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Investigación

La Fundación Francisco Franco incumple la ley al ocultar sus cuentas desde hace cinco años

La Fundación Franco incumple la ley y oculta sus cuentas desde hace cinco años

Ibon Uría

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), creada tras la muerte del dictador con el expreso propósito de "exaltar" y "enaltecer" su figura, incumple la ley desde hace cinco años. La organización que preside la hija del propio Francisco Franco, Carmen Franco Polo, publicó por última vez sus resultados económicos del año 2009. Desde entonces mantiene ocultos esos datos, según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, pese a la obligación de depositar sus cuentas cada año ante el Registro de Fundaciones.

Las fundaciones están reguladas en España por la Ley 50/2002. Esa norma establece en su artículo 25 que las fundaciones "deberán llevar una contabilidad ordenada" mediante "un libro diario y un libro de inventarios y cuentas anuales" y que el Protectorado de la fundación, "una vez examinadas [las cuentas] y comprobada su adecuación formal a la normativa vigente, procederá a depositarlas en el Registro de Fundaciones". Ese registro, en el caso de las organizaciones de ámbito estatal como la Fundación Franco, depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Este periódico se puso en contacto con la fundación franquista para preguntar por qué motivo lleva cinco años sin cumplir la ley. Su vicepresidente ejecutivo, Jaime Francisco Alonso García, manifestó que "no es cierto" que existan retrasos en la presentación de cuentas y que "si ha habido algún retraso sería involuntario y debido al contable". "Estamos al día, está todo diáfano. Con anterioridad sí sé que hubo algún problema, pero nos pusimos al día", agregó. El certificado del Registro de Fundaciones que publica infoLibre demuestra que estas afirmaciones no se ajustan a la realidad, ya que la entidad franquista no presenta sus cuentas desde 2009.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por su parte, explicó que su labor no consiste en imponer sanciones, sino que se limita a comprobar si las fundaciones inscritas cumplen o no con el requisito de presentar sus cuentas. Al término de cada ejercicio, precisó un portavoz, remite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un listado que detalla qué fundaciones han registrado sus balances, cuáles no lo han hecho y en qué casos se han detectado errores de forma.

Hacienda, por su parte, manifestó a preguntas de este diario que se puede abrir "un procedimiento inspector a una fundación si, además de no haber presentado las cuentas, no hubiera liquidado el correspondiente Impuesto de Sociedades".

Sin embargo, al desconocer las cuentas actuales de la Fundación Franco es imposible saber si tiene la obligación de liquidar ese impuesto. Con los datos del año 2009 y anteriores no la tendría. El motivo, regulado en la Ley 49/2002 y citado por Hacienda a preguntas de este medio, es que sus ingresos anuales en los últimos ejercicios de los que hay información disponible no superaron los 50.000 euros excluidos los donativos, donaciones y las cuotas de los socios.

Más de 470.000 euros ingresados en cuatro años

En el periodo 2006-2009, que comprende los últimos cuatro ejercicios en los que la fundación cumplió el requerimiento legal de presentar sus cuentas –tal como certificó a este medio el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte–, la fundación franquista ingresó 455.081 euros en concepto de "cuotas de usuarios y afiliados" y otros 18.727 euros gracias a "subvenciones, donaciones y legados". Sumados otros conceptos menores, los balances muestran unos ingresos totales que rozan el medio millón de euros (474.604,28 euros), de acuerdo a las cuentas que entregó al Registro de Fundaciones y a las que ha accedido este periódico. Es decir, una media anual de 118.651 euros.

Pese a esa cuantía, la organización incurrió en pérdidas en tres de los cuatro citados ejercicios. En 2006 los números rojos ascendieron a 2.428 euros, en 2008 se multiplicaron hasta los 10.952 euros y en 2009 se moderaron: la fundación perdió 2.082 euros. En el periodo analizado los ingresos superaron a los gastos únicamente en 2007, cuando la FNFF ganó 490 euros. Las fundaciones tienen la obligación legal de destinar al menos un 70% de sus ingresos a la realización de sus fines fundacionales.

