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El Gobierno de Lambán cumple una orden de Transparencia tras advertirle infoLibre de que iría a los tribunales

El presidente de Aragón, Javier Lambán, en una comparecencia en las Cortes.

Ni Ley de Transparencia. Ni resoluciones del Consejo de Transparencia de Aragón. El Gobierno de Javier Lambán (PSOE) lleva más de dos años ignorando lo que dicta la norma y lo que le ordenó el órgano autonómico de Transparencia en relación con una solicitud de información sobre fallecidos en residencias planteada por infoLibre. Ante esta situación de rebeldía, este periódico inició los trámites legales para llevar al Ejecutivo aragonés a los tribunales. Una amenaza judicial que sí ha tenido efecto, ya que el equipo de Lambán ha decidido reactivar la solicitud de información realizada por este periódico.

La historia arranca el 4 de mayo de 2020, cuando un periodista de infoLibre solicitó datos sobre el número de fallecidos que se habían producido en cada residencia de Aragón en los dos meses anteriores, durante la primera ola de la pandemia. El Gobierno de Lambán se negó a facilitar esa información desglosada por centros, así que este periódico recurrió al Consejo de Transparencia de Aragón el 17 de julio de 2020. Dicho órgano tardó año y medio en resolver, pero finalmente ordenó al Ejecutivo autonómico que pusiera en marcha con “urgencia” un trámite de audiencia con las residencias necesario antes de adoptar una resolución definitiva sobre la petición de infoLibre. La resolución se dictó el 28 de febrero de 2022.

El Gobierno aragonés, lejos de cumplir con dicha resolución, dejó que pasase el tiempo sin poner en marcha el trámite de audiencia. El ordenamiento jurídico contempla una vía específica para acudir a los tribunales en caso de que una Administración no realice una actuación a la que está obligada: el recurso contencioso por inactividad. La regulación establece que, antes de ir a los juzgados, el ciudadano tiene que presentar una reclamación previa ante la Administración rebelde. Es una forma de darle una última oportunidad para que cumpla. Si no lo hace, dos meses después de presentar la reclamación previa, el ciudadano ya tiene vía libre para presentar el recurso judicial.

El pasado 10 de agosto, un periodista de infoLibre registró en el Gobierno autonómico la reclamación previa, para que se pusiera en marcha el plazo de dos meses. Ante la perspectiva de un contencioso judicial, el Gobierno de Lambán decidió cumplir con lo ordenado por el Consejo de Transparencia. Este viernes, el Departamento de Ciudadanía notificó al periodista que “con fechas de 8 y 15 de septiembre de 2022, respectivamente, […] emitió sendos requerimientos a centros residenciales públicos y privados, en orden a que diesen traslado de la información solicitada en su reclamación (en materia de acceso a la información pública nº 32/2020), o bien manifestasen motivos de oposición, una u otra en el plazo de quince días”.

El Gobierno pide datos que ya tiene

Llama la atención el planteamiento de ese requerimiento, puesto que el Gobierno de Aragón ya tiene en su poder desde 2020 los datos sobre residentes fallecidos, de forma que no es necesario que se los vuelva a pedir a los centros. Lo que establece la ley es que, dado que la información puede afectar a derechos o intereses de terceros (los titulares de las residencias), debe abrirse un trámite de audiencia para que indiquen si están de acuerdo o se oponen a la difusión de los datos.

Una vez finalizado ese trámite de audiencia, el Gobierno de Aragón tiene que resolver definitivamente la solicitud de infoLibre, bien facilitando la información requerida o bien negándola si considera que concurre algún motivo legal para mantenerla oculta.

El Consejo de Transparencia de Aragón no se pronunció en su día sobre el fondo de la cuestión. Al entender que era obligatorio el trámite de audiencia, ordenó retrotraer el procedimiento a dicho momento. Pero, en los fundamentos de derecho de su resolución del 28 de febrero, aprovechó para recordarle al Ejecutivo de Lambán los criterios que debe tener en cuenta a la hora de resolver: “Una vez realizado [el trámite de audiencia] y a la vista de las alegaciones formuladas, se debe adoptar la decisión que corresponda, ponderando adecuadamente el interés público en la divulgación de la información, la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación de transparencia y el carácter estricto cuando no restrictivo con el que deben ser interpretados sus límites”. [Puedes consultar aquí la resolución íntegra del Consejo de Transparencia].

En caso de que el Gobierno de Lambán decida mantener oculta la información solicitada, infoLibre acudirá a los tribunales, al igual que hizo en Asturias, Castilla y León y Galicia. Las otras 13 comunidades autónomas y tres diputaciones forales vascas, que tienen las competencias en materia de residencias, facilitaron los datos a este periódico.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó sentencia el pasado 23 de mayo, ordenando entregar a este periódico la información desglosada. Así lo hizo la Xunta, presidida por Alfonso Rueda (PP), una vez que la sentencia adquirió firmeza en agosto.

En cambio, el TSJ de Asturias ha fallado en contra del acceso a la información pública. El Gobierno asturiano, que preside Adrián Barbón (PSOE), hizo públicos los datos de fallecidos por residencias desde el 9 de abril de 2020 en adelante, pero se negó a ofrecer esa misma información del periodo del 1 de marzo al 8 de abril. infoLibre ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que deberá decidir si lo admite o no a trámite.

Por su parte, la Sala del TSJ de Castilla y León encargada de la causa se reunió el pasado 21 de septiembre para la votación y fallo. Así que la sentencia se conocerá en las próximas semanas. El recurso lo planteó infoLibre después de que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) se negase a facilitarle la información, en contra de lo que dictaminó el Comisionado de Transparencia autonómico.

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