El legado de la dictadura

La Fiscalía archiva dos denuncias por delito de odio contra la Fundación Franco

La marcha reivindicativa ante el Pazo de Meirás (Sada)

La Fiscalía de Madrid archivó en junio las denuncias que las formaciones gallegas BNG y Esquerda Unida habían planteado en octubre de 2017 contra la Fundación Franco (FNFF) por delito de odio. Acumuladas en las mismas diligencias de investigación, las denuncias se sustentaban en el comunicado donde la fundación anunció que utilizaría las visitas al Pazo de Meirás para "mostrar al gran público la grandeza de la figura de Franco". Y en las declaraciones con las que dos de sus portavoces justificaron el golpe de 1936, negaron que el generalísimo hubiese ordenado fusilamientos y se reiteraron en que la fundación persigue defender al dictador.

Fuentes del ministerio público han confirmado a infoLibre que el entonces jefe de la Fiscalía de Madrid, José Javier Polo, firmó el 7 de junio el decreto de archivo. Lo hizo, según los interlocutores de este periódico, tras haber remitido las denuncias al grupo especializado en ciberodio. La Fiscalía recabó de La Sexta la entrevista realizada en agosto de 2017 al portavoz de la fundación, Jaime Alonso, y las declaraciones efectuadas a la misma cadena un mes más tarde por el presidente de la FNFF, Gonzalo Fernández de la Mora, durante un debate con la portavoz del BNG, Ana Pontón. Y concluyó que no hubo delito.

La constatación de que las denuncias fueron archivadas se produce una semana después de que un juez imputase al cómico Dani Mateo por delito de odio y por ultraje a los símbolos nacionales tras un sketch humorístico en el que se sonaba –o fingía hacerlo– en una bandera de España. Tras el archivo de las diligencias de investigación sobre la Fundación Franco, y en ello convinieron los interlocutores de este periódico en la Fiscalía madrileña, el BNG y Esquerda Unida tienen la opción de interponer denuncia o querella directamente en los juzgados.

"Naturalmente, nuestra idea es elogiarlo"

Además del comunicado sobre las grandes ventajas que para la Fundación Nacional Francisco Franco implicaba gestionar el Pazo de Meirás, fueron dos las declaraciones públicas que actuaron como detonante de sendas denuncias. El 3 de agosto de 2017, el portavoz de la Fundación Franco, Jaime Alonso, dijo en La Sexta lo siguiente sobre Franco: "Que fusilara gente no es cierto. No fusiló gente ni mandó fusilar. Él, de las penas de muerte, conmutaba o no conmutaba. Era un sistema infinitamente más justo que el que tenían los franceses tras la Segunda Guerra Mundial". A continuación, añadió que la Ley de Memoria Histórica "está distorsionando la realidad". [pincha aquí para ver la entrevista]. 

Un mes más tarde, el presidente de la FNFF justificó en la misma cadena y durante un debate con la portavoz del BNG, Ana Pontón, el golpe de 1936 que desencadenó la Guerra Civil y abrió paso a la dictadura franquista. Según Gonzalo Fernández de la Mora, la afirmación de Pontón sobre el carácter ilegítimo de una toma del poder por la fuerza de las armas "carece de toda base". El máximo responsable de la fundación abundó luego en sus tesis: "En Europa es perfectamente legal la apología del fascismo, en Italia", dijo. Y prosigió así: "El Supremo italiano decretó que era perfectamente legal la defensa elogiosa de la figura de Mussolini y del fascismo en general (...).  En España es perfectamente legal la defensa elogiosa de Francisco Franco y, naturalmente, nuestra idea es hacerlo". [pincha aquí para ver y oír ese fragmento

Interpuesta el 9 de octubre de 2017 por su coordinadora, Eva Solla, la denuncia de Esquerda Unida ante la Fiscalía de Santiago subrayaba que el artículo 510 del Código Penal castiga por delito de odio a quienes "públicamente nieguen o enaltezcan delitos de genocidio o de lesa humanidad" y a quienes "lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito". El escrito del BNG, presentado unos días antes en la Fiscalía General del Estado, iba en la misma dirección. Ambos textos acabaron en la Fiscalía de Madrid porque es allí donde la Fundación Franco tiene su sede y donde sus responsables lanzaron las opiniones objeto de denuncia. 

El 18 de julio de este año, Esquerda Unida amplió su denuncia original, que para entonces ya había sido archivada aunque ese dato no había trascendido en aquel momento. Fuentes del ministerio público han confirmado que el fiscal encargado de examinar la ampliación de la denuncia también ha propuesto el archivo. Pero añaden que la decisión compete en última instancia a la nueva fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, que todavía no ha decidido al respecto.

Negar o trivializar

En su apartado 1.c, el artículo 510 del Código Penal español castiga con hasta cuatro años de cárcel a quienes "públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo (...)".

La Fiscalía concluye que los mensajes lanzados por la Fundación Franco no incitan al odio

La redacción de ese párrafo, que es el que invoca Esquerda Unida en su denuncia, se ajusta a lo que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas define como crímenes de lesa humanidad. Según esa norma, vigente a escala internacional desde el 1 de julio de 2002, adquiere ese rango "cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".

La lista de delitos enumerados a renglón seguido incluye el asesinato, la "encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional" y la "persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (...) u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

Los tribunales españoles no han considerado aplicable al franquismo lo preceptuado en relación a los crímenes de lesa humanidad. De hecho, han denegado en distintas ocasiones auxilio a la jueza Romualda Servini, que en Argentina investiga –presuntos– crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977. El último eslabón en esa cadena quedó fechado hace solo un mes, cuando la Audiencia Nacional rechazó enviar a la jueza Servini un informe sobre los antecedentes del poeta y dramaturgo Federico García Lorca

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