De Infantino a Feijóo: cómo la desregulación está reabriendo la puerta a la ley del más fuerte

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, retiró la tarjeta roja mostrada al futbolista Folarin Balogun durante el Mundial. Lo hizo para que el delantero de la selección de Estados Unidos pudiera jugar contra Bélgica. La decisión respondía a los deseos de Donald Trump.

El gesto resume lo que significa la desregulación. Desaparece el principio de que las reglas son iguales para todos. A partir de ese momento, el resultado del partido no depende del juego, depende de quién puede modificar las normas en su propio beneficio.

Eso ocurre cuando las reglas dejan de ser un marco estable y quedan sometidas a la voluntad del más fuerte. La competición sigue en apariencia, pero pierde legitimidad, porque ya no se compite en igualdad de condiciones.

En realidad, hasta la palabra "desregulación" es una trampa. Transmite la idea de que simplemente se eliminan trabas innecesarias. En realidad, toda regulación cumple una función. Limita el poder de los más fuertes y garantiza unas condiciones mínimas de igualdad. Cuando esas reglas desaparecen no surge un espacio de libertad absoluta, surge un terreno donde prevalece quien dispone de más dinero o más poder para imponer su voluntad.

Por eso, más que de desregulación, habría que hablar de la sustitución del Estado de derecho por la ley de la selva. La libertad deja de ser un derecho compartido y se convierte en el privilegio de quien tiene poder suficiente para imponer su punto de vista.

El caso Infantino no es aislado. Coincide con una ofensiva ultraliberal más amplia para desmontar reglas que Trump impulsa en Estados Unidos, en la relación con la Unión Europea y, por contagio ideológico, en España.

La política arancelaria ilustra el patrón. En enero, Trump amenazó con aranceles de hasta el 25% a ocho países de la OTAN por la crisis de Groenlandia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegales esos aranceles de emergencia en febrero. Trump respondió subiendo el arancel global del 10% al 15%. La norma se impone, se anula en los tribunales y regresa modificada. El resultado es el uso selectivo de la norma según convenga a cada momento, no la ausencia de reglas.

La OTAN es otro ejemplo. Funciona por consenso, no por jerarquía, de forma que ninguna Edecisión importante sale adelante si un solo país se opone, y ningún gobierno puede arrastrar a otro a una guerra porque lo decida la mayoría de sus socios.

Pero Washington exige a sus aliados europeos, bajo amenaza de represalias, subir el gasto en defensa hasta el 5% del PIB mientras reduce su propia implicación en la seguridad del continente. “No nos vamos, solo hacemos menos”, resumió el embajador estadounidense ante la Alianza, Matthew Whitaker, el lunes previo a la cumbre de Ankara, donde Europa permitió a Trump escenificar quién manda.

El caso de Irán muestra también ese desequilibrio. Estados Unidos atacó el país junto a Israel el 28 de febrero sin que ningún órgano de la OTAN debatiera esa decisión, y mucho menos la ONU. Semanas después, Trump exigió a los aliados que ayudaran a reabrir el Estrecho de Ormuz y los llamó "cobardes" por no sumarse. Después aseguró que Estados Unidos "nunca necesitó" esa ayuda y calificó a la OTAN de "tigre de papel". Ahora repite el ataque en solitario, de nuevo junto a Israel.

El deterioro de la OTAN como organismo multilateral forma parte de una estrategia más amplia para debilitar cualquier organismo capaz de limitar la acción unilateral de Washington, ya sea en sanidad, clima o derechos humanos.

Estados Unidos se retiró formalmente de la Organización Mundial de la Salud el 22 de enero de 2026, alegando una gestión deficiente de la pandemia y un supuesto sesgo hacia China. La salida supuso la pérdida de en torno al 20% de su financiación.

Dos semanas antes, el 7 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, 31 de ellas vinculadas a Naciones Unidas. La lista incluye la Convención Marco sobre Cambio Climático, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el Consejo de Derechos Humanos, la Unesco y la UNRWA, agencia de ayuda a los refugiados palestinos.

El Departamento de Estado justificó la medida alegando que esas entidades son “redundantes, están mal gestionadas o son innecesarias”, y sobre todo porque están “capturadas por intereses que impulsan agendas contrarias” a las de Estados Unidos. Un analista del International Crisis Group lo resumió para Associated Press como la cristalización de un enfoque de “a mi manera o nada”.

Estados Unidos aporta el 22% del presupuesto ordinario de la ONU, más que ningún otro país. Su salida obligó a la Asamblea General a aprobar para 2026 un presupuesto recortado en un 15% y una reducción de personal cercana al 19%, según datos de Amnistía Internacional.

El patrón se repite fuera del terreno institucional. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar nocturna en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, sin someter la decisión al Consejo de Seguridad de la ONU, el único órgano con potestad para autorizar ese tipo de acción, según la Carta de Naciones Unidas.

Donde existe un organismo basado en reglas capaz de exigir consulta previa o rendición de cuentas, ya sea la OTAN, la ONU o la OMS, la respuesta ha sido siempre igual. Retirarse, recortar la financiación o actuar antes de que ese organismo pueda intervenir. Todo para que EEUU o sus empresas puedan hacer lo que les plazca.

