Corrupción
Hacienda lleva un año denegando auxilio al juez de la 'trama Púnica'
La cuantificación de las ganancias que las distintas operaciones urbanísticas y de adjudicación de obra civil reportaron a los integrantes de la trama Púnica lleva en dique seco más de un año por la negativa de Hacienda a prestar ayuda al juez que investiga el caso, Eloy Velasco. A solicitud de las fiscales, el magistrado había pedido que fuesen designados como peritos dos miembros del Cuerpo de Arquitectos de Hacienda para efectuar la citada cuantificación. Tanto la directora general del Catastro como el máximo responsable de la Agencia Tributaria han denegado su solicitud bajo el argumento de que esa tarea no figura entre sus competencias.
La primera denegación de auxilio quedó reflejada en un informe emitido por la Dirección General del Catastro el 8 de julio de 2015 en respuesta a la petición formulada un mes antes, exactamente el 5 de junio. Y el pasado 27 de octubre fue el propio director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, el que en un nuevo escrito volvió a decir no al titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Según Menéndez, la solicitud de Velasco no se ajusta a lo que la ley dice sobre las circunstancias y los fines para los que la AEAT debe ponerse al servicio de jueces y fiscales. “El auxilio solicitado —escribe Menéndez— consiste en una valoración técnica diferente de la propia materia tributaria y no se encuentra, por lo tanto, entre las competencias de la Agencia Tributaria, por lo que sus órganos no están habilitados jurídicamente para prestar el auxilio que se solicita en este caso”.
infoLibre no ha podido confirmar qué paso dará ahora el magistrado tras esta segunda negativa, que complica el avance de las investigaciones en un aspecto nuclear de la causa: los pelotazos que enriquecieron a la red corrupta gracias a la política de suelo, vivienda y obras públicas aplicada en distintos municipios de Madrid y a escala autonómica.
El principal político imputado en la causa –y encarcelado desde hace dos años- es Francisco Granados, cuyo poder decisorio se multiplicó una vez que dejó en 2003 la Alcaldía de Valdemoro para incorporarse al Gobierno regional de Esperanza Aguirre a la vez que se convertía en secretario general del PP madrileño. Solo entre 2006 y 2007, las obras en municipios que gestionaba el Ejecutivo autonómico mediante el denominado Plan Prisma implicaron un desembolso de 300 millones de euros. El desarrollo de ese programa estuvo bajo el control directo de Granados como presidente de la empresa pública Arpegio entre abril 2005 y diciembre de 2007.
Durante la declaración judicial con la que se convirtió en el primer gran arrepentido de la causa, el considerado conseguidor de la Púnica y antiguo socio y amigo de Granados, el empresario David Marjaliza, atribuyó a una idea del político que el control de las obras locales pasara de los ayuntamientos al Gobierno de Esperanza Aguirre. Interpelado de forma directa sobre si abonó las comisiones ilegales por la vivienda protegida del programa Prisma, Marjaliza respondió de forma imprecisa: "En unos casos sí y en otros no".
El primer escenario de los grandes pelotazos de Púnica fue Valdemoro. Según la investigación, Granados y sus subordinados beneficiaron a Marjaliza con distintas operaciones urbanísticas. Y, aunque de momento permanece en un segundo plano, otro constructor, Ramiro Cid, logró enormes pelotazos todavía por cuantificar. Cid, que fue quien levantó gratis una mansión destinada a Granados y su familia y con la que, según los investigadores, planeaba compensar al político por sus favores, se hizo con cientos de hectáreas a bajo precio. En una de esas operaciones, el Ayuntamiento de Valdemoro vendió a Ramiro Cid una enorme bolsa de suelo a 510 euros metros cuadrados. Dos meses antes, Cid le había vendido a otra empresa terrenos en esa misma zona justo al doble: a 1.100 euros el metro.
Misil de la Fiscalía
La carta del director general de la AEAT llegó a la Audiencia Nacional el 8 de noviembre en respuesta a un nuevo escrito donde, a instancia de las fiscales del caso, Velasco había requerido al ministerio la designación de dos miembros del Cuerpo de Arquitectos Superiores Hacienda . El magistrado había expuesto así la misión que tendrían los peritos: “Colaborar con el juzgado en el cálculo de las ganancias que las ilícitas actuaciones iniciadas con las modificaciones del planeamiento urbanístico, constitución de amañadas Juntas de Compensación, adjudicación de obra civil concertada, ventas de parcelas para construcción de vivienda protegida y renta libre, han podido generar a los investigados en la causa”.
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El requerimiento de Velasco a Hacienda salió de la Audiencia Nacional el 26 de septiembre. Ese mismo día, el juez envió un segundo oficio a la Dirección General del Catastro, donde planteaba una demanda muy similar: “El nombramiento de dos peritos para que informen y, a la vez, presten Auxilio Judicial en relación a las modificaciones sufridas por el Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro desde el año 1998 y su incidencia en las parcelas propiedad de las personas físicas o jurídicas investigadas en este procedimiento, así como para que informen sobre cualquier otro punto que se considere necesario para los fines de la investigación”.
El magistrado cursó esas dos nuevas solicitudes tras recibir un escrito en el que las fiscales del caso criticaban abiertamente la negativa del Catastro a colaborar. “Las razones ofrecidas —dice el escrito— no nos parecieron atendibles a la vista del deber de colaboración que expresamente vincula a las entidades públicas con la Administración de Justicia”.
En su escrito, las fiscales instaban al juez a requerir otra vez la ayuda del Catastro y de Hacienda. Y cerraban su texto con un párrafo demoledor: "En este sentido se quiere recordar de nuevo que junto a los deberes de colaboración expresados en las Leyes y Constitución a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, especialmente le corresponde el auxilio a los Juzgados y Tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal en la investigación, enjuiciamiento y represión de delitos públicos dentro de las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye".
