El expediente de la segunda gran estafa al equipo de Almeida revela la existencia de otra empresa en la operación
La Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid ya ha entregado al juez toda la documentación que obra en su poder sobre la segunda supuesta gran estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en los momentos más duros de la pandemia. A comienzos de junio, el organismo público hizo llegar al titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Israel Bartolomé, copia "completa y fidedigna" del "expediente original" relativo al contrato de compra a la consultora estadounidense Sinclair & Wilde de medio millón de mascarillas por 2,5 millones de euros. Una documentación, a la que ha tenido acceso infoLibre, en la que no consta contrato alguno y que desvela la participación de otra compañía en toda esta operación de compraventa de unos cubrebocas que nunca pudieron llegar a ser utilizados.
Es una carta recibida por la funeraria municipal la que pone de manifiesto la existencia de esta otra firma. La misiva está fechada a comienzos de octubre. La envía al consistorio el bufete de abogados luxemburgués Karp & Choucron en representación de la compañía Victorian Linen & Crafts, que según exponen los letrados "ha sido la encargada de proporcionar mascarillas al Ayuntamiento de Madrid a través del proveedor Sinclair & Wilde, con sede estadounidense". El despacho escribe al consistorio ante los infructuosos intentos de comunicarse con él. "Me pongo de nuevo en contacto con usted, ya que ninguno de nuestros anteriores correos ha sido respondido", arranca el escrito, que firma la abogada Joëlle Choucroun. Por aquel entonces, la Policía Municipal ya estaba tratando de dar con la cara visible de la consultora estadounidense, el empresario franco-israelí Philippe Solomon.
La letrada de Karp & Choucron puso en conocimiento del consistorio que su cliente no había recibido aún "ninguna información sobre la correcta recepción del pedido por parte de las autoridades municipales". "Es por esta razón que necesitaríamos urgentemente averiguar la conformidad del contrato establecido y, especialmente, la correcta recepción de dichas mascarillas (de modelo FFP2/KN95) a las autoridades municipales por escrito", finaliza la carta, que el bufete acompaña de un supuesto documento de transporte para el envío a España de la mercancía. Aquel papel, que se encabezaba con un "Air Cargo Manifest", reflejaba la cantidad y el tipo de los cubrebocas, así como el aeropuerto de salida, ubicado en China, y en el que se hizo la descarga –el de Lieja, en Bélgica–. Y también proporcionaba la fecha de aquel vuelo concreto: 4 de abril de 2020.
La información aportada por el despacho de abogados coincide al milímetro con la facilitada por el propio Solomon en una carta enviada a la funeraria municipal pocos días antes de aquel transporte. En la misiva, fechada el 28 de marzo de 2020 y también desconocida hasta la fecha, el empresario se disculpaba por el retraso en el envío de la mercancía, que estaba prevista para el día anterior. "Debido a las dificultades del mercado y por fuerza mayor, no podremos entregar los productos a su debido tiempo desde el Reino Unido", explicaba Solomon. En este sentido, informaba a las autoridades municipales que los bienes estarían listos para salir en carga el 4 de abril a través de Ethiopian Airlines. Y, en este sentido, aportaba el número de Air WayBill, que sirve para identificar el vuelo y que coincide con el que consta en el documento de transporte del bufete de abogados.
Pero, realmente, las mascarillas tardarían mucho más en llegar a la capital. Los documentos oficiales indican que la mercancía no pasó por la aduana de Barajas hasta el 23 de abril. Llegaron en un vuelo de Turkish Airlines, según figura en unas fotografías que el Ayuntamiento de Madrid facilitó a la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a la que encargó analizar la calidad de las mascarillas y la documentación que la acompañaban. Imágenes en las que se ponía de manifiesto, además, que quien se había encargado de suministrar todos esos cubrebocas a Sinclair & Wilde había sido una firma turca: Zero Entegre. De hecho, es la primera vez que el nombre de la firma representada por el bufete luxemburgués aparece en la causa que se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 30 de la capital tras la reapertura del caso.
El propio Solomon, tras ser localizado por infoLibre, explicó que hizo fabricar las mascarillas en Turquía tras, supuestamente, haber sido víctima de una estafa. Dijo que en un primer momento trabajó con el mercado chino. Pero que su proveedor "incumplió" lo acordado "después de haberle pagado", un caso del que, asegura, lleva desde "junio de 2020" esperando su resolución: "Demandé al chino y a su agente en Luxemburgo". "Tenía que tener las mascarillas entregadas según mi compromiso y por eso las hice fabricar en Turquía. Así que pagué dos veces 500.000 mascarillas para satisfacer a Madrid y mantener mi palabra", concluyó en respuestas a este periódico.
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Sinclair & Wilde, Zero Entegre o Victorian Linen & Crafts no son las únicas firmas que han surgido al calor de esta operación de compraventa. En el contrato medió una empresa española: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. De hecho, algunas horas antes de que se produjese la licitación, la dueña de esta empresa ofrecía sus servicios al consistorio de la capital para "buscar la mejor oferta de suministro entre las fábricas con las que solemos trabajar". Ese correo electrónico llegó al concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita, quien se lo reenvió a la presidenta de la funeraria municipal, el organismo que se estaba encargando en aquella época de la compra de material sanitario.
Entre la documentación que figura en el expediente también hay dos recibos bancarios relativos al pago de la mercancía, el segundo de ellos emitido pocos días después de que las autoridades municipales solicitasen la devolución del primer pago tras haber detectado "determinadas irregularidades que pudieran dar incumplimiento al contrato". Una información que ha aportado a petición del juez Israel Bartolomé, quien tras reabrir el caso solicitó tanto a la funeraria municipal como al Ayuntamiento de Madrid "toda la documentación" sobre esta operación, incluyendo copia de los expedientes administrativos, comunicaciones intercambiadas en la gestación, negociación o concreción de la compraventa o reclamaciones ulteriores.
El juez también pidió el contrato formalizado. Sin embargo, a diferencia del caso que afecta a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, en esta ocasión no consta en el expediente aportado nada parecido. Lo único, una factura proforma donde en un par de líneas se especifican las condiciones de la venta.
