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Derechos humanos

El hundimiento de la política migratoria que inauguró el 'Aquarius'

Voluntarios de la ONG Pro Activa Open Arms, durante la manifestación celebrada el pasado fin de semana por las calles del centro de Barcelona.

Ya son doce días sin barcos españoles de rescate de migrantes en el mar Mediterráneo. Ni el Open Arms, ni el Aita Mari, tan sólo queda el barco alemán Sea Watch 3 en la zona. Y ni siquiera en buenas condiciones. Este viernes, el buque cumplía una semana esperando en aguas italianas para desembarcar a los 47 migrantes que navegan a bordo. Pero el ministro del Interior del país, Matteo Salvini, mantiene los puertos cerrados. Una decisión que ha tenido consecuencias internacionales. El hermetismo de los puertos italianos, sumado al de los malteses, ha provocado que los barcos de las ONG que trabajan en el Mediterráneo se vean obligados a navegar durante días en busca de tierra segura para desembarcar. Le pasó al Aquarius —que cesó su actividad el pasado mes de diciembre— y le pasó al Open Arms. Ambos fueron recibidos por España, el único país que se ofreció a recibir a los migrantes. Fueron decisiones muy aplaudidas por las organizaciones, que ahora rechazan contundentemente el cambio de criterio del Gobierno de Sánchez, que mantiene bloqueados al Open Arms y al Aita Mari, el que iba a ser el segundo barco que operara en el Mediterráneo. 

La Capitanía Marítima de Barcelona denegó el permiso al Open Arms para salir al MediterráneoOpen Arms el pasado 14 de enero. En consecuencia, no ha podido realizar las labores de rescate y salvamento marítimo que venían realizando desde el año 2015. Las razones, precisamente, tienen que ver con ese cierre de puertos. Según el Gobierno, la organización ha incumplido la normativa internacional que obliga a desembarcar a los rescatados en el puerto seguro más cercano. El Ejecutivo se refiere, concretamente, a lo que ocurrió el pasado mes de diciembre, cuando el barco se vio obligado a navegar durante días desde el Mediterráneo central hasta Cádiz con más de 300 personas a bordo. 

El jefe de la Capitanía Marítima de Barcelona —integrada en la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento—, Javier Valencia, denegó el despacho "hasta que no garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades responsables de las zonas" concernidas, es decir, Italia, Malta y Libia. Además, consideró que el buque "no cuenta con certificados de seguridad que le habiliten a transportar más de 18 personas", por lo que situaciones en las que se supere esta cifra tienen que durar el mínimo posible.

Exactamente los mismos motivos que alegó la Capitanía de Pasaia para denegar también el despacho del Aita Mari. Pero hay una diferencia. "Lo hacen de forma preventiva", indica Iñigo Gutiérrez, vicepresidente de Salvamento Marítimo Humanitario. Y es que ni siquiera han llegado a salir del puerto guipuzcoano donde acondicionaron el barco. "Nos están haciendo una consideración preventiva de una acción que todavía no hemos realizado", denuncia Gutierrez en conversación con infoLibre. 

Sin embargo, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, negó esta semana que hubiera habido un cambio de criterio por parte del Gobierno y explicó que la decisión se debe, únicamente, a exigencias de "seguridad y administrativas". "Si usted hoy va con el DNI y mañana no va con el DNI, usted no va a pasar por el aeropuerto. No es un cambio administrativo, es que usted no lleva lo que debería llevar", argumentó. infoLibre se puso en contacto con el Ministerio de Fomento para conocer los detalles de la decisión y las previsiones de que se mantenga o no el bloqueo, pero en el momento de elaboración de esta información todavía no se había recibido respuesta. 

Una decisión "política", no administrativa

Con esta decisión, el Gobierno ha dejado al Mediterráneo vacío de barcos españoles de rescate. El Ejecutivo, de este modo, ha dado un giro de 180 grados a su política migratoria, según denuncian las organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Y es que España ha pasado de acoger a los migrantes que ningún país europeo quería, como ocurrió con la recepción del Aquarius en junio de 2018, a denegar el permiso a los barcos de las ONG que operan en la zona de rescate del Mediterráneo central. "Que ha habido un cambio de criterio es más que notorio", critica Gutierrez, que denuncia el "bloqueo criminal" al que está sometida su organización y Proactiva Open Arms. 

Pero va más allá. Descarta que las razones técnicas y administrativas que ha expuesto la institución dependiente del Ministerio de Fomento para denegar los despachos a los dos buques sean válidas. Lo hace porque, en su opinión, la decisión es puramente política. "Se han escudado en razones técnicas que son injustificables. No hay por dónde coger el argumento que han expuesto", continúa. Entonces, ¿cómo se explica? En opinión de Gutierrez, la medida responde a presiones que vienen, directamente, de la Unión Europea. 

Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional, comparte esta teoría. Según explica, la decisión se engloba dentro de un clima generalmente contrario a la migración. Y en eso tiene mucho que ver, precisamente, Italia. "Desconocemos las razones concretas que han llevado al Gobierno a tomar esta decisión, pero parece responder a la política europea que se basa en no facilitar o en obstaculizar las operaciones de rescate en el mar", afirma. 

Riccardo Gatti, jefe de Misión de Proactiva Open Arms coincide, pero va un poco más allá. Según explica en conversación con este diario, otro de los factores que ha podido explicar el evidente giro político del Gobierno es el avance de la extrema derecha. Se refiere a Vox, el partido que ha hecho de la migración su bandera electoral predilecta. "Su política usa la migración para explicar los problemas de la gente", sostiene. Y es un argumento simple de fácil calado, por lo que si el Gobierno se muestra amable con los inmigrantes, podría perder votos. Además, continúa, el Ejecutivo "tampoco quiere quedar como el único país de Europa con puerto". 

A imagen y semejanza de Salvini

El único porque, según recuerdan las organizaciones consultadas, Italia y Malta ya cerraron sus puertos. De hecho, el ministro del Interior italiano fue el primero en celebrar el bloqueo del Open Arms en el puerto de Barcelona, asegurando que el Gobierno se ha dado cuenta de que tienen "razón". "Stop a los contrabandistas y las ONG, también a la izquierda, en España, se dan cuenta de que tenemos razón", aseguró la pasada semana a través de su cuenta de Twitter. 

 

Pero este aplauso es peligroso porque, según han insistido las ONG, Italia no es precisamente el ejemplo a seguir en materia migratoria. De hecho, el Tribunal de Ministros, un órgano judicial que se encarga de los delitos cometidos por los miembros del Gobierno, aseguró este mismo jueves que Salvini debería ser juzgado por "secuestro agravado" por prohibir el desembarco del barco de la Guardia Costera italiana Diciotti. "Sí, sí, sí, lo confieso, lo admito: Bloqueé los procedimientos de desembarco para los migrantes. Si esta es mi culpa, si este es mi delito, me declaro culpable", dijo el también viceprimer ministro. Finalmente, Salvini permitió que los migrantes desembarcaran después de que la Iglesia católica italiana, Albania e Irlanda acordaran repartir la acogida.

"Quiera o no, el Gobierno le está haciendo el juego a Salvini", critica Gatti. "Están llevando a cabo la misma política, y esto debe ser condenado", añade. 

Consecuencias mortales

¿Cuáles son las consecuencias? "Muertos", dice Gatti. "Lo único que estamos viendo es que sigue habiendo muertos en el mar. La falta de asunción de responsabilidades por los Estados da lugar a que las personas sigan muriendo", añade Barroso. Y es que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Mediterráneo central se tragó, del 1 al 20 de enero, a 142 personas en la ruta del Mediterráneo central. Y las que no mueren, lamenta Gutierrez, son devueltas a Libia. "Un país muy inseguro", según recuerda Barroso. 

La culpa, según la portavoz de Amnistía Internacional, es de los Estados europeos, que no asumen su responsabilidad. De hecho, el pasado viernes su organización instó a los dirigentes europeos a reparar cuanto antes un "sistema fallido" que deja migrantes y refugiados varados en el mar. La organización expresó así que los dirigentes europeos deben actuar con urgencia para reparar un sistema que disuade a los Estados de auxiliar a las personas refugiadas y migrantes que corren peligro en el mar.

"Lo que nosotros pedimos es que el Gobierno apoye las labores de salvamento y rescate de las ONG, que se autorice a que puedan zarpar y que se elabore una política en la Unión Europea capaz de crear un mecanismo de desembarco posible y seguro", explica Barroso. "Ahí es donde los Estados tienen que ponerse de acuerdo", insiste. 

A la manifestación celebrada en Barcelona el pasado sábado siguieron algunas iniciativas políticas. El lunes, Compromís anunció que va a impulsar una declaración institucional en el Congreso de los Diputados contra la decisión del Gobierno de mantener al barco de Proactiva en puerto. Además, en el texto propuesto por la formación valenciana se incluyó la petición de que se establezcan puertos seguros en el territorio español. Sólo un día más tarde, los grupos de Junts per Catalunya, ERC y los comuns exigieron al Ejecutivo permitir zarpar al buque. 

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Gutierrez es pesimista y no cree que la solución llegue. Al menos en un corto plazo de tiempo. Por su parte, Gatti —cuya organización ya ha presentado un recurso similar al que preparan desde ProemAid y Salvamento Marítimo Humanitario— tiene esperanzas. "No nos han contestado al recurso, pero yo espero que se solucione lo antes posible", sentencia. 

 

Los tripulantes del pesquero 'Aita Mari'. | EFE

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