El Gobierno de Madrid permitió a la patronal usar dinero público de cursos para pagar a sus directivos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid permitió al menos en 2008 y 2009 a la patronal CEIM  destinar fondos públicos de formación a la tarea de completar el sueldo de varios de sus directivos asalariados, ninguno de los cuales cobraba menos de 100.000 euros.

Pese a que dos informes de la Cámara de Cuentas madrileña describen semejante práctica como "contraria" a la norma que regula esas subvenciones y obviando que se trata de asalariados de alto rango con funciones generales y no de técnicos de apoyo a la formación -a los que sí está permitido pagar con esos fondos-, el Gobierno de Madrid no solo salió ayer en defensa de la "legalidad" de la medida de CEIM sino que dejó en el aire una pregunta esencial: la de si finalmente ha reclamado a la organización empresarial que devuelva el dinero usado para bonificar a sus directivos. En el cuatrienio 2007-2010, la Comunidad de Madrid subvencionó a CEIM con casi 10.000 millones de las antiguas pesetas, es decir, 57,89 millones de euros.

Según el presidente de CEIM, Arturo Fernández, muy cercano al equipo gestado por Esperanza Aguirre y que ahora encabeza el presidente Ignacio González, todo es correcto: "Se lo explicamos a la Cámara de Cuentas", dijo ayer a infoLibre.  ¿Cuándo? Una vez emitidos los informes del tribunal fiscalizador sobre las ayudas para formación de los ejercicios 2008 y 2009, que llevan fecha de abril de 2011 y de septiembre de 2012. ¿Y tuvo que CEIM que reintegrar alguna cantidad a la Comunidad? Fernández, con quien este diario conversó sobre las seis de la tarde, casi 20 horas después de que el diario El País revelase cómo CEIM había usado dinero de cursos para incrementar el sueldo de sus directivos, dijo no estar al tanto de los detalles pero se declaró convencido de que su organización actuó de manera correcta y de que así lo entendieron la Cámara de Cuentas y el Gobierno de Madrid.

En realidad, los hechos ya le habían dado la razón. Porque a media mañana el portavoz del Ejecutivo madrileño y consejero de Presidencia, Salvador Victoria, ya se había lanzado a una defensa cerrada y sin matices de la actuación de la patronal. Según Victoria, que CEIM pagara a sus directivos con dinero presupuestado para cursos de formación continua fue una decisión "adecuada y ajustada a la legalidad".

La Cámara de Cuentas sostiene justamente lo contrario: que las sucesivas órdenes autonómicas de 2006 y 2008 por las que se rigieron las ayudas analizadas en ambos informes detallaban sin riesgo de duda qué debe entenderse por "personal de apoyo" a la formación. Y que los directivos no pertenecen a esa categoría.

Sin explicar cuál, el portavoz Victoria invocó la existencia de una normativa de 2004 elaborada por el Gobierno de Zapatero y que permitía que  "un 20 por ciento de las subvenciones para formación pudieran derivarse a costes internos y a destinarse al pago de personal propio". Victoria trató de equiparar a CEIM con CCOO y UGT, que también utilizaron personal propio para los cursos de formación. Pero el único reproche por ese punto que la Cámara de Cuentas incluye en cada uno de esos informes va única y exclusivamente dirigido a la patronal. A tenor de lo dictaminado por el tribunal fiscalizador, los sindicatos sí que se ajustaron a la ley en lo que a gastos de personal de apoyo se refiere.

Victoria no dijo de qué norma hablaba. Pero, en efecto, una resolución de 2008 permite darle tratamiento de "personal de apoyo" a ciertos "directivos" en condiciones muy tasada. Pero, incluso si la casuística sobre cuándo cabe o no cabe hacerlo, el problema principal es de fechas: esa normativa del "Gobierno de Zapatero" se publicó en el BOE el 19 de diciembre de 2008: es decir, dos años después de la primera orden del Gobierno madrileño que regulaba las ayudas para 2007 y 2008 y tres meses después de la segunda orden, válida para las ayudas de 2009. Por definición, las normas legales jamás poseen efecto retroactivo. 

