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Qué ha dicho ya la Justicia sobre la financiación de Podemos

Los diputados de Podemos Pablo Iglesias e Iñigo Errejón durante la sesión de investidura.

"Quien entienda que tiene que denunciar que vaya a los tribunales por cuarta, quinta, sexta o séptima vez". Así se defendía el pasado martes el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de las acusaciones de supuesta financiación irregular de su partido a través de inyecciones económicas procedentes de países como Venezuela o Irán. Y es que los tribunales ya se han pronunciado en varias ocasiones sobre denuncias o querellas presentadas contra Podemos, sus dirigentes o entidades vinculadas a ellos, y al menos cuatro veces ha desestimado actuaciones judiciales en este sentido.

En los últimos días han repuntado las acusaciones de financiación ilegal contra Podemos a raíz de la publicación de varias informaciones en las que se acusa a dirigentes del partido de haber recibido hasta siete millones de euros del Gobierno venezolano durante los años de presidencia de Hugo Chávez. La acusación, no obstante, sobrevuela a la formación desde verano de 2014, cuando diarios como El País informaron de que la Fundación CEPS –que tuvo en su cúpula a varios de los ahora dirigentes de Podemos– ingresó 3,7 millones de euros por trabajos para el Gobierno de Chávez.

A raíz de estas acusaciones, son varias las denuncias y querellas que se han presentado contra Podemos y sus líderes a este respecto. El pseudosindicato Manos Limpias ha sido especialmente prolífico en su acción judicial contra el partido, aunque la propia Policía también ha iniciado una investigación a raíz del denominado informe PISA –que actualmente está en manos del Tribunal de Cuentas– e incluso el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez ha puesto en tela de juicio la financiación de Podemos. 

Actualmente, son al menos tres los procedimientos abiertos con respecto a la eventual financiación irregular de Podemos. El primero de ellos es una querella presentada por Manos Limpias ante el Tribunal Supremo contra Podemos, tres de sus principales dirigentes –Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero–, la productora Con Mano Izquierda –con la que Iglesias produce programas como La Tuerka– y la Fundación CEPS. La actuación es especialmente extensa, y aborda además de la presunta financiación ilegal de Podemos por haber recibido fondos de Irán, aborda el supuesto fraude en la relación laboral de Iñigo Errejón con su partido o el delito contra la Hacienda pública de Juan Carlos Monedero ya archivado judicialmente.

Esta querella, presentada a finales de enero, está actualmente en manos de la Sala de Admisión del Supremo, que tendrá que decidir si la admite a trámite o no. No obstante, la Fiscalía –cuya opinión en estos casos suele ser determinante– ya se ha pronunciado con respecto al documento, y ha aconsejado archivarlo al entender que recoge acusaciones ya desmontadas judicialmente, así como hechos no constitutivos de infracción penal.

CEPS, en el punto de mira

En este sentido, uno de los principales focos de financiación irregular sería la Fundación CEPS, a través de la cual Iglesias o Monedero han asesorado a diferentes gobiernos latinoamericanos. "Existen numerosos indicios", asegura Manos Limpias en su querella, "que hacen posible una financiación indirecta de la fundación a otros organismos". El motivo fundamental, según el pseudosindicato, es "la coincidencia de los miembros directivos y representantes de Fundación CEPS, [que] son a su vez altos representantes de partidos políticos, entidades públicas u otros organismos" que "habrían venido presuntamente financiándose a través de su propia directiva con el dinero adquirido gracias a la fundación CEPS". Por tanto, CEPS no sería "más que un intermediario" que permitiría a los líderes de Podemos evitar "gran parte del control institucional".

