Caso Gürtel

Historia de Adade, la acusación que sienta a Rajoy en el 'banquillo de los testigos'

Luis Bárcenas y Francisco Correa, en el juicio del 'caso Gürtel'.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), el colectivo de juristas que ha conseguido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se siente en el banquillo de los testigos en el juicio de la Época I del caso Gürtel, que incluye los delitos de la trama liderada por Francisco Correa hasta 2005, se creó en 1988 por personas vinculadas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero que nunca ha tenido una dependencia jerárquica de esta formación política, según explica a este diario uno de los abogados de esta asociación Francisco Montiel.

"No somos una asociación ligada al PSOE, aunque sí es verdad que muchos miembros son personas que están afiliados al PSOE desde hace muchos años. Lo que realmente nos une es la defensa de las ideas progresistas. Estoy convenido de que si alguien afín al PP viniera a Adade, él mismo se marcharía", indica Montiel, que asegura que él y otros muchos compañeros no tienen ningún vínculo con la formación socialista.

Precisamente esta cercanía al PSOE es uno de los argumentos que esgrime el Partido Popular en su nota de prensa de este martes sobre la declaración de Rajoy, en la que alude de forma directa a la cercanía de dos de los integrantes de Adade a la formación socialista, en concreto Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo.

La asociación fue creada por "un grupo de amigos juristas", como la exdiputada y exsenadora Francisca Sauquillo, su marido, el fallecido Jacobo Echeverría-Torres Tovar; Javier Ledesma, que es hermano del exministro socialista de Justicia Fernando Ledesma, recuerda Francisco Montiel, que es uno de los socios del despacho de abogados Lista, en el que también está Francisca Sauquillo.

Una web caída

En consecuencia, Adade dispone de escasos medios para desempeñar su labor de acusación popular, pues sus letrados sólo preparan las acusaciones por las tardes tras abandonar sus respectivos empleos: "En alguna de las reuniones de la junta directiva, normalmente en comidas, hemos pensado en la posibilidad de abrir la asociación a la gente joven, para que se vaya fogueando, pero es que realmente no disponemos de tiempo para más", se lamenta Montiel, que constata que durante todo el martes la web de Adade ha estado caída: "La página está pensada para cinco personas, y cuando entran seis se cae", ironiza este letrado.

Pese a las limitaciones, esta asociación se ha involucrado en la acusación de numerosos casos de corrupción en España y fuera de ella. Además de los conocidos Gürtel y Púnica, este colectivo interpuso en 1996 una querellaGürtel y Púnica contra el juez Luis Pascual Estevill por cohecho, mientras que en 2002 inició acciones legales contra tres magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron al narcotraficante Carlos Ruiz El Negro.

Adade estuvo detrás de una demanda contra el expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Dívar, que acabó dimitiendo.También se habló de Adade en 1999 cuando se intentó personar en el caso de las escuchas ilegales del Cesid y en 2007 por una querella de injurias al Gobierno contra el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz. En clave internacional, Adade se ha involucrado, como parte de redes de juristas, en temas como la discriminación judicial en los países de la ex Yugoslavia en 1996 o la guerra de Irak en 2003.

En total, los asociados de Adade apenas superan la cuarentena, siendo la gran mayoría abogados, aunque también hay un procurador. Ni los letrados ni el mencionado procurador que participan en los procedimientos, como Gürtel y Púnica, cobran por su trabajo. De esta forma, en estos casos se da la paradoja de que los voluntarios de Adade, especialmente el mencionado Francisco Montiel, se responsabilizan en los tribunales de las acusaciones contra los imputados, que normalmente contratan para sus defensa a importantes bufetes de abogados, que disponen de más medios y empleados.

