La renovación del Tribunal Constitucional

La empresa de Arnaldo logró un contrato público en cuya tramitación intervino un exasesor directo de Ignacio González

El candidato Enrique Arnaldo Alcubilla llega a su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados para la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
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Estudios Jurídicos y Procesales SL, a cuyo frente permaneció hasta hace un año el futuro magistrado del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP, Enrique Arnaldo, obtuvo en 2019 un contrato del Ayuntamiento de Las Rozas (PP) en cuya tramitación participó un concejal que había sido asesor directo de Ignacio González como "coordinador del gabinete del presidente de la Comunidad de Madrid". Se trata de Gustavo Rico, ahora primer teniente de alcalde del gobierno local y que asesoró al heredero político de Esperanza Aguirre durante todo su mandato presidencial, desde octubre de 2012 hasta junio de 2015

En noviembre de 2016, la Guardia Civil intervino una conversación telefónica en la que Arnaldo le anunciaba a Ignacio González que se estaba moviendo para conseguir que el nuevo fiscal general fuese "bueno". El ya virtual juez del tribunal de garantías, que en contra de lo que determina la legislación sobre incompatibilidades de funcionarios del Congreso fue administrador solidario en Estudios Jurídicos y Procesales a lo largo de 18 años, ya prestaba servicios al Ayuntamiento de Las Rozas desde marzo de 2015. Y aunque tanto en su currículum oficial como en su comparecencia ante el Congreso sostuvo que rompió amarras con la compañía en 2017, el contrato de Las Rozas se suma a la lista de documentos oficiales que atestiguan lo contrario. Y confirman que en 2020 seguía formando parte de ella: rubricado el 30 de marzo de ese año, el contrato señala de forma expresa que Estudios Jurídicos y Procesales viene obligada a "adscribir al contrato" a dos abogados. Uno de ellos era Enrique Arnaldo, a quien cita con su nombre y sus dos apellidos.

Concejal de Las Rozas desde las elecciones municipales de 2015, Gustavo Rico intervino en la tramitación del expediente para cuatro años más tarde adjudicar de nuevo a una empresa externa el servicio de defensa jurídica del consistorio. El concejal y antiguo "coordinador del gabinete del presidente de la Comunidad de Madrid" –así aparece en su cuenta de LinkedIn– desempeñó el puesto de "presidente suplente" en dos sesiones de la mesa que debía otorgar el contrato. Se celebraron el 8 y el 9 de agosto de 2019. ¿Por qué las presidió él y no el que tenía asignada la tarea, el entonces concejal de Hacienda? Porque este último se encontraba de vacaciones de verano, asegura el ayuntamiento. 

La primera de las dos sesiones presididas por Rico fue la que abordó la "valoración de los criterios basados en juicios de valor". Es decir, la que debía medir los "criterios subjetivos" indicados en el pliego de condiciones. Estudios Jurídicos ganó ahí por goleada. Este lunes, portavoces oficiales del gobierno local remarcaron que la mesa no adoptó en esas dos sesiones "resolución alguna sobre el fondo (propuesta de adjudicación)" y que en ambos casos la votación obtuvo "la unanimidad de los miembros presentes, todos ellos funcionarios municipales salvo el presidente".

Victoria por goleada en "criterios subjetivos"

Como señala el acta de aquella sesión, la del 8 de agosto, Estudios Jurídicos obtuvo en la fase de "criterios subjetivos" 25 puntos. El siguiente bufete, 20. Y quedaron a gran distancia los otros seis que también pujaban por este lote del contrato global de defensa jurídica del municipio, la del área de lo contencioso. Su importe se cifraba en más de 100.000 euros al año frente a los alrededor de 10.000 del segundo lote (función pública) y los algo más de 25.000 del tercero (justicia penal). 

La otra sesión que presidió Rico, concejal de Presidencia, tuvo lugar al día siguiente, el 9 de agosto de 2019. Su orden del día: "Apertura de criterios evaluables automáticamente". Un informe posterior incorporado al expediente atribuyó a otro de los concursantes –Despacho Lista– una oferta "anormalmente baja". Aquello benefició a Estudios Jurídicos. La mesa concluyó que en cuanto a oferta económica la más ventajosa era la suya.

El contrato se firmó el 30 de marzo por importe de 109.759 euros por año, IVA excluido, y prorrogable hasta un máximo de cinco años. Por parte del ayuntamiento lo firmó Rico. Por parte de la empresa, la otra administradora solidaria de la sociedad, cargo que también ostentó Arnaldo hasta noviembre de 2020. El concejal, detallan los portavoces municipales, también ha estampado su nombre en el contrato del lote adjudicado a otro bufete: el del área de función pública, Gaona Abogados. Y lo hará con el tercer adjudicatario –Despacho Lista, que finalmente se hizo con el lote de justicia penal–, cuyo contrato está ya "redactado pero no firmado".

La relación entre Enrique Arnaldo e Ignacio González salió a la luz una vez se conoció que la UCO había interceptado dos conversaciones entre ambos. Ocurrió en noviembre de 2016 en el marco de las investigaciones sobre el caso Lezo, en una de cuyas piezas el político madrileño se encuentra ya en espera de juicio. En aquel momento, González ya estaba siendo investigado por la compra de un ático de lujo en Estepona, caso finalmente archivado.

Incorporadas al sumario de Lezo, la transcripción de las dos charlas telefónicas revela que Arnaldo le dijo a su interlocutor que él mismo se estaba moviendo para conseguir un nuevo fiscal general "bueno". En esa misma conversación, Arnaldo vino a exponer ante el político madrileño que los cambios en Anticorrupción también serían positivos para él. Sus palabras fueron estas: "Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la [Audiencia] Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada". 

Tres meses después, el nuevo fiscal general, José Manuel Maza, nombró fiscal anticorrupción a Manuel Moix, que en 2007 y 2009 se había negado a investigar la construcción de un campo de golf con el que la familia González dio un auténtico pelotazo y por el que ahora el expresidente madrileño está en espera de sentarse en el banquillo.

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