En relación a la posible financiación irregular de Podemos, la querella de Manos Limpias también incluye como documento adjunto el informe PISA, que según asegura el pseudosindicato "describe con detalle el entramado financiero dirigido por don Pablo Iglesias Turrión y en el que han participado todos los demandados, tal y como se describe en el mismo, con el fin de blanquear dinero negro procedente de Irán y Venezuela para crear y desarrollar el partido político Podemos en España, incurriendo en un evidente delito fiscal, al ocultar al fisco importante cantidades proveniente de los referidos países y que llegaron a España a través de diversos y ficticios trabajos de consultoría desarrollados por los querellados".

La Fiscalía, no obstante, no toma demasiado en serio el informe PISA. En el mismo documento en el que recomienda al Supremo no admitir a trámite la querella de Manos Limpias, asegura que este informe policial "se trata de una mera remisión de informaciones no autenticadas difundidas públicamente por los medios de comunicación sin ofrecer indicios accesibles y racionales". "En esos casos, [...] no puede hablarse de un verdadero ejercicio de la acción penal que determine la apertura de un procedimiento penal", zanja la Fiscalía del Supremo.

El segundo de los procesos abiertos es, precisamente, el análisis del informe PISA por parte del Tribunal de Cuentas, a quien la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitió el documento el pasado mes de febrero. El documento, plagado de apreciaciones ideológicas –se acusa a Podemos de utilizar "consignas demagógicas y populistas" que buscarían "desestabilizar a los gobiernos occidentales"–, basa buena parte de su investigación en el análisis de las actividades profesionales de Iglesias como presentador de programas como Fort Apache o La Tuerka, así como su relación con el canal Hispan TV.

En resumen, el informe PISA acusa a Iglesias de haber recibido entre enero de 2013 –"comienzo de los pagos provenientes del Gobierno iraní a 360º Global Media", una productora propiedad del dueño de HispanTV, la cadena donde se emite Fort Apache–  y julio de 2015 "más de 300.000 euros", a lo que habría que sumar "los supuestos 200.000 euros del Gobierno de Venezuela y los pagos en B que denuncia [el dueño de Canal 33] Enrique Riobóo tanto en su libro como en varios medios de comunicación".

Existe un tercer proceso abierto en la Justicia sobre la supuesta financiación irregular de Podemos: la denuncia presentada por Manos Limpias ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el partido morado y la CUP pidiendo su ilegalización por, entre otros delitos, enaltecimiento del terrorismo o financiación ilegal. Esta denuncia está todavía en fase de estudio –el pseudosindicato la presentó en febrero–, pero su contenido recoge varios de los principales argumentos de otras querellas ya tumbadas por la justicia o que actualmente se encuentran abiertas.

En este sentido, la denuncia también adjunta el informe PISA, y asegura que asuntos como el pago de 425.000 euros a Monedero por sus servicios de asesoría en América Latina, el "entramado societario" conformado por asociaciones como la productora "pantalla" Con Mano Izquierda –que tendría un "carácter eminentemente mercantil y lucrativo"– o la Fundación CEPS estaría sirviendo para financiar Podemos a través de donaciones. "Esta parte tiene fundadas razones para creer que el origen o la base sustancial de tales donaciones radican en las contraprestaciones económicas que los dirigentes y demás integrantes del partido percibían y perciben de terceros países, como Venezuela e Irán, con los cuales han mantenido y mantienen estrechas relaciones, encubieras por la denominación de prestación de servicios de asesoriamiento", sostiene Manos Limpias.

El Supremo rechazó otras dos querellas

Además de las actuaciones que están pendientes de resolverse judicialmente, son al menos otras tres las querellas contra Podemos, sus dirigentes o entidades vinculadas a ellos que ya han sido archivadas o que ni siquiera han sido admitidas a trámite. La primera de ellas data de noviembre de 2014, cuando el Partido Socialista de la Justicia (liderado por el abogado Rodríguez Menéndez) se querelló contra el partido ante el Tribunal Supremo, una querella que fue inadmitida por el Alto Tribunal en enero del año siguiente.

