Andalucía

El enemigo interno del alcalde de Granada acecha su puesto

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, está dispuesto a dimitir tras su detención el miércoles en el marco de una investigación judicial sobre una supuesta red de corrupción en el Ayuntamiento basada en la concesión de favores a promotores a cambio de contrapartidas, informan fuentes del entorno del regidor. Tanto puertas adentro como puertas afuera defiende su inocencia y afirma que podrá demostrarla, pero sabe que políticamente su posición ahora es insostenible. El PP lo ha suspendido de militancia y le pide su dimisión inmediata. Ciudadanos, que lo mantiene en el poder hasta ahora, ya ha anunciado que si no dimite habrá moción de censura. Torres Hurtado asume que su tiempo se agota, pero se niega a dejar el cargo y poner las cosas fáciles al PP si su sustituto es su enemigo interno, Sebastián Pérez, presidente provincial del partido, señalan las mismas fuentes.

Torres ha explicado a su entorno que se siente víctima de una maniobra de Pérez. Está convencido de que su detención está relacionada con las malas relaciones entre ambos y con el deseo de Pérez de ocupar su cargo. El alcalde sitúa la clave del asunto en la salida del Ayuntamiento de Jacobo de la Rosa, cesado en 2013 como director general de Urbanismo por Isabel Nieto –concejal de Urbanismo, también imputada y suspendida de militancia– por falta de confianza y posteriormente colocado por Sebastián Pérez, entonces presidente de la Diputación de Granada, como director general de Fomento y Obras Públicas. Este fichaje destrozó la confianza de Torres Hurtado en Pérez. infoLibre intentó contactar con Sebastián Pérez a través del PP en la provincia.

Antes de marcharse del Ayuntamiento, De la Rosa dejó escrito un informe desvelando el caso Serrallo, una de las operaciones investigadas ahora. Se trata de una operación urbanística que permitió la construcción de una discoteca y una pista de patinaje en zona considerada verde por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El juzgado investiga si la operación ha causado un menoscabo a las arcas públicas del Ayuntamiento, al no haber pagado el promotor Roberto García Arrabal todo lo que debía. El informe acabó en manos del concejal de IU Francisco Puentedura, que denunció el caso. Es el origen de la caída del alcalde.

Altos cargos de Urbanismo

En el urbanismo moderno de Granada han tenido una influencia crucial, tanto o más que los políticos, un pequeño grupo de altos cargos de Urbanismo, explican fuentes municipales.

Concretamente tres han tenido un papel fundamental incluso desde antes de la llegada al poder de Torres Hurtado: Jacobo de la Rosa; Manuel Lorente, director de Obras; y Emilio Martín Herrera, director de Licencias. Lorente y Martín Herrera fueron detenidos e interrogados el miércoles.

Torres Hurtado defendió el miércoles ante la prensa su convencimiento de que todo se había hecho correctamente en Urbanismo. "No ha habido corrupción", dijo el alcalde. No se defendió sólo a sí mismo, sino también a Isabel Nieto –cuya dimisión no acepta– y a los técnicos de Urbanismo Lorente y Martín Herrera, enemistados desde antiguo con Jacobo de la Rosa. El alcalde se siente víctima de esa guerra y sitúa a Pérez como muñidor de movimientos contra él.

Protesta además por haber sido detenido en su casa y haber tenido que asistir a cómo abrían y removían los cajones de su domicilio, un registro que considera que fue superficial y que en realidad sólo sirvió para el espectáculo mediático. El alcalde contrasta este registro con el realizado en Urbanismo, en el que agentes policiales llegaron a derribar tabiques, cuentan fuentes próximas al alcalde. La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió este jueves un comunicado en el que se desmarcaba y lamentaba este registro, que calificada como "medida intrusiva", apuntando a que las detenciones realizadas fueron realizadas "a iniciativa de la fuerza policial", no de la autoridad judicial.

Un animal político

Sebastián Pérez, que también es teniente de alcalde y senador, es un animal político criado en el PP. Consciente de la popularidad de Torres Hurtado, jamás lo ha desafiado públicamente. No obstante, sus maniobras para situarse como recambio del regidor llevan años siendo la comidilla de la política granadina. "Que espere", respondió el alcalde cuando el periódico Granada Hoy le preguntó por el tema en junio de 2013. Cuando Torres Hurtado sufrió un infarto de cerebelo en junio de 2014, todas las especulaciones sobre una eventual sucesión se dirigieron a Sebastián Pérez, que la misma tarde del incidente –del que el alcalde está recuperado– convocó de urgencia una comentada reunión con los concejales.

