Sanidad

Un documental el error de recoratr los derechos sanitarios

Directores del documental 'Cuánto ganamos, cuánto perdemos'

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Cuánto ganamos, cuánto perdimos es un documental escrito y dirigido por Javier Arcos y Javier Jarillo cuyo objetivo es analizar la situación de la comunidad de inmigrantes afectados por el decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012. Además, pretende analizar con expertos de todos los niveles "el error que supone su aplicación". 

El documental cuenta con las voces de inmigrantes afectados, políticos (como Trinidad Jiménez o Gaspar Llamazares) médicos, periodistas y trabajadores de asociaciones que quieren reflexionar sobre la medida. Con ella, entre 150.000 y 500.000 inmigrantes en situación administrativa irregular quedan privados de poder beneficiarse del Sistema Nacional de Salud.

Financiado por Synechia Films con la colaboración de Médicos del Mundo en un 90%, los creadores del documental lanzaron una iniciativa crowdfuning  para obtener apoyos con la que pudieran completar el presupuesto y mejorar aspectos técnicos de postproducción y sonido, con la que consiguieron 4.150 euros de los 3.800 que necesitaban. Su rodaje finalizó en febrero y se estrenará este mes de abril, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Salud y coincidiendo con el aniversario de aprobación del Real Decreto.

Hasta hace poco tiempo España fue un ejemplo de país que reconocía los derechos básicos e igualitarios en materias fundamentales como la sanidad, respaldados por la Constitución  en su artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud:  “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto".

Asistencia sanitaria sólo para "asegurados"

Sin embargo, con esta medida sólo pueden disfrutar de su derecho a la sanidad aquellas personas que demuestren condición de "aseguradas". Es decir, las que trabajen por cuenta ajena o propia y estén afiliadas a la Seguridad Social; las pensionistas; aquellos que reciban prestación y subsidio por desempleo; y quienes hayan agotado este último caso y estén inscritos en una oficina de empleo, a pesar de no estar acreditando condición de asegurado.

Aquellas personas que no tengan condición de "aseguradas" pueden obtener asistencia sanitaria pagando la correspondiente contraprestación derivada "de la suscripción de un convenido especial".  

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Además, en el caso de inmigrantes, establecía que, excepto los menores de 18 años,  “los extranjeros no registrados ni autorizados como resientes en España"  recibirían asistencia sanitaria en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente, independientemente de cuál fuera la causa, hasta que reciba el alta médica; o en caso de que fuera necesaria la asistencia por embarazo, parto y postparto.

Firmas en contra de la medida

En julio de 2012, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge entregaron casi 60.000 firmas a las presidencias de las comunidades autónomas para pedir que no adoptaran “medidas regresivas en el acceso al derecho a la salud”. En un comunicado conjunto  , las tres organizaciones denunciaron que la no renovación de las tarjetas sanitarias  podría afectar “a la vida y a la salud de miles de personas” al considerar que este Real Decreto “puede costar vidas”. Según el comunicado, la medida habría supuesto la interrupción de tratamientos y seguimientos médicos, así como la imposibilidad de acceder a medicina preventiva y diagnóstico médico para miles de personas.

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