De firmas contra el Estatut al señalamiento público: 17 años de agitación social del PP con Cataluña como excusa

La campaña de agitación social que el PP de Alberto Núñez Feijóo comenzó este jueves en Badajoz con la reforma del delito de sedición como excusa es sólo el último ejemplo de una estrategia que los líderes conservadores aplican desde hace casi dos décadas. Génova sigue creyendo en el potencial electoral de utilizar la política catalana como palanca para conseguir votos fuera de Cataluña. Especialmente en la España monolingüe, la que tiene más dificultades para entender las demandas identitarias que las que tienen una lengua diferente al castellano. Y se aplica a ese objetivo siempre que tiene la oportunidad.

Corría 2005 cuando el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, anunciaba una campaña de medio millón de euros para denunciar ante los ciudadanos “la gravedad” de la situación en Cataluña, donde el Parlament había aprobado por amplísima mayoría —y siguiendo escrupulosamente todos los requisitos marcados en la Constitución— un nuevo Estatut.

Mientras el tesorero del partido de la época, Luis Bárcenas, pagaba sobresueldos en dinero negro por importes que iban de los 5.000 a los 15.000 euros mensuales a altos cargos del PP —seguiría haciéndolo durante otros cuatro años—, Mariano Rajoy ordenaba poner en marcha la campaña y la justificaba en la defensa de la Constitución española, supuestamente amenazada por la reforma estatutaria. 

En pleno mes de octubre, el PP pagó anuncios en prensa escrita, radio e Internet, todos de ámbito nacional. Y en una la segunda fase extendió la publicidad a los medios de comunicación regionales y locales e imprimió cientos de miles de trípticos que se repartieron en actos que el de partido por todo el país.

Ya entonces el PSOE, entonces como ahora en el Gobierno de España, advertía de que “la cruzada” del PP lo único que conseguiría es enfrentar a los españoles y romper el espíritu de la Constitución. El president de la Generalitat de la época, el también socialista Pasqual Maragall, exigió sin éxito al PP que pusiera fin a su campaña. “Todo el mundo tiene derecho a discrepar y disentir [sobre el Estatut], y a combatirlo democráticamente, pero el PP tiene la obligación moral de parar las campañas que se están alentando contra Cataluña y contra los catalanes, dejar de sembrar vientos de discordia”, proclamó en el Parlament el 27 de octubre de 2005, seis días antes del debate sobre la toma en consideración del texto de la propuesta de reforma en el Congreso.

A aquella iniciativa siguió una movilización del partido por toda España para recoger firmas contra el nuevo Estatut. Fue en 2006 y trataba de conseguir que, en contra de lo que dice la Constitución, todos los españoles pudiesen votar en referéndum la nueva norma catalana. “Todos tenemos derecho a opinar”, defendía entonces Rajoy.

Aquella iniciativa pedía a los ciudadanos que dijesen sí o no a una pregunta que ni siquiera mencionaba el Estatut: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?”

Recogida de firmas

La recogida de firmas no cumplía los requisitos de autenticación que prevé la ley para poner en marcha iniciativas legislativas populares, fue anunciada el 25 de enero de 2006. Y comenzó oficialmente en la ciudad de Cádiz —elegida aposta por ser cuna de la Constitución de 1812— el día 31 en un acto protagonizado por el propio Rajoy, entonces líder de la oposición al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el plazo de una semana, según anunció a los pocos días el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, en una comparecencia en la que también acusó al Gobierno de Zapatero de “entreguismo” y de estar siendo “humillado” por el Govern catalán, la iniciativa había conseguido reunir 800.000 firmas. El Estatut, acusaba entonces Acebes, abre la puerta a exigir “la capacidad de decidir o, en otras palabras, el derecho a la autodeterminación en perjuicio de la igualdad y la solidaridad de todos los españoles”.

La recogida de firmas se prolongó durante dos meses. El 25 de abril, Mariano Rajoy se presentó a las puertas del Congreso con diez furgonetas transportando 876 cajas apiladas en palés. En su interior, según los datos facilitados por el propio partido, 4.020.000 firmas.

Con ellas el PP quería respaldar una proposición no de ley que, a pesar del despliegue frente a la puerta de los leones, acabó siendo rechazada por el Pleno del Congreso. No sabiendo qué hacer con semejante volumen de papel, la Cámara acabó decidiendo su traslado a un almacén en las afueras de Madrid, donde llevan 17 años acumulando polvo.

