La nueva legislatura

Esquerra se abre a facilitar un Gobierno progresista partiendo de la mesa de diálogo que Sánchez firmó en Pedralbes

Adriana Lastra y Gabriel Rufián, reunidos en la Cámara Baja.

Fernando Varela

PSOE y Unidas Podemos tendrán que esforzarse mucho para que Esquerra, y de paso EH Bildu, acepten facilitar la formación de un Gobierno progresista en España, el primero de coalición en cuarenta años de democracia. Los republicanos, que este verano estuvieron dispuestos a abstenerse sin pedir nada a cambio con tal de desbloquear la situación política y evitar que una repetición electoral allanase el camino a la extrema derecha, aseguran que “han cambiado muchas cosas; lo que no se puede pedir es confianza ciega”. Ha cambiado especialmente el discurso de Pedro Sánchez, a quien reprochan haber asumido “íntegramente” la sentencia del procés, rueda de prensa incluída, o las referencias que hizo a Cataluña en el debate de candidatos: la criminalización de la convocatoria de referéndums ilegales o que cuestionase TV3 y la escuela catalana. Y haber “abrazado el relato de Ciudadanos sobre lo que está pasando en Cataluña”, aseguran. “El problema es que ya no hay margen para la confianza; se lo han cargado en estos meses”, sentenció este miércoles el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, en una entrevista en Catalunya Ràdio.

La pérdida de un escaño en el bloque que Sánchez aspira a construir —el voto del exterior dio al PP un diputado más a costa del PNV— ha hecho que, además de la abstención de Esquerra, el acuerdo PSOE-Unidas Podemos necesite la de EH Bildu. No obstante, la llave de la investidura seguirá en manos catalanas: así lo confirmó este miércoles el portavoz abertzale, Arnaldo Otegi, que vinculó la posición de su organización a la que finalmente adopte Esquerra.

Los republicanos se saben en una posición inmejorable para condicionar la agenda del nuevo Gobierno de Sánchez. Y ya han puesto precio: la constitución de una mesa de partidos para buscar una solución política al conflicto catalán. “El Gobierno español, sea de coalición o monocolor, se ha de sentar a la mesa, es lo que pide la gente en las calles y lo que piden las instituciones del país: sentarse, hablar y encontrar soluciones”, subrayó Aragonès.

“Lo que hace falta es un mecanismo para encontrar una solución. Debe haber un compromiso de crear una mesa de negociación política entre iguales, instituciones catalanas y del Estado. Y debería haber libertad para que todos pongan sus propuestas y todas se han de discutir. Los referéndums de autoterminación se han de poder discutir”, precisó el vicepresidente catalán.

Ese escenario de diálogo del que habla Esquerra no es otro que el establecido en la llamada Declaración de Pedralbes,Declaración de Pedralbes, el documento que Pedro Sánchez firmó junto a Quim Torra después de una reunión celebrada en Barcelona el pasado diciembre. Y que ERC quiere recuperar como el punto de partida de una negociación que, admiten, no va a ser fácil y que puede prolongarse mucho. Por eso exigen garantías de que se va a mantener en el tiempo y no va a ocurrir lo que sucedió en febrero, cuando Sánchez puso fin al diálogo al considerar que la exigencia del independentismo de incluir en la agenda de asuntos a tratar la convocatoria de un referéndum pactado había llevado los contactos a un callejón sin salida.

En la Declaración de Pedralbes el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat reconocían la existencia de “un conflicto sobre el futuro de Cataluña” y acordaban dialogar en busca de una “propuesta política” que la sociedad catalana pudiese respaldar. Aquel documento afirmaba que, a pesar de que los dos gobiernos “mantienen diferencias notables” sobre “el origen, naturaleza o las vías de resolución” del mencionado “conflicto sobre el futuro de Cataluña”, comparten “por encima de todo su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana”.

Por esa razón, “y con el objetivo de garantizar una solución”, las dos partes acordaron “seguir potenciando los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”. “La vía del diálogo”, concluía aquella declaración, “requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos gobiernos se comprometen a trabajar para hacerlo posible”.

El temario del diálogo

El Gobierno y los independentistas se atascaron ahí: la mesa de partidos que debía traducir la Declaración de Pedralbes en hechos concretos nunca llegó a constituirse. Y Esquerra pone como condición para facilitar la investidura que el Gobierno acepte recuperarla y que permita a los soberanistas plantear en ella su demanda de un referéndum pactado y reconocido internacionalmente, algo que el PSOE considera fuera de los límites de la Constitución y que se negó a aceptar en febrero, provocando el rechazo de los Presupuestos por parte de los diputados independentistas y desencadenando la convocatora de elecciones que nos ha llevado hasta aquí.

Esquerra considera insuficiente el preacuerdo firmado por Sánchez e Iglesias para formar un Gobierno de coalición. Creen que limita los escenarios a “un desarrollo competencial y estatutario” y evita reconocer la existencia de un conflicto entre Cataluña y el Estado español. “Estaremos muy atentos a los detalles”, pero si lo que quieren es que ERC facilite la investidura, “sit and talk [siéntense y hablen]”, subrayó el vicepresidente del Govern en inglés repitiendo la etiqueta que el independentismo reproduce desde hace semanas en redes sociales. “Lo que no puede ser es que sigamos huyendo de la salida politica al conflicto”.

Del lado del PSOE y de Unidas Podemos nadie da nada por perdido. Los socialistas y sobre todo los morados creen que hay margen para que Esquerra se abstenga, especialmente en un contexto en el que la fractura del independentismo es más que evidente. En UP no falta quien piensa que los republicanos son muy conscientes de que la independencia no es un escenario viable a medio plazo y que, por tanto, la estrategia de confrontación no es sostenible en el tiempo. En los próximos años, aseguran, tendrán que llegar a acuerdos políticos que sean aceptables también para el Gobierno de España y para eso necesitan un interlocutor viable en la Moncloa, precisamente el que puede nacer del acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias.

Esquerra quiere además sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat —están aplicando los de 2017— y para eso necesita el apoyo de Catalunya en Comú-Podem, lo que otorga a Pablo Iglesias y a Ada Colau un elemento de presión adicional para convencer a los republicanos de que faciliten la formación de Gobierno.

Sin embargo, no todo juega a favor de que Esquerra se abstenga. El ambiente preelectoral que vive Cataluña obliga a los republicanos a competir por la hegemonía del independentismo. Y permitir un Gobierno de Sánchez e Iglesias sin obtener nada a cambio debilitaría su posición en el campo soberanista. Por si eso fuera poco, en diciembre celebrarán su congreso y eso les obliga a reabrir el debate interno sobre la unilateralidad y el respeto al orden constitucional justo cuando Junts y las CUP más están apostando por el enfrentamiento.

Este mismo jueves, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se reunirá con su homólogo de Esquerra, Gabriel Rufián. En las últimas horas ya han mantenido contactos con Aitor Esteban (PNV), Joan Bardoví (Compromís) e Íñigo Errejón (Más País) y, aunque falta detallar los compromisos concretos, todo apunta a que están dispuestos a facilitar la investidura.

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