Los poderes tecnológicos entran en la ecuación

De ahí que la ofensiva desreguladora no se limite al comercio o la defensa. Alcanza también a las normas que vigilan a las grandes tecnológicas, en Estados Unidos y en la Unión Europea.

La excusa es que regular frena la innovación. Pero innovar significa hacer algo nuevo, y lo nuevo puede ser una vacuna o un producto financiero diseñado para ocultar riesgo.

Cuando las grandes tecnológicas piden retrasar la Ley de IA europea, argumentan que las normas frenan la innovación y que Europa “se quedará atrás” en la carrera global, no que sean técnicamente erróneas. Una norma que exige precisión a un sistema de IA antes de decidir si alguien recibe un crédito o un empleo no frena la tecnología, congela solo la posibilidad de lanzarla sin comprobar que funciona. Pedir que se elimine esa comprobación equivale a solicitar permiso para no rendir cuentas si algo sale mal.

La presión surte efecto. La Comisión Europea propuso en noviembre retrasar hasta 2027 las obligaciones más exigentes de la Ley de Inteligencia Artificial para los sistemas de alto riesgo, tras una campaña de lobby de un año de Meta, Google y sus asociaciones sectoriales, combinada con la amenaza de la Casa Blanca de imponer sanciones.

La Administración Trump respalda ese giro desde fuera. El vicepresidente J.D. Vance, el cargo de mayor rango que las tecnológicas han conseguido ocupar en el Gobierno estadounidense, ha calificado la Ley de Servicios Digitales europea de carga regulatoria por obligar a las plataformas a retirar contenido y vigilar la desinformación. El secretario de Estado, Marco Rubio, coordina una campaña diplomática para que Bruselas modifique o retire esa norma.

El resultado, según el Financial Times, es que Washington empieza a marcar el ritmo de la desregulación tecnológica europea, invirtiendo el llamado efecto Bruselas: aquel por el que las reglas de la Unión Europea solían extenderse al resto del mundo.

Trump no es el único que defiende la ley de la selva. El presidente argentino Javier Milei es otro ejemplo visible de esa ola ultraliberal. Su coste social ha sido alto, con caída de salarios reales, más precariedad y un fuerte aumento de la pobreza.

Vox presentó el 27 de junio un programa de desregulación nacional. El documento supera las 200 páginas y calcula, sin demasiados datos, en 90.000 millones de euros anuales el coste de lo que llama “hiperregulación”. La cifra, atribuida a la propia formación de Vox, equivaldría al 88% del gasto sanitario público anual del país. Ningún organismo independiente ha verificado esa estimación.

El programa agrupa sus propuestas en tres bloques. El primero deroga la reforma laboral de 2021 y el registro horario obligatorio. El segundo incluye los planes de igualdad en empresas, los planes LGTBI y la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que Vox llama burocracia ideológica. El tercero deroga la Ley de Cambio Climático de 2021, revierte los acuerdos con Mercosur y Marruecos, y acaba con la prohibición europea de vender coches de combustión desde 2035.

Ese lenguaje es cada vez más visible en el Partido Popular, socio natural de Vox. Los pactos autonómicos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía crean en cada comunidad una vicepresidencia de Desregulación en manos de Vox. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya ha citado la desregulación como uno de sus objetivos si el año que viene llega a La Moncloa. Y Santiago Abascal ya le advirtió que exigirá “el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados sin ningún tipo de trampa ni ningún tipo de dilación”. La desregulación como condición, no como cesión retórica.

El jefe de filas del PP lo defiende como una forma de “quitar trabas” y favorecer la actividad económica, un marco integrado en el discurso del PP como agenda de “libertad económica”. Y su partido lo ha asumido sin resistencia interna, igual que ha naturalizado los acuerdos con Vox para sacar adelante gobiernos y programas comunes.

En varias comunidades, esa cooperación se traduce en cesiones del PP a Vox en vivienda, fiscalidad, campo, inmigración o “prioridad nacional” en el acceso a ayudas. El PP ha normalizado un giro hacia políticas más laxas en regulación y más conservadoras en lo social, sin contestación interna.

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Lo que está pasando no es nuevo, aunque sí es más extremo. La derogación en 1999 de la ley Glass-Steagall en Estados Unidos, que desde 1933 separaba banca comercial y banca de inversión, abrió paso a una década de expansión crediticia sin supervisión equivalente y a los derivados financieros que desencadenaron la crisis de 2008.

El economista Joseph Stiglitz, que participó en los comités reguladores durante el Gobierno de Clinton, ha explicado que los supervisores conocían el riesgo de esos productos y aun así optaron por no actuar para no interferir con la innovación del sector. El desastre de 2008 mostró el coste de esa decisión.

Una tarjeta roja anulada porque es lo que desea Trump. Un arancel que un tribunal anula y el propio Gobierno restituye. Una directiva europea aplazada tras un año de presión de las tecnológicas. Un programa autonómico que entrega consejerías enteras a cambio de apoyo parlamentario para derribar normas. En todos los casos el patrón es el mismo. La regla cede ante quien tiene el poder necesario para presionar y decide ejercerlo.