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Igualdad

Género sentido y adiós a los informes médicos: los cambios clave de la nueva Ley Trans que ultima Igualdad

Una joven firma la bandera transexual durante una concentración convocada por la asociación Chrysallis.

La Ley Trans comienza su andadura. El borrador de la futura norma, cuyo texto aterrizaría en el Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero, trata de blindar los derechos de las personas trans mediante su despatologización. El reconocimiento de la identidad de género, entendida como la "vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodefine", será por tanto un derecho blindado por ley y no requerirá de un informe médico o psicológico previo. Bastará con la declaración expresa de la persona para poder proceder al cambio de su nombre y sexo registral.

El borrador del texto, entregado este martes a las principales organizaciones del colectivo, perfila una ley integral que busca no sólo corregir los déficits administrativos a los que se enfrentan las personas trans, sino también todas las barreras en el acceso a derechos básicos como la salud, la educación o el empleo. En Moncloa, sin embargo, han precisado este martes que el borrador todavía no cuenta con el visto bueno del PSOE y que el texto responde a los postulados que defiende Unidas Podemos. Y que habrá que negociar antes de que el anteproyecto pase por el Consejo de Ministros.

Estas son algunas de las claves del anteproyecto de la futura ley:

1. Rectificación del sexo en el Registro Civil sin informe médico a partir de los 16 años

Es una de las demandas más básicas por las que pelea el colectivo. En esencia, se trata de mejorar la ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. El objetivo: eliminar los requisitos patologizantes, terminando con la obligación de presentar un informe médico o psicológico para solicitar un cambio relativo al sexo en el Registro Civil.

Con la nueva ley, esta petición "no precisa de más requisitos que la declaración expresa" de la persona interesada o de sus representantes legales, "el nombre propio y el sexo registral con los que se siente identificada". Todo ello quedará recogido en una "declaración que deje acreditada" su voluntad y que incluya la elección de un nombre propio en caso de que no se quiera conservar el actual. Deberá mediar el consentimiento o la solicitud de representantes legales en dos supuestos: los menores de entre doce y dieciséis años, pero también las personas "con capacidad de obrar modificada judicialmente". En estos casos, si los progenitores o la representación legal se oponen al cambio, la persona interesada podrá encauzar su solicitud a través del Ministerio Fiscal y será la autoridad judicial competente quien resuelva.

Las personas extranjeras con residencia legal no caen en el olvido. En base a la futura ley, aquellas que demuestren la imposibilidad de haber hecho la rectificación en su país de origen, tendrán la oportunidad de rectificar la mención del sexo y el cambio del nombre en la tarjeta de identidad de extranjeros o en otros documentos.

2. Derecho a la salud garantizado y prohibición de terapias aversivas

Otro de los pilares del anteproyecto tiene que ver con la garantía del acceso a la salud para las personas trans. De acuerdo al borrador, "ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodefinición de la identidad de género". Y en esa línea, se prohíbe el "uso de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la identidad de género, o tendentes a considerar que cualquier identidad de género es consecuencia de enfermedad o trastorno". 

En el Sistema Nacional de Salud se incluirá la "asistencia sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico". En cuanto a los tratamientos específicos para menores, podrán acceder tanto al bloqueo hormonal al inicio de la pubertad como también a un tratamiento hormonal cruzado para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad. 

Además de la formación para todos los profesionales, la norma establece la prioridad de la atención ambulatoria y la atención primaria. También "podrán existir servicios especializados en diversidad de género", con equipos multidisciplinares, que se encarguen de reforzar la asistencia, el acompañamiento y la coordinación entre las administraciones. La norma reserva un espacio para los derechos reproductivos de las mujeres y las personas trans con capacidad de gestar: "Tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida en todos los centros hospitalarios públicos" con una unidad específica.