La recogida de apoyos contra el Estatut no logró su objetivo porque la nueva norma completó su tramitación en el Congreso y el Senado y acabó siendo aprobada en referéndum en Cataluña, tal y como ordena la Constitución. Pero tampoco dio muchos réditos electorales al PP, que en las elecciones generales de 2008 vio cómo el PSOE de Zapatero mejoraba su holgada posición en el Congreso.

Con el tiempo, algunos de los protagonistas del partido en aquella época han acabado reconociendo que aquella estrategia fue un error. Lo dijo años después el entonces líder del PP en Cataluña, Josep Piqué, en una entrevista publicada por El Periódico y recogida por el diario Ara: “El PP, no diré que conscientemente, alimentó la idea de que la recogida de firmas era contra los catalanes”. Otro dirigente de la época, Manuel Milián, escribió en La Razón: “Fue una tontería descomunal, hundió el partido en Cataluña”.

Hasta Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona, admitió que la recogida de firmas “podía tener muy buena voluntad e intención, pero aquí en Cataluña no se entendió y fue percibida como una agresión. Con el tiempo se ha demostrado que esa acción fue muy poco afortunada”.

Las fotos de Colón

Pablo Casado, elegido sucesor de Rajoy en 2018, recurrió con frecuencia a esta estrategia para movilizar a sus votantes fuera de Cataluña, aunque también escaso éxito electoral, especialmente en las provincias catalanas, en las que llevó al partido a los peores resultados de su historia y lo situó al borde de convertirse en fuerza extraparlamentaria. 

Firme partidario de la intervención de la autonomía catalana a través del artículo 155, incluso cuando la declaración unilateral de independencia ya había sido desactivada, Casado implicó al PP en las movilizaciones de la madrileña plaza de Colón de los años 2019 y 2021. No le hizo desistir ni la evidencia de que aquella protesta estaba inspirada por organizaciones afines a Vox ni que la ultraderecha buscase esa imagen de unidad para ponerla al servicio de sus propios intereses.

La primera manifestación tuvo lugar en 2019 para denunciar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había hecho “cesiones” y había protagonizado "bandazos” frente al “chantaje” de los “secesionistas catalanes”. “Constantes cesiones intolerables” cometidas durante meses. Según la alianza tripartita de la derecha, el Gobierno había cometido “traición” y había sometido al Estado a una “humillación sin precedentes“ porque “decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y a la justicia aceptando los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat”.

En realidad el Gobierno de Sánchez no sólo no había ofrecido a la Generalitat nada ilegal sino que había rechazado todas y cada una de las propuestas que el Govern, el president Quim Torra, el PDeCAT o Esquerra le habían hecho llegar en aquellos días y que se salían del ordenamiento constitucional, desde la negociación de un referéndum de autodeterminación al envío de instrucciones a la Fiscalía para que retirase la acusación de rebelión contra los dirigentes independentistas que iban a ser juzgados en el Tribunal Supremo. Tal fue el desacuerdo que los independentistas catalanes se negaron a apoyar el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo, forzando a Sánchez a convocar elecciones anticipadas.

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Casado repitió la foto de Colón en 2021, en aquel entonces porque también la situación era “gravísima”. La excusa de aquella protesta fue la decisión del Gobierno de indultar parcialmente a los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo. Y el PP decidió añadir a aquella protesta una nueva recogida de firmas con el objetivo de movilizar a los ciudadanos en contra de las medidas de gracia. Aquello acabó en un estrepitoso fracaso. El esfuerzo del PP apenas consiguió sumar el apoyo por escrito de los ciudadanos y Génova terminó corriendo un tupido velo sobre esta iniciativa.

Feijóo llegó a la Presidencia del PP prometiendo una nueva política para Cataluña, pero a los seis meses de mandato ha optado por seguir los pasos de Mariano Rajoy y Pablo Casado. Para oponerse a que el Congreso de los Diputados apruebe una reforma del Código Penal que cambie el delito de sedición, tal y como han propuesto PSOE y Unidas Podemos de común acuerdo con Esquerra, el PP ha puesto en marcha una campaña de hostigamiento a los diputados socialistas y a los barones del partido llamándoles a rebelarse contra la dirección de su propio partido. 

En paralelo, Feijóo ha comenzado una gira por España para denunciar los acuerdos del Gobierno con ERC y Bildu y acusar a Sánchez de incumplir la Constitución y ofrecer al independentismo catalán la posibilidad de convocar otro referéndum sin consecuencias penales. El primer mitin tuvo lugar este jueves en Badajoz y el segundo se celebrará el sábado en Madrid. En los próximos días seguirán otros —todavía sin fecha concreta—, pero siempre en territorios gobernados por los socialistas: La Rioja, la Comunitat Valenciana, Aragón o Castilla-La Mancha.