Fundamentalmente, la acusación contra Podemos se basaba en la información aparecida en El País en julio de 2014, en la que se explicaba que la Fundación CEPS había ingresado 3,7 millones de euros procedentes de Venezuela por sus trabajos de asesoría en ese país. Pero el Supremo, en su auto de inadmisión, critica que la querella no prueba que la Fundación hubiera recibido este dinero ni tampoco de que la entidad haya trabajado con el Gobierno venezolano. "La querella alude a la relación de los querellados tanto con la Fundación CEPS como con el partido político Podemos; y de esta sola mención es de la que parece que extrae la conclusión de que por medio de la primera se financia el partido citado", señala el auto, que afirma que no se desprende "del relato de hechos indicio alguno de acción delictiva".

Otra querella de Manos Limpias, en este caso relativa a la productora de Iglesias, fue inadmitida por el Tribunal Supremo en abril de 2015. El principal acusado era entonces Iglesias, a quien en febrero de ese año Manos Limpias había acusado de desobediencia, delito contra los derechos de los trabajadores, organización criminal, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho y delito contra la Hacienda Pública, por hechos como haber mantenido presuntamente trabajadores en su programa La Tuerka sin darles de alta en la Seguridad Social o haber utilizado la productora Con Mano Izquierda para gestionar fondos procedentes de Venezuela e Irán.

En la querella, según explica el auto de inadmisión se imputa a Iglesias haber utilizado "la Asociación Producciones Con Mano Izquierda, sin ánimo de lucro, para defraudar a la Hacienda Pública y transferir fondos procedentes de países como Venezuela o Irán a Caja de Resistencia Motiva 2, entidad cuyo único socio es Juan Carlos Monedero Fernández, quien no aparece imputado y cuya citación ni siquiera se propone". "Sorprende la imputación de delito fiscal cuando no se dice nada de las cantidades que debía haber ingresado en Hacienda", plantea el Supremo.

La Audiencia Provincial y un juzgado de Madrid

No sólo el Supremo ha mostrado reservas con respecto a las querellas relativas a la financiación de Podemos. El pasado mes de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid de inadmitir a trámite otra querella de Manos Limpias, que volvia a plantear que Con Mano Izquierda habría sido receptora de comisiones ilegales –en su mayoria, procedentes de países tales como Venezuela e lrán– aprovechando las ventajas que le da tener forma jurídica de asociación. "Así, por ejemplo, y a través de la intermediación de sus miembros directivos, llegó a cobrar en comisiones ilegales y por exigencia de aquellos, el 40% de los 5.000 euros mensuales que el Canal 33 obtenía de su relación contractual con 360 Global Media, mercantil representante de la televisión pública Iraní en España, Hispan TV", planteaba el pseudosindicato.

"En las distintas campañas y trabajos realizados por la asociación Con Mano Izquierda destacan algunas realizadas para entidades como IU o la Embajada Boliviana. Servicios por los cuales se tiene constancia, y puede contrastarse con los documentos que se acompañan, que la Asociación Cultural Producciones con Mano Izquierda llegó a facturar y mover importantes cantidades desprovistas de ningún fin social, que luego la junta directiva y el resto de miembros que formaban parte de su organización y facilitaban con sus intervenciones la comisión de los actos ilícitos que se relatan, contabilizaban y maquillaban para que, en sus cuentas, el activo fuera absorbido siempre por el pasivo, obteniendo pérdidas en vez de ganancias", sostiene el auto que denunciaba Manos Limpias.

Sin embargo, el auto de la Audiencia Provincial descarta estas acusaciones ya que no se aportan pruebas de la presunta actividad defraudatoria, "y sin perjuicio de que lo expuesto, pudiera suponer, en caso de ser cierto, irregularidades por parte de la asociación en su financiación, éstas podrían dar lugar a una posible responsabilidad administrativa en el ámbito fiscal, pero nunca configurarse como un ilícito penal, habida cuenta de que para subsumir tales irregularidades en un delito fiscal, la cuota defraudada debería ser superior a 120.000 euros, lo que no se infiere de lo relatado".

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