La situación en el PP

Informes de la UCO, moción de censura y las operaciones del Canal: los frentes abiertos de Cifuentes

Cristina Cifuentes, este jueves en la Asamblea de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se enfrenta a partir de este viernes a comparecencias parlamentarias en las que tendrá que rendir cuentas sobre sus vinculaciones, las de la Comunidad de Madrid o las del PP de Madrid, que también lidera, con algunos de los escándalos de corrupción que han salpicado a las filas conservadoras en los últimos meses.

La primera de las citas tendrá lugar este viernes en la Asamblea de Madrid. La presidenta madrileña comparece para explicar para explicar los contratos de la cafetería de la Cámara autonómica adjudicados en 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco. Recientemente, la Guardia Civil reclamó su imputación al encontrar indicios de delito de cohecho y malversación en la adjudicación de los citados contratos. Cifuentes fue presidenta de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid.

La segunda de las citas, prevista para la semana, que viene es una moción de censura presentada por Podemos. El debate arranca el jueves 8 de junio. Y, la tercera, tendrá lugar, previsiblemente el 23 de junio. Será este día cuando la Cámara aborde el escándalo del Canal de Isabel II a raíz de las investigaciones destapadas en el marco del caso Lezocaso Lezo.

Cifuentes llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las autonómicas de mayo de 2015. Mariano Rajoy apostó por ella como candidata descartando a Ignacio González, que había asumido las riendas del Gobierno regional tras la marcha de Esperanza Aguirre en septiembre de 2012.

Asimismo, se hizo con las riendas de la gestora del PP de Madrid cuando Aguirre dejó la presidencia de los conservadores madrileños en febrero 2016, en plena ebullición de la operación Púnica. El pasado marzo, en el congreso regional del PP madrileño, fue proclamada presidenta de la formación.

En un primer momento, la propia Cifuentes, llegó a calificar algunas de las informaciones de las que ha sido protagonista como una especie de fuego amigo. Es decir: que podrían partir de compañeros de su propio partido, de sectores rivales. ¿Por qué? "Por su discurso de 'tolerancia cero' contra la corrupción", responde un diputado regional en conversación con infoLibre.

No obstante, días después de hacer estas declaraciones en las que se le cuestionaba por el "fuego amigo", agradeció ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, con Mariano Rajoy presente, el apoyo recibido en las últimas semanas por la dirección nacional de su partido.

A continuación, infoLibre repasa el contexto de cada una de estas sesiones parlamentarias.

"La oposición intentará montar un circo. Pero la presidenta no va alimentarlo: máxima transparencia", señala un dirigente del PP madrileño.

  Informe de la UCO sobre el contrato de la cafetería de la Asamblea

Este viernes, Cifuentes comparecerá ante la Comisión de Investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid, para informar de los procesos de adjudicación del servicio de cafetería de la Cámara regional en 2009 y 2011, que han sido objeto de investigación policial.

El origen de esta comparecencia está en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario de la operación Púnica que demandaba investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por los delitos de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

El sumario sobre la pieza de la presunta financiación irregular del PP incluía un informe en el que la Guardia Civil señalaba a Cifuentes como presidenta de las mesas de contratación de las licitaciones de los contratos públicos en la Asamblea de Madrid. La información se conoció el 16 de mayo. Horas después se supo que ni el juez Eloy Velasco ni la Fiscalía Anticorrupción consideraban que hubiese el menor indicio que vincule a Cifuentes con la financiación ilegal del PP. Los contratos, uno de 2009 y otro de 2011 y ambos para la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid, beneficiaron a una empresa de Arturo Fernández, entonces presidente de la patronal madrileña Ceim, uno de los donantes de Fundescam Fundescam.

En su día, Cifuentes insistió en que su actuación en ambos procesos se había ajustado plenamente a la legalidad, que todas las decisiones se adoptaron por unanimidad en el marco de un proceso administrativo en el que intervinieron tanto representantes políticos como técnicos de la Administración, y en que no tenía nada que ocultar. Similares argumentos llevará este viernes a la Asamblea.

Para el Gobierno regional, la participación de la presidenta, vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid en los años investigados, se ajustó plenamente a derecho.

"Las acusaciones vertidas contra ella en los informes policiales carecen de fundamento alguno según fuentes jurídicas de la Comunidad de MadridComunidad de Madrid y, tras las extensas investigaciones efectuadas, no hay ni un solo imputado", sostuvieron las citadas fuentes.

