'Operación Lezo'

Ignacio González: “Aguirre conocía la modificación del proyecto del Canal Golf”

Ignacio González acompañado de agentes de la UCO en el marco de la 'operación Lezo'.

infoLibre

El expresidente madrileño Ignacio González señaló a su antecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, en el caso de la adjudicación ilegal del camplo de golf del Canal de Isabel II, según se refleja en la grabación de su declaración de casi tres horas de duración ante el juez Velasco, a la que ha tenido acceso laSexta. 

"Esperanza Aguirre conocía la modificación del proyecto del Canal Golf", afirmó durante el interrogatorio el pasado 21 de abril.  Gracias a esa modificación del proyecto, que lleva la firma de la entonces presidenta madrileña, fue autorizada la operación de manera presuntamente irregular, de la que se habría beneficiado González a través de su hermano y su cuñado. También apuntó al entonces consejero de Hacienda: "Dentro de los consejeros estaba también el de Hacienda, que era el encargado de controlar".

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Alberto Ruiz Gallardón también es mencionado por González cuando al frente del Canal se compró Inassa, en la que, según palabras del propio González en un pinchazo telefónico, se pagaron 100 millones por una empresa que no valía ni 30. El fiscal Carlos Yáñez se muestra escandalizado con algunas de las operaciones y de cómo se refieren a ellas los acusados.

"Hay conversaciones que son pornográficas desde el punto de vista de la corrupción", afirma en la grabación Yáñez, que tampoco se cree las explicaciones de González. Por ello, solicitó prisión incondicional el expresidente, "comunicada y sin fianza". Una petición que fue atendida por el juez.

El Gobierno de Aguirre declaró de “excepcional interés general” en 2007 la construcción de un campo de golf en el Canal basándose en un expediente que se elaboró en menos de 48 horas y que está plagado de irregularidades, tal y como adelantó infoLibre. El acuerdo lo firmó la propia Aguirre y ese campo de golf sirvió para que Ignacio González y su familia obtuvieran unos beneficios ilícitos de 1,2 millones de euros. El juez de Lezo reclamó, el pasado 27 de abril, el “expediente completo” del acuerdo. Los hechos podrían constituir un delito de prevaricación urbanística

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