3. Atención al alumnado trans y exteriorización de su identidad de género

El borrador de la futura ley también vigila la igualdad de las personas trans en las aulas. De esta manera, los menores podrán "utilizar libremente el nombre que hayan elegido", además de exteriorizar su identidad de género en el ámbito educativo. Los centros, el personal docente y el alumnado deberán respetar la imagen física de las personas trans y el acceso a las instalaciones, como los vestuarios o los aseos, conforme a su identidad de género.

Las administraciones públicas contarán con protocolos para "apoyar y acompañar al alumnado trans", además de estrategias contra el acoso transfóbico, centradas en la prevención, detección e intervención ante situaciones de violencia.

4. Fomento del empleo con bonificaciones para el empresario

Las medidas en la esfera laboral partirán del fomento, la concienciación y la sensibilización desde las instituciones. Pero también de acciones positivas, dirigidas a organismos públicos y empresas privadas. Así, las personas trans que hayan rectificado la mención registral relativa al sexo serán consideradas personas en situación de exclusión social. Con ello, los empleadores que las contraten tendrán derecho a las bonificaciones recogidas en la legislación existente. 

5. Separación en las cárceles y garantía de iniciar o continuar el tratamiento

En cuanto a los centros penitenciarios, todas las personas trans tendrán derecho a "ser tratadas y separadas conforme a su sexo registral". Las personas trans reclusas tendrán la posibilidad de continuar cualquier tratamiento médico u hormonal, pero también de iniciar uno nuevo si así lo desean.

En caso de no cumplir con los requisitos para efectuar el cambio registral, estas personas sí "podrán solicitar de la administración que corresponda el reconocimiento de su identidad de género a los efectos de separación interna". Los servicios correspondientes valorarán cada petición, sin que en ningún caso pueda exigirse informe médico o psicológico. No obstante, el reconocimiento de la identidad de género solicitada no implicará el de una nueva identidad jurídica ni supondrá un cambio en su clasificación penitenciaria de riesgo.

6. Reconocimiento del género no binario

El borrador incluye la posibilidad de omitir la mención relativa al sexo en los documentos oficiales, una medida pensada para "una parte de la población que no se identifica con los géneros masculino ni femenino". El documento se concede el plazo de un año para determinar el encaje legal de las personas no binarias, a través de un informe que remitirá a las Cortes sobre las "eventuales modificaciones normativas a emprender" derivadas del reconocimiento del género no binario.

7. Polémica en el seno del Gobierno y en el feminismo

Las diferencias entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, suponen el principal escollo en la elaboración de la ley. Desde Moncloa han precisado este martes que aún no se ha consensuado el borrador del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Igualdad. El citado borrador responde, según fuentes gubernamentales, a los postulados que defiende Unidas Podemos, no a los del conjunto del Gobierno. El texto por tanto deberá seguir la "tramitación habitual" en la que participarán distintos ministerios, principalmente los de Justicia y Sanidad.

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Las mismas fuentes han incidido en que el anteproyecto que se apruebe en el Consejo de Ministros ha de tener dos principios: seguridad jurídica y calidad normativa. Asimismo, recuerdan que la pasada semana tuvo lugar una reunión entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para comenzar a trabajar en esta materia. Tras esa reunión, la dirigente morada reconoció diferencias entre ambas, pero auguró que los plazos previstos se cumplirían.

El pasado 21 de enero, los socialistas registraban su propia Ley para la Igualdad de Trato, bautizada como ley Zerolo. Se trata de una de las normas clave en el acuerdo de Gobierno. Y también de la ley que presentarían, según el mismo pacto, PSOE y Unidas Podemos de manera conjunta. El grupo socialista se adelantó en el registro, lo que sembró desconfianza en el equipo morado.

Como telon de fondo de estas discrepancias se halla la oposición de parte del feminismo a este anteproyecto, que incluye a algunas representantes históricas del movimiento más cercanas al PSOE. En verano, un argumentario del PSOE elaborado por la Secretaría de Igualdad y firmado, entre otras, por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, alertaba de los riesgos de autodeterminación de género porque "desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad y los logros del movimiento feminista".

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