Caso Nóos

El fiscal quiere que el juez cierre la investigación del ‘caso Urdangarin’ en julio

Iñaki Urdangarin, en una foto de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción planea solicitar el cierre de la instrucción del caso Urdangarin en julio una vez que Hacienda entregue los informes pendientes y que declaren varios imputados y testigos citados en Palma entre los días 10 y 12 de junio, entre ellos Robert Cockx, supuesto testaferro del yerno del rey en Suiza, y el 8 de julio en Barcelona. Pero la previsible negativa del juez a dar por terminada la investigación, lo que conduciría a un nuevo enfrentamiento entre el magistrado José Castro y el fiscal Pedro Horrach, deja en el aire la incógnita de si la petición se materializará en la fecha prevista.

Excepto si surge algún nuevo dato de relevancia, una vez efectuadas esas diligencias y dado que Hacienda ya ha blindado a la infanta al anticipar que la considera ajena a los delitos fiscales atribuidos a su marido, el fiscal Pedro Horrach pedirá al juez José Castro que dicte el llamado auto de pase a procedimiento abreviado, aseguraron ayer en Madrid a infoLibre fuentes del ministerio público.

Las mismas fuentes entienden que difícilmente para finales de mes se habrá pronunciado el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) sobre la solicitud del juez Castro para que asuma la parte del caso que afecta al expresident Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá, ambos aforados ante la sede judicial valenciana por su condición de diputados autonómicos. Pero sostienen que ese hecho no tiene por qué impedir que el tronco central de la causa avance.

Que buena parte del dinero -3,5 millones- procediera de la Generalitat valenciana y que diversos testigos e imputados hayan señalado al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa Rita Barberá como autores intelectuales de los convenios con Instituto Nóos es la clave de por qué el juez Castro ha decidido enviar al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) la parte del caso que afecta a los dos dirigentes del PP, que gozan de aforamiento por su condición de diputados autonómicos.

El pase a procedimiento abreviado es el trámite que iniciq la recta final hacia la celebración de un juicio en el que, salvo nuevas sorpresas, compartirán banquillo Iñaki Urdangarin y su antiguo socio, Diego Torres, por malversación, prevaricación, fraude a la Administración , falsedad documental y delito fiscal. Todos los delitos enunciados, excepto el de prevaricación, acarrean penas de cárcel aunque no será hasta que el fiscal presente su escrito de acusación cuando se conozca el número de años que reclama para los dos principales imputados y los restantes, entre ellos el expresident balear Jaume Matas. Salvo viraje total, la infanta Cristina no formará parte de ese amplio grupo.

Cuando la fiscalía solicite el pase a procedimiento abreviado, el juez puede acceder o denegarlo al considerar que todavía no se han agotado las diligencias necesarias. Y, de hecho, quienes conocen al magistrado José Castro aseguran, sin dar detalles, que con casi total seguridad se opondrá a cerrar la investigación en julio porque cree que aún falta mucho por averiguar.

Hace apenas cuatro meses, la hipótesis de una respuesta negativa por parte del juez Castro a cualquier petición del fiscal Horrach habría resultado impensable. Hoy, el futuro se perfila imprevisible y sin visos de cerrarse sin cicatrices la brecha abierta entre ambos tras la imputación de la infanta por el juez, ensanchada por el posterior recurso del fiscal y agrietada aún más por el terremoto que supuso el auto de la Audiencia Provincial de Palma, aquel que suspendió “de momento” la imputación de la infanta al dar por sentado que nada sabía de Instituto Nóos al tiempo que la señalaba como posible autora de un delito fiscal y/o de blanqueo y animaba al juez a averiguarlo.

Hacienda ya ha respondido que el hecho de ser copropietaria al 50% junto con Urdangarin de la empresa Aizoon, una de las sociedades satélite de la pretendida ONG Instituto Nóos, no la convierte en partícipe de los delitos fiscales atribuidos a su marido. La Agencia Tributaria, que en el informe conocido el lunes muestra sin tapujos su enfrentamiento con el juez, replica en ese texto a Castro que las investigaciones sobre blanqueo de capitales no son de su competencia. Eso es tarea de la Fiscalía.

Pero, a tenor de los acontecimientos y del propio auto por el que la Audiencia de Palma suspendió la imputación de la infanta, la Fiscalía no cree que la hija del rey sea siquiera sospechosa de lavado de dinero de origen ilícito, el millón de euros que desde Instituto Nóos fluyó hacia las cuentas de Aizoon. Ahora bien, queda la duda de si la Fiscalía solicitará el cierre de la instrucción aun con la certeza de que Castro responderá con un no tajante.

El embrollo de la Audiencia

El auto de la Audiencia de Palma da por sentado que, pese a su condición de vocal de Instituto Nóos, Cristina de Borbón ignoraba los manejos de su marido con esa asociación, que captó seis millones del Govern balear y la Generalitat valenciana. El delito de blanqueo –por ejemplo, el que la Audiencia sospecha que pudo producirse con la compra y posterior reforma del palacete de Pedralbes- requiere que quien lo consuma conozca el origen ilícito del dinero blanqueado.

Y eso es lo sorprendente, lo rayano en la esquizofrenia jurídica, del auto de la Audiencia de Palma: porque remacha que la infanta no sabía nada de nada y simultáneamente sugiere que contribuyó a lavar el dinero captado ilegalmente por Instituto Nóos. El auto ha contribuido, así, a complicar el embrollo de un caso donde el debate jurídico sobre razones o sinrazones de esa imputación ya había quedado hecho añicos tras el alineamiento público de la Casa Real y sus afines en favor de la infanta y la irrupción de dirigentes políticos del PP como Vicente Martínez-Pujalte lanzados en tromba contra el juez Castro

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