Además, destacaron que el hecho de que Cristina Cifuentes  participara como miembro de la Mesa de Contratación en estos concursos se derivó de su cargo de vicepresidenta primera de la Asamblea, en quien siempre se ha delegado esta función. "Y en lo que se refiere a su participación como miembro del Comité de Expertos, respondió a un mandato adoptado por unanimidad en la Mesa de la Asamblea de Madrid", añaden.

"Las decisiones se adoptaron en todo momento por unanimidad, y en base, exclusivamente, a criterios técnicos", insisten.

Para los conservadores, el valor que tiene un informe policial (en este caso de la UCO de la Guardia Civil) "y los juicios de valor allí contenidos no es ni tan siquiera el de un dato indiciario".

"Debe concluirse que si no se ha seguido diligencia judicial alguna antes del levantamiento de la medida de secreto para las partes, tras la emisión de los citados informes, es que a juicio de la Fiscalía y de la autoridad judicial debe descartarse la relevancia penal de los hechos expuestos en los citados informes", sostienen.

Este episodio supuso un agrio enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos, formación con la que suscribió un pacto para la legislatura. "Yo no apoyaría a un partido si pienso que es un partido corrupto", llegó a decir Cifuentes. Mientras, algunos dirigentes de su propio partido, ponían el foco en que la presidenta regional había ido demasiado lejos en si pacto con la formación naranja y se había convertido en "rehén" de lo firmado.

Ciudadanos admite su preocupación por el informe de la UCO. "Por eso hemos pedido la comparecencia de Cristina Cifuentes en la comisión de corrupción para que explique este contrato, si conocía o no la presunta financiación ilegal del PP o si recibió presiones por Ignacio González o Aguirre Aguirre para aprobar este informe", señalan fuentes de la dirección de Cs en Madrid consultadas por infoLibre.

La formación naranja espera que la presidenta "aclare todo lo que ha ocurrido". "Porque hasta ahora básicamente lo único que ha dicho es que la UCO ha hecho un informe que no vale para nada, que ella no tiene culpa de nada y no ha hecho nada malo. Pero cuando en dos informes distintos de la UCO consideran de forma 'indubitada' que Cifuentes conocía la presunta contratación irregular en la Asamblea, queremos que especifique y aclare punto por punto cómo fue la contratación", añaden.

Para Ciudadanos "la UCO no es una patrulla vecinal, es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y sus informes merecen el máximo respeto".

Mientras, el Grupo Socialista cree que la presidenta ha de dar explicaciones. "Lo que queremos es saber de verdad qué es lo que ha ocurrido y dicho en un espacio institucional. Es necesario aclararlo públicamente porque tenemos algunos indicios de que, según parece, podrían haberse tomado algunas decisiones sin que esté muy claro que los ámbitos o los procedimientos hayan sido los adecuados", mantienen.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, considera que el lugar adecuado donde la presidenta del Gobierno debería dar explicaciones es el Pleno de la Asamblea. "Es de una gravedad enorme, porque está bajo sospecha de haber podido cometer irregularidades gravísimas que podían ser incluso constitutivas de delito, que no quiera comparecer en Pleno y sí en comisión", dijo según informa Europa Press.

No obstante, Ruiz-Huerta espera que dé las explicaciones oportunas, con todos los documentos y "que lo deje todo muy claro" porque, a su juicio, si sigue habiendo sospechas después de esta comparecencia Cristina Cifuentes "no podrá continuar un día más al frente de este Gobierno", comparando el caso con el del recién dimitido fiscal anticorrupción Manuel Moix, al que definió como "el zorro al cuidado de las gallinas".

Este mismo jueves, 24 horas antes de la comparecencia, el diario El Mundo publicaba una entrevista a Moix en la que este asegura, entre otros asuntos, que la Guardia Civil "ha ido más allá de sus funciones en la investigación sobre Cifuentes". El fiscal jefe Anticorrupción renunció al cargo a mediodía, tal y como anunció el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

  Moción de censura

Tras la comparecencia que se centrará en el informe de la UCO, Cifuentes se enfrentará, el próximo 8 de junio, a una moción de censura presentada por el Podemos Comunidad de Madrid. Una iniciativa que los conservadores ven abocada al fracaso si se tiene en cuenta que no logrará los apoyos necesarios. La candidata es su portavoz en la Asamblea madrileña, Lorena Ruiz-Huerta.

"Otro circo", mantiene uno de los diputados más cercanos a la presidenta. A día de hoy, todo apunta a que no será ella quien comparezca en nombre del Grupo Popular. Así lo dio a entender el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de esta semana.

Según explicó, la comparecencia de Cifuentes en ese debate es algo que aún no se lo han planteado porque tienen "muchas cosas que hacer" y ésta no está entre sus prioridades. 

