Esquerra y la CUP elevan la presión para que Puigdemont aclare sus intenciones  

El tiempo se agota. El calendario político de 2018 avanza y los plazos para que Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP alcancen un pacto para hacerse con el control de la Mesa del Parlament y, sobre todo, para ponerse de acuerdo en torno a la investidura del president de la Generalitat, se van consumiendo.

El intento de Carles Puigdemont de llegar a un acuerdo con el Estado que le permitiese regresar a Cataluña sin ser encarcelado y presentarse a la investidura no ha obtenido la respuesta que el destituido president esperaba o al menos decía esperar. Se lo recordó este mismo jueves el diputado electo del PP en el Parlament Santi Rodríguez: España es una democracia y “el Estado no tiene capacidad de negociar situaciones jurídicas”. Puigdemont “se cree sus propias mentiras” si piensa que el Gobierno puede hacer que el Supremo tome una decisión sobre su caso. “Cuando era presidente de la Generalitat desaprovechó la oportunidad de llegar a cualquier pacto político” y ahora no se puede llegar a ningún pacto con la justicia.

En estos momentos, a Puigdemont sólo le quedan, aparentemente, dos opciones: o permanece en Bélgica, lo que le obligaría a renunciar a una investidura que el reglamento de la Cámara sólo permite defender de forma presencial, o regresa a Cataluña para ser detenido y juega la carta de pedir permiso al juez Pablo Llarena para salir de prisión, someterse a votación del Parlament y ser elegido president.

De las dos alternativas sólo la segunda se corresponde con el relato que el propio Puigdemont ha construido desde la convocatoria de las elecciones,relato porque es la única que restituiría el Govern legítimo destituido por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es, según fuentes de Junts per Catalunya, la más difícil desde el punto de vista personal, pero también la que más eco daría a la estrategia de internacionalización del conflicto que buscan los independentistas parta forzar una salida negociada.

Un escenario incomodo

Tanto si el Supremo no le deja salir de la cárcel para someterse a la sesión de investidura como si se lo permite y le devuelve después a prisión, esta opción permitiría a Puigdemont y a sus seguidores, como ninguna otra, alimentar el discurso de que España no respeta el resultado de las elecciones porque impediría al Parlament elegir president al candidato que tiene la mayoría absoluta o, lo que aún sería más incómodo para el Estado, se lo permitiría pero lo mantendría encarcelado. Un cargo público del rango de un presidente autonómico en prisión sin haber sido condenado daría lugar, de nuevo, a una situación sin precedentes.

Si Puigdemont regresa, es detenido, y el juez decide no dejarle acudir al Parlament para defender su investidura (hay precedentes en el País Vasco que avalan el derecho a acudir a la Cámara por este motivo), las formaciones soberanistas tienen, además, otra opción: agotar los plazos para elegir president y forzar nuevas elecciones porque tienen votos suficientes para bloquear la investidura de cualquier otro candidato. Esta posibilidad, que hoy todas las partes consideran remota, les permitiría denunciar en el extranjero el bloqueo político que sufriría Cataluña como consecuencia de la decisión del Estado de no facilitar la elección del president preferido por la mayoría absoluta del Parlament.

Hay otra hipótesis que se ha barajado en los últimas semanas, en principio muy difícil de articular: elegir president a una persona de absoluta confianza de Puigdemont que actuaría como su representante en la Generalitat. Las declaraciones de dirigentes de Esquerra contrarios a una Presidencia a distancia, hacen inviable esta opción.

Sea cual fuere la solución elegida, y a la espera de la decisión que anuncie hoy la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la excarcelación de Oriol Junqueras, tanto la CUP como Esquerra ya presionan a Puigdemont para que aclare cuanto antes si va a regresar para someterse a la investidura aun a riesgo de ser encarcelado.

Los deseos del destituido president

El president destituido ha trasladado tanto a Esquerra como a la CUP su deseo de ser investido en la primera votación posible, a finales de enero, lo que exigiría contar con mayoría absoluta. De ser así, estaría pensando en volver. Elnacional.cat sostiene que los planes de Puigdemont pasan por restituir en sus cargos a todos los consellers cesados por Rajoy y poner fin así a la aplicación del artículo 155, cuya vigencia concluye con la toma de posesión del nuevo Govern.

Tanto Esquerra como la CUP mantienen que apoyarán a Puigdemont si decide regresar, pero los republicanos, sobre todo, dejan muy abiertas las opciones en caso de que no lo haga. El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendió este jueves a las puertas del Supremo que es de “puro sentido común” que Oriol Junqueras sea, en ese caso, el candidato a la investidura porque sería lo más parecido a restituir el “gobierno legítimo”.

Representantes de Esquerra y de los anticapitalistas están desplazándose estos días por separado a Bruselas para negociar directamente con Puigdemont. Entre ellos el cabeza de lista de la CUP en las elecciones del 21 de diciembre, Carles Riera, que este jueves situó en el terreno de lo personal la decisión que debe tomar Puigdemont sobre su regreso e insistió en que la CUP no pone el foco en el candidato a la Presidencia sino en el programa de Govern: “Lo que no haremos es autonomía, constitucionalismo, acatar el 155”, advirtió. La CUP insiste en que no apoyará nada que no sea dar continuidad unilateral a la república proclamada el pasado mes de octubre.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Riera dejó claro que para la CUP “entrar en una fase de negociación con el Estado para llegar a ninguna parte no es obedecer el mandato del 21D”.

A vueltas con la Mesa

Mientras se despejan las dudas sobre el regreso de Puigdemont, los partidos se concentran en el pleno de constitución del Parlament que se celebrará el miércoles 17. JuntxCat y ERC quieren que la Mesa refleje la mayoría absoluta independentista y aspiran a controlar cuatro se los siete asientos de este órgano, incluida la Presidencia. Los otros tres serían para Ciudadanos (2) y el PSC (1).

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Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos, por el contrario, ya ha manifestado su pretensión de intentar convencer a PSC, PP y Catalunya en Comú para aprovechar que ocho diputados soberanistas están en Bélgica o en prisión. Arrimadas quiere evitar que los independentistas controlen el órgano de Gobierno de la Cámara y pide a los partidos no independentistas que apoyen dar la Presidencia del Parlament a Ciudadanos y dejen a JuntsxCat y ERC con sólo tres puestos en la Mesa.

Esta idea, sin embargo, tiene pocas posibilidades de éxito. A l margen de lo que decida el PSC, Catalunya en Comú-Podem ya ha anticipado que su formación considera razonable el reparto al que aspiran los independentistas porque refleja mejor el peso de cada partido y no el que persigue Ciudadanos.

De confirmarse, la posición del partido de Ada Colau facilitaría las cosas a JuntsxCat y Esquerra, que en caso contrario deberían hacer renunciar a seis de sus diputados electos en el extranjero o en prisión para que sus puestos pudiesen ser ocupados por lo siguientes en las listas y garantizar a los independentistas votos suficientes para asegurarse el control de la Mesa.