Según reflejan las cuentas de la organización, dos son las partidas de gasto más importantes. La primera de ellas se consigna en el balance bajo el título "otros gastos" y alcanzó los 318.434 euros entre 2006 y 2009. La memoria abreviada que acompaña a las cuentas señala que, entre otras actividades, la fundación "organiza conferencias, edita obras de carácter histórico y publica un boletín informativo trimestral", además de mantener un archivo para investigadores. La segunda es la referida a los gastos de personal y cargas sociales, que ascendió a 134.282 euros en los cuatro años referidos.

Dinero público en la época de Aznar

Al margen de los ingresos obtenidos gracias a las cuotas de sus asociados, la Fundación Nacional Francisco Franco recibió miles de euros en subvenciones entre 2000 y 2003, durante la segunda legislatura de José María Aznar (PP). Fueron en total 146.811 euros distribuidos de la siguiente manera: 41.080 euros en el año 2000; 42.070 en 2001; 41.000 euros en 2002 y 26.690 euros en 2003. Esos fondos se entregaron en el marco de un programa de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para "proyectos archivísticos".

El Gobierno conservador, que gozaba de una cómoda mayoría absoluta –183 escaños en el Congreso de los Diputados–, argumentó que no se entregaban subvenciones "a la Fundación Francisco Franco" como tal, sino a "un proyecto archivístico que consiste en describir, informatizar y reproducir el archivo de la Fundación Francisco Franco". Sin embargo, admitió que la beneficiaria de la ayuda era "la entidad propietaria del archivo en cuestión", esto es: la Fundación Franco. El Ejecutivó quiso matizar que "el dinero se destina íntegramente al proyecto archivístico, no a sufragar gastos corrientes".

Las ayudas causaron polémica en la Cámara baja, donde varios partidos se interesaron por ellas. "¿Por qué subvenciona el Gobierno español una Fundación que hace apología de un régimen fascista?", cuestionó el entonces diputado de ERC Joan Puigcercós. "La Secretaría de Estado de Cultura ni puede ni debe valorar las opiniones, ideas, juicios o valoraciones de la entidad beneficiaria", respondió el Gobierno. Frente a los intentos de la oposición por frenar las entregas de dinero público, el PP hizo valer su mayoría absoluta para mantener el caudal de fondos a la fundación franquista.

Subvenciones ventajosas con los votos del PP

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Grupos como el PSOE e Izquierda Unida consideraron que esas ayudas implicaban una "apología de la dictadura" y denunciaron, además, que la fundación no permitía el acceso de todos los investigadores a sus archivos. El libre acceso a los fondos es, precisamente, una de las condiciones que se incluyó en el convenio suscrito el 4 de octubre de 2001 entre Cultura y la Fundación Franco, y la diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones admitió ya en 2003 que no se cumplía adecuadamente. Pese a ello, los conservadores votaron en contra de retirar las ayudas.

También en agosto de 2003, el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, exigió a la oposición no hacer "demagogia" con las ayudas entregadas a la fundación franquista. Piqué defendió esas entregas de fondos porque, a su juicio, "a los investigadores e historiadores les interesa mucho poder acceder a los archivos de esta fundación, que aporta información sobre un periodo tan importante de la historia de España". Ese archivo contiene unos 30.000 documentos procedentes del despacho del dictador Franco y de los fondos privados de otros cargos de su régimen.

Las ayudas concedidas se extendieron a lo largo de los citados cuatro años, el plazo máximo previsto por la ley para este tipo de convenios. El acuerdo suscrito entre el Gobierno y la fundación franquista permitió a la segunda conservar todos los documentos en su poder y mantener el archivo como privado, aunque abierto al público. Además, los fondos públicos cubrieron el 90% de los gastos del proceso de digitalización. Nuevamente, esta es la posibilidad más ventajosa de las que contempla la ley. El 10% restante lo pagó la propia fundación.

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