Corrupción

Extrabajadores de Telemadrid toman el testigo del SUP en la acusación del ‘ático de González’

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el palco del Vicente Calderón junto a Enrique Cerezo.

La renuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) a seguir con la acusación popular del caso del ático del presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no acabará con la instrucción. Los extrabajadores de Telemadrid, que se habían personado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona bajo la dirección letrada del sindicato policial, tomarán el testigo del propio SUP, que de forma sorprendente ha renunciado a seguir con la investigación sobre la compra del dúplex de lujo que desde diciembre de 2012 es propiedad de González y su mujer, Lourdes Cavero.

infoLibre ha tenido acceso al escrito presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que justifica la decisión adoptada, según la documentación que obra en el sumario, por la comisión ejecutiva de la central "en pro de nuestros afiliados".en pro de nuestros afiliados El portavoz del SUP, Javier Estevez, justifica así la retirada: "Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. El SUP fue el que dio en su momento el paso adelante. Y ahora ya existen otras partes y la Fiscalía está actuando. Por eso a partir de ahora no vemos el sentido de seguir seguir acusando. Nuestro papel no es querellarnos, aunque lo hicimos en su momento para que no quedara impune. No queremos dedicar más tiempo ni dinero a este tema".

Las partes a las que se refiere el portavoz del SUP que están personadas son la Asociación de Extrabajadores Afectados por el ERE de Telemadrid, la Asociación Transparencia y Dignidad, y el Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) que ejercen la acusación popular. Este diario se ha puesto en contacto con los extrabajadores de la televisión pública madrileña, en la que un portavoz aseguró. "No vamos a valorar la renuncia del SUP. Eso sí, nosotros vamos a seguir adelante. Y más ahora que la propia Fiscalía ha impulsado el caso reclamando pruebas que van en el sentido de la comparecencia que realizamos hace dos años ante el fiscal jefe de Málaga". 

Sigue Javier Carnerero

La Asociación de Extrabajadores Afectados por el ERE de Telemadrid, cuya participación como acusación dependía hasta el momento de la dirección letrada del SUP, ha decidido que el abogado Javier Carnerero, que hasta el momento ejercía la dirección del caso del ático, defienda los interesescaso del ático de los despedidos en el ERE de la cadena pública madrileña.

Precisamente, las preguntas realizadas por el letrado Carnenero durante las declaraciones de los diferentes testigos han sido claves en el avance de la investigación. En concreto, interpeló a la vendedora del ático, que reconoció que la primera venta se produjo después de que la mujer de González, Lourdes Cavero, visitara en dos ocasiones el dúplex de lujo. También fue el artífice de la pregunta realizada al primer propietario del inmueble, Francisco Javier Villate, que aseguró haber vendido el ático al testaferro Rudy Valner, que se encontraba en Estados Unidos y que ni tan siquiera había visto la vivienda. 

La participación de esta asociación está siendo clave. Especialmente tras la comparecencia hace dos años ante la Fiscalía Anticorrupción. Los extrabajadores de Telemadrid aportaron al caso numerosa documentación en la que se apuntaba la posibilidad de que el ático de González fuera en realidad una dádiva que había entregado Enrique CerezoEnrique Cerezo a cambio de los numerosos contratos recibidos por el presidente del Atlético de Madrid desde departamentos o empresas del Gobierno de Esperanza Aguirre que dependían de la decisión directa o indirecta de Ignacio González.

La anterior instructora del caso, la sustituta Mariana Peregrina, dio verosimilitud al relato de esta asociación, acordando el traslado de la investigación a la Audiencia Nacional, al mismo tiempo que llamaba a declarar como imputada a la mujer de González, Lourdes Cavero.

Pero la Audiencia Provincial de Málaga revocó esta decisión, y devolvió el sumario al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, al que se reincorporó la jueza titular, Isabel Conejo. Los exempleados de Telemadrid también interpusieron una querella contra González en el Tribunal Supremo, que acordó que el caso se mantuviera en Estepona hasta que se encontraran indicios de la participación en el caso investigado de cualquier aforado, en este caso el presidente de la Comunidad de Madrid.

Inversión de 300 millones 

Según la documentación aportada al sumario por esta asociación, Telemadrid creó la empresa Madrid Deportes Audiovisual (MDA) y adquirió los derechos de emisión y publicitarios del Atlético de Madrid y Getafe C.F. por 300 millones de euros. Y según un correo electrónico de Blesa, la Comunidad sabía que los números "generaban pérdida". Asimismo, un informe que el responsable jurídico de Telemadrid envió al director general también dudaba de la rentabilidad de la operación, por lo que Telemadrid y Caja Madrid han perdido más de 30 millones de euros.

Esta decisión de renunciar a la acusación popular la adopta la nueva dirección del sindicato policial apenas ocho días después de que se conociera la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar como testigo al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a quien el comisario José Manuel Villarejo vinculó en una querella presentada contra González con el mayor pelotazo del caso Gürtel.

Además del testimonio de Cerezo, Anticorrupción ha instado a la jueza que instruye el caso en Estepona, Isabel Conejo, a que llame a declarar a los comisarios de Policía José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Estos dos funcionarios fueron los que mantuvieron la reunión con Ignacio González que fue grabada, y cuyos audios entregó el diario El Mundo en el Juzgado. En la conversación, González llegó a asegurar que no tenía interés en que se conociera que él era el inquilino de la sociedad offshore Coast Investors, que fue la que adquirió el inmueble de lujo al empresario vasco Francisco Javier Villate por 700.000 euros.

Empresas de Panamá

Asimismo, el Ministerio Público reclamó a la jueza Isabel Conejo que reclamara a la Audiencia Nacional toda la documentación de las empresas que aparecen en la constitución en Panamá de Waldorf Overseas Investments, la matriz de Coast Investors: Winsley y DulcanWinsley y Dulcan. Y lo ha hecho tras asegurar las acusaciones que eran las mismas empresas que constituyeron la empresa de Francisco Correa en Panamá, Golden Chain Properties, a la que Suiza bloqueó sus cuentas cuando tenían 17,1 millones de euros.

En este sentido, un informe de la Agencia Tributaria publicado este jueves por infoLibre apunta a que al menos 12 de los 25 millones abonados a Francisco Correa por el mayor pelotazo del caso podría haber tenido como destino la empresa RTM, que fue la elegida por el Atlético de Madrid para desarrollar la operación Calderón-Mahou, en la que esta sociedad, en la que parcipaba Martinsa con el 33% pretendía construir 2.000 viviendas en esta zona del suroeste de Madrid.

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