Esta semana, la formación morada ha presentado "Madrid se levanta", el programa para la moción de censura que arranca el 8 de junio.

El documento incluye 500 medidas y una memoria económica. En la elaboración han participado, además de la formación morada, Izquierda Unida, Equo "y la sociedad civil organizada".

Entre estas propuestas destacan "un plan de rescate ciudadano, medidas contra la corrupción, un nuevo modelo económico para las mayorías y la mejora de los servicios públicos".

"A Cristina Cifuentes no se le asocia a una sola iniciativa política, su modelo de región es el continuismo de las políticas de Esperanza Aguirre e Ignacio González: recortes, pelotazo urbanístico y turismo low cost. Presentamos un Programa de gobierno antagonista al del PP, sobre la base de la reversión y reinversión de los recortes, industria 4.0 e I+D+i y aumento del gasto social. Hay dos modelos de región, las madrileñas merecen poder contraponerlos y Cristina Cifuentes debe dar la cara. Al PSOE y a Cs, les tocará elegir entre uno u otro, mantuvo Víctor Rey, secretario de análisis y programa de Podemos Comunidad de Madrid el día del anuncio de las 500 medidas.

Para Garrido (PP) la evaluación del programa la hicieron los ciudadanos hace dos años y la volverán a hacer en dos en la próxima cita electoral. Sobre la propuesta de Podemos, sostuvo que lleva su "sello", que se basa en "intervencionismo" y más impuestos, cosas que les gustan pero que a la "inmensa mayoría de la sociedad madrileña no le gustan en absoluto".

Los conservadores critican esta moción de censura con la misma fuerza que critican la planteada, por el Grupo de Unidos Podemos, a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Además, consideran que el partido morado la "degradado" la iniciativa designando a Ruiz-Huerta en lugar de a Ramón Espinar, secretario general de la formación en la Comunidad de Madrid.

El PSOE, señalan desde la dirección del grupo en la Asamblea, no tiene claro qué va a votar. Pero ya avanzan que no va a ser un 'sí'. El Grupo Parlamentario Socialista, mantienen, comparte el diagnóstico que hace el grupo proponente de la moción. "Madrid requiere un Gobierno distinto que haga las cosas de modo diferente. El Grupo Socialista quiere cambiar de gobierno de Madrid y la forma de gobernar. Pero, ¿la moción planteada puede lograrlo? ¿Hay alguna posibilidad de cambiar el Gobierno de Madrid con esta moción de censura?", se preguntan.

Para Ciudadanos, esta moción de censura va a hacer perder a los parlamentarios regionales un día de trabajo. "Un día en el que íbamos a aprobar la ley de gratuidad de libros de texto algo que si que iba a ayudar a miles de familias madrileñas", subrayan desde la formación naranja.

"Podemos viene con una moción fallida, que ya sabemos que no va a ningún lado y que encima se presentan con un programa con el que quiere subir los impuestos a los madrileños. Nosotros lo hemos dicho alto y claro: no vamos a subir los impuestos a los madrileños que ya han tenido que sufrir subidas de tributos durante muchos años. Ni PSOE ni Podemos está en una situación de estabilidad PSOEinterna como para ofrecer estabilidad y reformas en la Comunidad de Madrid", añaden.

  Canal de Isabel II

La última comparecencia de este periodo de sesiones podría ser el 23 de junio. En esta, la presidenta madrileña será cuestionada por las compras y adquisiciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica en el marco de la operación Lezo.

Recientemente, la presidenta madrileña, que en su época de delegada del Gobierno formó parte del consejo del Ente del Canal representando al Estado, garantizó que "en las nueve reuniones" a las que asistió "en ninguna se trató ninguna decisión" relativa a "operaciones internacionales del Canal".

"Todo es opacidad y además todo apunta a que Ignacio González usó el agua de todos los madrileños para hacer negocio. Si no llega ser porque Ciudadanos incluyó en el acuerdo de investidura la no privatización del Canal de Isabel II, el PP hubiera puesto la guinda al pastel del saqueo con su privatización en 2016. No llevaban ni un solo punto en su programa electoral sobre el canal de Isabel II", aseguran desde la formación naranja.

"Nosotros hemos presentado una ley de reforma del Canal para garantizar que el Canal siga siendo 100% público, que cualquier operación societaria tenga que pasar por el Consejo de Gobierno, que la Asamblea de Madrid sea informada de ello", añaden.

Los socialistas demandan que explique "la verdad" sobre lo ocurrido.

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