Fianza del caso Ratocaso Rato

Los ingresos de la asociación, que está regida por una junta directiva compuesta por una quincena de personas, son "muy exiguos", explica Montiel, que recuerda que cuando la Audiencia Provincial de Madrid les impuso una fianza de 10.000 euros para ejercer la acusación popular en el caso Rato tuvieron que renunciar a la misma: "Aportamos las cuentas de la asociación a la Audiencia, que demostraban que con todos los ingresos por cuotas de un año no llegábamos a esos 10.000 euros, y al final no pudimos personarnos", se lamenta Montiel.

Pero de los alrededor de 40 integrantes de Adade, los abogados que participan de forma activa en las causas es todavía menor: "Somos muy pocos", explica Montiel, que hace un repaso de los letrados que han ayudado en los procedimientos: "Mariano Benítez de Lugo, Javier Ledesma, Miguel Ángel Garrido, Juan de Justo, Jaime Gil-Robles y el que fuera fiscal general del Estado en el Gobierno de Felipe González Leopoldo Torres".

Benítez de Lugo, que es presidente de honor de Adade y se encarga de la causa Gürtel junto a su colega Francisco Montiel, fue asesor del Banco de España tras finalizar sus estudios, para posteriormente ser director general en el Ministerio de Administración Territorial entre 1983 y 1985. En 1988 fue elegido miembro del consejo de administración de Caja Madrid en representación municipal, dentro de la candidatura del PSOE.

"Es un día de júbilo para la justicia española", declaró a los periodistas este abogado de 76 años, que ingresó en el PSOE en 1977, cuando se presentó, sin éxito, en las listas de los socialistas al Congreso por Madrid.

Vínculos con el PSOE

Por estos vínculos con el PSOE, el PP insiste en su nota de esta martes en la "cercanía" de los integrantes de Adade con Partido Socialista, al mismo tiempo que destaca que esta formación política "siempre se ha sumado a las peticiones de Adade". 

Sin embargo, el ingreso en prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas va en sentido contrario a la denuncia de la formación liderada por Mariano Rajoy. El 28 de junio de 2013, el exsenador por Cantabria ingresó en prisión después de que Adade reclamara una reclusión con una fianza, todo ello sin el apoyo de ninguna de las dos acusaciones del PSOE. Al final la Fiscalía Anticorrupción apostó por reclamar la cárcel sin fianza, una decisión que acabó por adoptar el magistrado Pablo Ruz.

Fue ese mismo día, el del ingreso en prisión de Bárcenas, cuando Benítez de Lugo denunció amenazas del extesorero, que con el dedo índice levantado le dijo tras conocer la decisión del magistrado: "El socialista me va a encontrar".

Denuncia contra Berlusconi

Francisco Montiel, que recuerda que uno de sus primeros casos de la asociación tuvo como objeto las inversiones en España del expresidente italiano Silvio Berlusconi, rechaza que su actuación tenga su origen en motivos políticos, tal y como ha asegurado el propio PP en el recurso en el que rechazaba la comparecencia de Mariano Rajoy, en el que llegó a asegurar: "Adade se interesa en la comparecencia de quién, a pesar de no tener nada que aportar en relación a tan concretos hechos, califica de declaración estrella, pues en ella ven la fotografía publicada en la prensa y el rédito político que de ello puedan obtener".

El PP también ha aprovechado su escrito al tribunal de Gürtel que tenía que decidir sobre la comparecencia de Rajoy para atacar la figura de la acusación popular: "El derecho a ejercer la acción popular no puede, por tanto, erigirse como puente de plata para dar paso a una instrumentalización del proceso penal, fenómeno que, lejos de dirigirnos a la defensa de la legalidad, viene a satisfacer pretensiones ilícitas convirtiendo el Derecho Penal en un proceso al servicio de demandas punitivas irracionales", aseguró en su escrito el abogado del PP.

En la mencionada nota de prensa de este martes, esta formación política completó su opinión sobre la comparecencia del presidente del Gobierno: "Es una muestra del proceso mediático que la acusación popular de Adade pretende seguir. Consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente", especifica el texto, que no ha convencido al tribunal de Gürtel.

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