Pérez perdió la mayoría absoluta en la Diputación en 2015 y desde entonces se ha hecho fuerte en el grupo municipal del PP, de 11 miembros, como teniente de alcalde. Además es considerado el hombre de partido, en contraste con Torres Hurtado, que como suele ocurrir con los alcaldes longevos –lleva trece años– es algo más díscolo. El grupo del PP está de hecho dividido. Del lado de Pérez está el delegado de Personal, Juan Antonio Fuentes; y la delegada de Comercio, María Francés. Fieles a Torres Hurtado se sitúan Nieto (la edil de Urbanismo imputada) y Telesfora Ruiz (Medio Ambiente). La posición del alcalde está debilitada.

Hasta el 12 de mayo

En el PP, ni desde la calle San Fernando –sede andaluza– ni desde Génova señalan oficialmente un favorito a la sucesión. Su mensaje se centra en solicitar la dimisión de Torres Hurtado, que está atrapado entre la certeza de la debilidad de su posición y el orgullo de un hombre acostumbrado a ganar y que pretende, al menos, tener voz e influencia en el proceso que llevará a su sustitución. De momento quiere ganar tiempo y ha pedido que le dejen tomar la decisión tras declarar ante el juez del caso el 12 de mayo.

Para eso queda casi un mes. Una era en política. Y además el PP insiste en que tiene que marcharse ya. Torres Hurtado, alcalde desde 2003, sólo tiene 11 de 27 concejales. Está en el cargo gracias a Ciudadanos, que tiene cuatro concejales y cuyo portavoz, Luis Salvador, asegura que o el alcalde dimite o habrá moción de censura. La pregunta es: moción de censura, pero, ¿para poner a quién? Hay dos opciones fundamentales: una, la de Francisco Cuenca, portavoz del PSOE (ocho concejales), que tendría que ser alcalde con el apoyo de Ciudadanos, Vamos Granada (marca local de Podemos) e IU; y dos, la de un sustituto del propio PP, que requeriría el apoyo del partido naranja.

Pérez guarda silencio

Pérez lleva dos días sin dar señales de vida. Ni se le ve por el Ayuntamiento, ni hace declaraciones públicas, pese a ser el secretario provincial del partido protagonista de un sonado escándalo judicial. A estas alturas su silencio se escucha más que las palabras de todos los demás protagonistas. Más aún porque la oposición de izquierdas ya ha puesto el foco en él. Francisco Cuenca (PSOE) pidió este jueves la dimisión no sólo de Torres Hurtado y de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, sino también de Pérez. Lo mismo hizo Alberto Matarán, secretario general de Podemos en Granada. Izquierda Unida no explicitó la petición de dimisión, pero su portavoz, Francisco Cuenca, lo considera el menos idóneo para ocupar el cargo.

En la investigación judicial por la que fue detenido Torres Hurtado –que se encuentra bajo secreto de sumario– fueron también interrogadas al menos otras 16 personas. El juzgado de instrucción número 2 de Granada investiga una "trama corrupta" en el área de Urbanismo del Ayuntamiento, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El abanico de delitos investigados abarca el cohecho (soborno), fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio. El juzgado investiga el papel de los detenidos en operaciones realizadas en Urbanismo en las que se incrementaba tras pasar por esta área el uso lucrativo de parcelas ya compradas por promotores.

La investigación apunta a varias operaciones, entre ellas la del caso Serrallo. Otro asunto investigado es un desarrollo urbanístico en Cerrillo Maracena por parte del empresario José Julián Romero, que compró al Ayuntamiento unos terrenos pero supuestamente no los pagó en su totalidad. Otras operaciones de Romero, caso de la construcción de un parking, también están siendo investigadas. Romero debe 5,6 millones al Estado, según el listado de deudores hecho público en diciembre por la Agencia Tributaria. Además de García Arrabal y Romero, la Policía interrogó el miércoles a Enrique Legerén, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Granada (APC), el lobby del ladrillo en la provincia, confirmó a infoLibre el TSJA. Este periódico intentó contar con Legerén a través de la APC.

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