País Vasco, Castilla-La Mancha y Cataluña fue menor en las residencias de gestión privada.

La mera división entre gestión pública y privada tiene, no obstante, un problema obvio: incluye en un mismo grupo –el sector privado– realidades completamente diferentes, desde la residencia de 40 plazas propiedad de una pequeña sociedad familiar a los geriátricos de multinacionales que están en manos de fondos de inversión cuyo objetivo declarado es obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Por no hablar de que ese sector privado incluye tanto a las empresas como a las entidades sin ánimo de lucro –muchas controladas por congregaciones religiosas– y las cooperativas.

Un ejemplo muy claro de esa diversidad es el tamaño de las residencias: el 76% de todos los centros de España tienen menos de cien plazas. Sin embargo, los geriátricos gestionados por los principales grupos son mucho más grandes: 162 plazas de media en los centros de Orpea, 156 en Ballesol, 155 en Amavir, 147 en Vitalia Home, 139 en Sanitas y 133 en DomusVi. Una situación que obedece simplemente a una cuestión económica: la rentabilidad es mayor en las residencias más grandes. Pero las consecuencias del tamaño de los centros van mucho más allá de la economía, como demostró la pandemia, ya que las posibilidades de contagio son más altas en las macrorresidencias (hay más trabajadores y familiares de visita) y también son muchos más los residentes que se pueden ver afectados. El Gobierno central tenía la intención de atajar este problema cuando inició las negociaciones para aprobar un nuevo modelo residencial, pero al final terminó cediendo ante las presiones de la patronal y aceptó que sigan abiertas todas las macrorresidencias ya operativas o en construcción (puedes consultar la serie sobre este tema publicada por infoLibre aquí, aquí y aquí).

En definitiva, para realizar un análisis más afinado del impacto del covid en las residencias según el tipo de gestión es preciso tener en cuenta las diversas realidades que se agrupan bajo la etiqueta de “sector privado”. En esa línea, la gestión del centro por uno de los grandes grupos mercantiles ofrece unos resultados contundentes: las 30 principales empresas gestionaban el 27,49% de las plazas residenciales en las catorce comunidades autónomas (80.707 en números absolutos) y en ellas se produjeron el 36,51 de los fallecimientos (5.480 personas). Una significativa diferencia de nueve puntos porcentuales que deja una idea clara: la mortalidad fue mucho mayor en los geriátricos gestionados por los grandes grupos empresariales que en el resto.

Esas 30 empresas contaban como mínimo con 800 plazas cada una. Entre ellas destacan las ocho gigantes del sector, que cumplían la doble condición de explotar más de 40 centros y gestionar más de 4.500 camas: DomusVi, Orpea, Ballesol, Vitalia Home, Sanitas, Amavir, Colisée y Clece. Todas ellas, por cierto, controladas por fondos de inversión o multimillonarios españoles o franceses.

Pues bien, esas ocho grandes multinacionales explotaban el 18,07% de las camas operativas en las 14 comunidades y en sus geriátricos se produjeron el 24,45% de las muertes. Una diferencia de 6,3 puntos porcentuales.

También dentro de esas ocho gigantes hay diferencias claras: las que tuvieron peores datos fueron Amavir, DomusVi y Orpea. Por el contrario, Clece, Vitalia Home y Colisée tuvieron menor porcentaje de fallecidos que de plazas gestionadas. Hay que señalar, no obstante, que el hecho de que Castilla y León sea una de las comunidades que oculta los datos puede ser significativo en los casos de Clece y Colisée, ya que eran precisamente los dos grupos privados que explotaban más geriátricos en la región. En el caso de Clece, filial del grupo ACS de Florentino Pérez, estaban en Castilla y León 30 de los 66 centros que gestionaba entonces en toda España. Y dicha comunidad fue la tercera donde más residentes fallecieron durante la primera ola de la pandemia, por detrás de Madrid y de Cataluña.

LAS TRES COMUNIDADES QUE OCULTAN LOS DATOS

La solicitud de datos planteada por infoLibre terminó en tres casos en los tribunales de justicia: Galicia, Asturias y Castilla y León. Y todo apunta a que ocurrirá lo mismo en Aragón.

En Galicia, el entonces Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) se negó inicialmente a entregar los datos de las residencias privadas, aunque no tuvo inconveniente en difundir los de las públicas. infoLibre recurrió ante la Valedora do Pobo, que ordenó a la Xunta hacer pública la información. Pero entonces fue DomusVi quien acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para solicitar que se mantuviera oculta. En una contundente sentencia, el tribunal rechazó el pasado mes de mayo la maniobra de la multinacional. DomusVi tenía dos meses para acudir al Supremo, pero no lo ha hecho, por lo que el fallo del TSXG ya es firme. Eso llevó a la Xunta a entregar los datos a este periódico.

En Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) se negó a facilitar la información correspondiente al periodo entre el 1 de marzo y el 8 de abril de 2020 (del 9 de abril en adelante publicó los datos en una web). El TSJ de Asturias rechazó el recurso planteado por este periódico, con el argumento de que facilitar la información solicitada exigía al Principado "reelaborar" los datos. infoLibre ha acudido en casación ante el Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si admite o no a trámite el recurso.

En Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) se negó a entregar la información solicitada, con argumentos casi idénticos a los que rechazó el TSXG en Galicia: que su difusión vulneraría la protección de datos personales de los residentes y afectaría negativamente a los intereses económicos y comerciales de las empresas. El pleito está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia autonómico fije fecha para la votación y fallo sobre el recurso contencioso planteado por infoLibre.

La otra comunidad que no ha facilitado aún los datos es Aragón, donde la solicitud de acceso a la información aún está en fase administrativa. El Consejo de Transparencia tardó año y medio en resolver la reclamación de infoLibre contra la negativa del Gobierno de Javier Lambán (PSOE) a facilitar los datos. En marzo de 2022, dicho órgano ordenó al Ejecutivo autonómico que diese trámite de audiencia a las residencias antes de resolver sobre la solicitud y que comunicase la apertura de dicho trámite al periodista de este periódico que solicitó la información. Cinco meses después, el Ejecutivo de Lambán no ha hecho nada.

A la vista de esta insólita situación, en la que el Gobierno autonómico incumple las resoluciones del órgano de Transparencia y deja en una clara indefensión a quien solicita el acceso a información pública, infoLibre presentó el pasado 10 de agosto lo que se denomina reclamación previa a la interposición de un recurso contencioso por inactividad de la Administración. Cuando un ciudadano quiere llevar a los tribunales a una Administración al entender que está incumpliendo una obligación legal, es obligatorio presentar una reclamación previa, una especie de última oportunidad para que cumpla en el plazo de dos meses. Si transcurrido ese tiempo la Administración sigue sin cumplir, el ciudadano ya puede acudir a los tribunales.

En los próximos días, infoLibre publicará dos informaciones específicas detallando el impacto de la pandemia durante la primera ola en las residencias de Euskadi, Navarra y Galicia, los últimos a los que ha tenido acceso.

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