La orden a la que supuestamente aludió Victoria –la Consejería de Empleo no llegó a revelar a qué norma exacta se había referido por la mañana– habla de los directivos como personal de apoyo en los siguientes términos: "Se incluyen en este concepto los gastos de personal directivo y administrativo estrictamente necesarios para la preparación, gestión y ejecución de la accción formativa. En particular, se incluyen los gastos de selección de alumnos y los derivados de la realización de informes de contabilidad y de auditoría, cuando dicho informe no sea preceptivo para el beneficiario de la subvención". Según la Cámara de Cuentas, los documentos aportados por CEIM sugieren, al menos en un caso, no que los sobresueldos a directivos se abonasen en concepto de extra coyuntural por su participación en programas de formación sino más bien como complemento fijo mensual. 

Pese a todo lo anterior, CEIM justificó el dinero dedicado a sus directivos como si fueran gastos "subvencionables". Y, a tenor de los hechos, la Comunidad de Madrid no planea exigir la devolución de los 405.000 euros de bonus salariales que la patronal gastó en 2009 ni de lo abonado a sus directivos en 2008.

Con las ayudas de ese primer año, el Servicio Regional de Empleo (SRE), sobre cuyos déficits de control sobre los cursos pone el acento la Cámara de Cuentas, abrió un expediente para solicitar que CEIM reintegrara 120.000 euros. CEIM recurrió, el SRE se reafirmó en su decisión, la patronal volvió a recurrir y cuando la Cámara de Cuentas redactó su informe el contencioso no había terminado. Para ese punto, tampoco hubo respuesta ayer.

Fernández, que el día 25 intentará revalidar su cargo frente al aspirante Hilario Alfaro, cree ser víctima de una campaña de desprestigio y se considera por completo ajeno al escándalo de la estafa multimillonaria de los cursos de formación –15 millones– destapada en el llamado caso Aneri. El caso, que ha puesto en jaque la efectividad de los controles aplicados por la Consejería de Empleo, toma su nombre del presunto cerebro del fraude, José Luis Aneri, ahora en prisión y quien en 2003 ocupó un puesto en la candidatura del PP en Fernán Núñez (Córdoba).

Según la Cámara de Cuentas, solo en 2009 cinco directivos de CEIM se repartieron en nónima 405.000 euros: el secretario general de la confederación, la directora de asuntos laborales, el director financiero, el de asuntos econónimos y el de comunicación. De 2008 no hay datos exactos sobre el importe asignado a los directivos ni sobre su identidad. Y es un misterio lo ocurrido en 2010, el último año en que CEIM organizó cursos. A partir de ahí, traspasó la formación a la Cámara de Comercio –igualmente presidida por Arturo Fernández, amigo de Esperanza Aguirre desde su juventud y donante de sus campañas de 2003, el año del tamayazo y el que la aupó a la jefatura del Gobierno regional.  

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Fernández aseguró a este diario que entre los directivos que vieron suplementadas sus remuneraciones nunca estuvo la esposa del presidente Ignacio González, Lourdes Cavero, quien acaba de dimitir como vicepresidenta de CEIM y el único miembro de la junta de la confederación empresarial que percibía sueldo. "Ella se incorporó en 2011 y entonces ya era la Cámara la que llevaba la formación", explicó Fernández. Cavero dimitió de sus cargos en CEIM el pasado día 3, apenas tres semanas después de que, ante un auditorio en el que se encontraba Ignacio González, Fernández proclamase que permanecería en la junta directiva de la patronal mientras ella quisiera. Imputada desde diciembre por el caso del ático vacacional de lujo que comparte con su marido en Estepona, distintas fuentes pulsadas en ámbitos empresariales y políticos descartan que esa sea la clave de su dimisión.

"De haberse querido ir –apuntaba ayer un empresario–, lo habría hecho cuando su imputación desató polémica, no tres meses más tarde cuando la polémica ya no era el ático sino la estafa de los cursos de formación".